Categoría: Actualidad

AN fija posición frente al adelanto de las elecciones parlamentarias del gobierno

ACTUALIDAD

POR Monitor ProDaVinci

TEMAS PD
Actualidad

22/02/2018

El jueves 22 de febrero de 2018, la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que fijó posición frente al adelanto de las elecciones parlamentarias del gobierno para el 22 de abril de 2018. A continuación el comunicado.

Fotografía de @AsambleaVE

[Comunicado]

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ante la pretensión anunciada por el Gobierno Nacional de avanzar en el propósito totalitario de controlar todos los poderes públicos a través de un mega simulacro electoral, se dirige al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, para fijar la siguiente posición:

1. Desconoce la legitimidad de la llamada Asamblea Nacional Constituyente para recortar el mandato popular otorgado por el pueblo venezolano a los Diputados integrantes de esta Asamblea Nacional, quienes de conformidad con el Articulo 192 de la Constitución vigente duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones, lo cual solo puede ser modificado a través de una Enmienda Constitucional o de la aprobación de una nueva Constitución; en ambos casos, es el pueblo venezolano quien puede libremente tomar esa decisión.

2. Este intento de golpe al Estado de Derecho tiene entre sus objetivos evadir el control de la Administración Pública Nacional que constitucionalmente le corresponde a esta Asamblea Nacional, y de esa manera, garantizar la impunidad de quienes se han apropiado delincuencialmente del dinero público, lo cual es una de las causas fundamentales de que nuestro pueblo hoy esté pasando hambre, sin conseguir las medicinas, expuesto a una inseguridad personal sin límites, y buena parte de él está huyendo hacia otros países por ser víctimas de la pavorosa crisis humanitaria que se ha generado en la gestión del actual gobierno.

3. Es evidente el interés del gobierno en evitar que el debate nacional le dé la prioridad que tiene el reconocimiento a la grave situación que está sufriendo el pueblo venezolano, y a la búsqueda de soluciones de fondo que garanticen la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, y por eso centra su esfuerzo en la confrontación política que le quite visibilidad a la crisis, mientras el oficialismo arma un fraude electoral para satisfacer sus ambiciones de quedarse en el poder, y prolongar en consecuencia las causas de la crisis nacional, que se expresa claramente en los resultados del Estudio – Encuesta de Condiciones de Vida 2017 (ENCOVI), realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, los cuales reflejan que la proporción de los hogares sumergidos en la pobreza aumentó desde 81,8% en 2016 hasta 87% en 2017.

4. Ratificamos que esta Asamblea Nacional defenderá el mandato que el pueblo venezolano le dio a sus integrantes, ejerciendo las atribuciones constitucionales que le corresponden, entre las cuales está la defensa de los derechos hoy pisoteados de los ciudadanos, de quienes somos representantes legítimos. Esta lucha la mantendremos hasta que se restablezca la vigencia efectiva de la Democracia en nuestro país, y el pueblo venezolano en unas elecciones libres y transparentes pueda decidir soberanamente el futuro de nuestra patria en libertad.

5. Adicionalmente, en la convocatoria se pretende incluir la elección de los miembros de los concejos Municipales, también violatoria del ordenamiento legal ya que el legislador con la finalidad de evitar influencias externas que menoscaben la autonomía municipal para elegir a sus representantes, previó en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que la elección de alcaldes y concejales debe ser necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional.

6. Convocamos al pueblo de Venezuela a la defensa de sus derechos constitucionales, y a rechazar el intento de golpe de Estado que contiene el anuncio del Gobierno Nacional de apropiarse de todos los poderes públicos mediante el fraude electoral.

En Caracas, en el Palacio Federal Legislativo, a los 22 días del mes de febrero de 2018, por la Asamblea Nacional,

Dip. Omar Barboza Gutiérrez

Presidente

Dip. Julio César Reyes                                                     Dip. Alfonso Marquina

Primer Vicepresidente                                                      Segundo Vicepresidente

MONITOR PRODAVINCI

Anuncios

Monseñor Moronta: Estamos en contra del régimen totalitario que se impone en Venezuela

Feb 21, 2018 6:30 am
Publicado en: Actualidad, Nacionales

Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal. (Foto: Jorge Castellanos)Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal. (Foto: Jorge Castellanos)

“El señor Rodríguez Zapatero siempre ha estado del lado del Gobierno venezolano”. Contundente denuncia contra el expresidente socialista del monseñor Mario Moronta, recién nombrado vicepresidente de los obispos venezolanos. Así lo reseña lanacionweb.com

El obispo de San Cristóbal aseguró, asimismo, que “se está imponiendo un régimen totalitario”, que la gente pasa hambre y no tiene medicinas y que el Papa “está preocupado por Venezuela”, citó el portal del diario El Mundo de España.

Aquí la entrevista que concedió al medio español:

Los medios españoles dicen que sólo por la frontera de Cúcuta han pasado un millón de refugiados venezolanos en un mes hacia Colombia. ¿Es cierto?

Ciertamente que el número de los que pasan por la frontera hacia Cúcuta es demasiado alto. Se calcula un paso de unas 60.000 personas diariamente, muchos de ellos, es cierto que regresan, pues van a hacer compras del lado colombiano; pero hay un alto número que queda en Colombia, para ir a otros lugares de América del Sur o a diversas localidades colombianas. Se calcula que solo en Colombia hay más de medio millón de venezolanos que han ido en búsqueda de trabajo o estabilidad. Pero el número de personas que sigue a otro países es incontable. Desde que comenzó la situación de crisis en Venezuela, han emigrado cerca de cuatro millones de venezolanos a diversas partes del mundo.

¿Hay hambre en Venezuela?

Muchos quizás piensan en las lamentables hambrunas que se han dado en África y otros lugares del mundo. La situación no ha llegado a ese extremo y esperamos que nunca se dé. Pero sí existe hambre: son muchas las familias que no logran satisfacer las necesidades básicas, y se quedan con una comida al día. Ha crecido la desnutrición infantil y también entre adultos, sobre todo ancianos. El problema está en que no se consiguen los insumos, no hay producción y lo que se puede lograr conseguir es a un precio altísimo. Por ejemplo, una docena de huevos tiene el valor prácticamente de un salario mínimo; no se diga de la carne, del pollo y de otros insumos necesarios. Es lamentable comprobar que en muchas partes hay personas que buscan restos de alimentos en los desperdicios que son echados para ser recogidos por el aseo urbano. Incluso en las grandes ciudades, a las afueras de los grandes restaurantes, hay gente buscando lo que pueda conseguir para alimentarse algo. La crisis alimentaria va creciendo por la falta de insumos y por la carestía de lo que se puede conseguir. Hay zonas más golpeadas, sobre todo las del centro del país.

¿Faltan las medicinas esenciales?

Por haber dejado de producir y por las dificultades que existen para la consecución de divisas extranjeras, se hace muy cuesta arriba la adquisición de medicinas. Además, la mayoría no se consigue. Los costos son altísimos. Hay en estos momentos una grave situación con los enfermos oncológicos y quienes tienen que hacerse diálisis, ya que no se consiguen ni los medicamentos ni lo necesario para atender sus situaciones. Los hospitales hacen lo que pueden. Se ha pedido la apertura de un canal humanitario para que puedan llegar medicinas. Pero el Gobierno Nacional se niega a abrirlo o permitirlo, pues sigue afirmando que no hay crisis humanitaria en el país sino una guerra económica provocada por la oposición y países extranjeros.

¿Qué opina de la mediación del expresidente Zapatero?

Toda mediación es buena si es seria. Pero, hay un problema: el señor Rodríguez Zapatero siempre ha estado del lado del Gobierno. Eso no brinda confianza alguna. Por otra parte, el Gobierno no acepta otros mediadores sino los que puedan estar cercanos a él. Lo mismo sucede con la oposición. El tema del diálogo es crucial. Lamentablemente se ha empleado para extender la crisis y para darle tiempo al Gobierno a asegurarse en el poder. La oposición busca más bien consolidar sus propios intereses. No hay mucha referencia a la gente. Por otro lado, falta la presencia de otros factores importantes a la hora del diálogo: los gremios, los representantes de los sectores populares, etc. Mientras el diálogo sea solo entre dirigentes políticos, solo se conseguirá lo que ellos quieren o buscan. El diálogo no puede seguir siendo un encuentro de élites. Falta presencia de los sectores populares, gremiales… y que el punto número uno de esa agenda de diálogo sea la dignidad de la persona humana, tan golpeada; es decir que se le considere a la gente como sujeto social capaz de dar respuestas y capaz de poder dar soluciones. Pero a la dirigencia política del oficialismo y de la oposición no le parece interesar el bien común sino sus propios intereses.

¿Las elecciones convocadas pueden ayudar a encontrar una salida pacífica al conflicto que ya dura tanto en Venezuela?
Siempre se ha pedido que se cumpla con el mandato constitucional de elecciones presidenciales. Pero éstas deben realizarse con la garantía de respeto, de legalidad y sobre todo de pulcritud. Es algo de lo que se duda.

¿Es verdad, como dicen algunos, que los obispos venezolanos están en contra del régimen de Maduro por sistema?

Los obispos venezolanos estamos con el pueblo. Es el verdadero interés de la acción del episcopado. Así lo hemos podido demostrar en muchas ocasiones. También hemos sido claros al decir que estamos en contra del régimen totalitario que se quiere seguir imponiendo en Venezuela.

Su reciente nombramiento como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana le proyecta aún más a nivel nacional. ¿Qué papel quiere y va a jugar?

Puedo asegurarle que la reciente elección de la nueva directiva de la CEV se realizó en colegialidad y fraternidad. La nueva directiva ya hemos dado los pasos para reafirmar que trabajaremos en equipo. Cada uno tiene su área específica de trabajo y todo lo hacemos en comunión. Personalmente la designación como I Vicepresidente me desafía a fortalecer la colegialidad y comunión con mis hermanos obispos y la disponibilidad de servicio para con todos los venezolanos. Me permitirá seguir hablando y defendiendo la situación que vivimos en la frontera y animando los procesos de renovación eclesial en toda la nación. Una de las tareas es la de seguir intensificando la opción preferencial por los pobres y excluidos; animar los procesos de renovación eclesial y seguir dando testimonio proféticos desde la Palabra de Dios.

¿El papa Francisco está preocupado por Venezuela?

Siempre lo ha estado y lo manifiesta de muchas maneras. Algunos lo han incomprendido, porque pensaban que tenía la varita mágica para solucionar la situación del país. Además de los contactos permanentes que tiene con la nunciatura y muchos obispos en sus visitas a Roma, está siguiendo muy de cerca la vida de la Iglesia y de la nación. Nos sentimos muy unidos y en plena comunión con él. Puedo repetir lo que nos dijera el pasado mes de junio: “En la voz de los obispos de Venezuela está la voz del Papa”. Así lo reafirmó cuando un grupo de obispos venezolanos nos encontramos con él en su reciente viaje a Colombia. Nos alienta con sus mensajes y nos fortalece con su oración.

Palabras sordas

ACTUALIDAD

POR Federico Vegas

20/02/2018

El capataz de una hacienda al sur del lago de Maracaibo mató de un machetazo a un tractorista que había venido a limpiar un potrero. El dueño de la hacienda fue a visitarlo a la cárcel y le preguntó por qué había llegado a ese extremo. El capataz le respondió:

—Empezamos a discutir, hasta que se nos acabaron las palabras.

Si no existieran las palabras, seríamos mucho más feroces. La confesión, la terapia, los juicios, los diálogos, las votaciones, la declaración de un novio enamorado, incluso la del acusado de un crimen terrible y hasta los gritos de ira o de pasión utilizan un mismo instrumento, así sea en la versión más simple, o más drástica, del sí o el no.

No creo que sea un cordero quien quite los pecados del mundo. Vender a Cristo como un cordero es celebrar el sacrificio de futuras y pasadas víctimas y justificar un crimen como un martirio. Prefiero pensar que la palabra —no la de Dios, sino la de los hombres— es la que puede dar un sentido a los pecados. Los pecados no se “quitan”; los pecados se comprenden, se confiesan, revelan sus causas y se conduce la fuerza que los origina hacia propósitos más provechosos.

En un poema que no puedo dejar de citar, pues cada día su augurio se ensaña más con nuestra carne, Vallejo nos advertía sobre el horror de lograr que las palabras pierdan su sentido y su propósito:

¡Y si después de tantas palabras,

no sobrevive la palabra!

¡Si después de las alas de los pájaros,

no sobrevive el pájaro parado!

¡Más valdría, en verdad,

que se lo coman todo y acabemos!

¡Haber nacido para vivir de nuestra muerte!

¡Levantarse del cielo hacia la tierra

por sus propios desastres

y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla!

¡Más valdría, francamente,

que se lo coman todo y qué más da…!

La impresión que van teniendo los escritores y lectores venezolanos es que ya no hay palabras que valgan, ni diálogos, ni votación. Todo discurso sabe a trampa, a dilación, a opción confusa y divisoria; todo adjetivo despectivo se va quedando atrás, más como huella que como señal, toda crítica suena a un mellado y reiterativo responsorio.

Lo que no me esperaba es que el propio gobierno reconociera esta condición en la que se ha hundido Venezuela. Ya una vez, un video de Maduro en Margarita, huyendo de un pueblo enardecido, superó el efecto de cien artículos. Ahora, el propio Maduro y su combo se presentan mudos, con la boca bien cerrada, y se dirigen a un pueblo de sordos al que hay que conquistar con señas, la última herramienta en un arsenal cada vez más primitivo.

Las escenas son tan patéticas como significativas. Desde el mismo arranque, nos están diciendo:

“Sé que ya no vas a creer en lo que te diga. Ya no tengo palabras, solo me queda una imitación de buena gente y unos gestos de mago y malabarista. Presta mucha atención”.

Estamos acostumbrados a ver a una persona que habla en el televisor mientras una diminuta figura hace señas en una esquina. Ahora es al revés: la figura que hace señas ocupa toda la pantalla y exige toda nuestra atención, mientras va apareciendo una tira de texto en el borde inferior. La sincronía no es fácil y el mensaje intenta ser sencillo, amoroso, casi tierno: “Ahora que no hay palabras, vamos a entendernos mejor y a amarnos más”.

Si ya las palabras tienen varias acepciones y posibles significados, imaginen los gestos de las manos y los brazos. De repente se cuela en la oración un dedo que pasa por el cuello, como si fuera un pequeño gazapo. Cualquiera comete un error y se contradice. Estamos ante actores novatos que han debido pasar varias horas, quizás días, practicando. No podemos saber si las frases se repiten o están mochas por errores de ángulos o centímetros.

Los intérpretes que traducen al lenguaje de señas suelen ser muy serios. No tienen por qué poner cara de afecto o de lástima. Están expresando palabras, frases, conceptos, y no hace falta que sean fraternales o cómicos. Los gobernantes sin palabras se van al extremo opuesto. Están felices de por fin callarse y dejar de mentir con la lengua. Los gestos son menos comprometedores, más imprecisos. ¿A quién se le puede acusar de hipócrita por haberse llevado un dedo a la sien? Ha llegado la hora de los guiños, de los labios a punto de soltar un besito, de las sonrisas cómplices, como si bastara callarse la boca para convertirse, por fin, en buenas personas que muestran su verdadero yo.

Otra reflexión tiene que ver con el elenco. Estas pantomimas no son para militares. Todos los que hacen con vehemencia y convicción el papel de malos y duros no pueden de pronto convertirse en unos silentes comediantes. El papel de mimo no le cuadra a Diosdado con un mazo ni a un general, aún menos si está uniformado. Esta tarea, esta suerte de ocurrencia inesperada, de travesura de publicista y último recurso, es solo para civiles. Ellos son la fachada que soporta el andamiaje.

Esta faena va a revelar algo más. Estoy seguro de que este silencio va a traer mucho leco, parodias, reacciones de indignación, análisis semiológicos y elogios de algún publicista al mayor de los retos: vender lo invendible. Estos gobernantes moribundos necesitan nuestras palabras para sobrevivir. ¿Quién puede leer algo escrito por Maduro o su séquito y soportar sus repeticiones? Son nuestros escritos los que les dan vida, estructura, continuidad.

Dalí decía: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien”. Aquí tienen la explicación de esta nueva pantomima y una pregunta que da angustia contestar: ¿de qué sirve hablar mal de un gobierno que, mientras peor lo hace, mejor le va?

FEDERICO VEGAS

Grupo de Lima rechaza convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela por ausencia de condiciones democráticas

ACTUALIDAD  POR Monitor ProDaVinci

TEMAS PD
Actualidad

13/02/2018

El 13 de febrero de 2018, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que rechazó la convocatoria a elecciones presidenciales realizada por el Consejo Nacional Electoral, para el 22 de abril de 2018, y exhortó al gobierno de Venezuela a que “presente un nuevo calendario electoral”. Los 14 países que suscribieron la declaración, también respetaron la decisión del gobierno del Perú de reconsiderar la participación del Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima.

Fotografía de la cancillería de Perú

[Comunicado]

“Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el Gobierno, y, en concordancia con su Declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente:

1)    Su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad.

2)    Exhortan al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral.

3)    Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos.

4)    Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

5)    Toman nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017.

6)    Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, que a la letra dice “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión.

7)    Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al Gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas.

8)    Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación.

9)    Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México, en su participación para alcanzar un acuerdo entre las Partes, en la negociación promovida por la República Dominicana”.

MONITOR PRODAVINCI

¿Cómo moviliza votos el chavismo?

POR Francisco Rodríguez, Pilar Navarro

Fotografía de Federico Parra / AFP

2018-02-14_19-03-37

14/02/2018

La convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral de elecciones presidenciales para el 22 de abril, después del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, hace que la oposición se enfrente de nuevo a la discusión sobre si participar o no en un proceso comicial. Esa discusión tiene muchas aristas, una de las cuales es la evaluación de la probabilidad de vencer en una contienda electoral contra el gobierno, aún dados los claros sesgos a favor del oficialismo en las condiciones electorales. Para llevar a cabo ese diagnóstico y tomar una decisión informada, es indispensable comprender qué fue lo que llevó al oficialismo a prevalecer en las contiendas regionales del 2017 y cómo se puede esperar que esos factores influyan en el resultado de una elección presidencial.

Ciertamente, el desempeño electoral del chavismo en las elecciones regionales fue mucho mejor al esperado en base a los sondeos de opinión. Dado que esas elecciones ocurrieron en el marco de la mayor crisis económica de nuestra historia y que las encuestas mostraban índices de rechazo muy fuertes a la gestión de Nicolás Maduro; lo normal habría sido esperar sólidas derrotas del oficialismo. ¿Cómo entonces entender estos resultados electorales? ¿Son prueba de que el chavismo aún cuenta con un apoyo genuino entre los votantes, o son simplemente resultado de la manipulación del sistema electoral? ¿Es el dominio del chavismo sobre las instituciones tan fuerte que hace imposible derrotarlo sin cambios en las condiciones electorales?

Una posible respuesta a esta interrogante es que los resultados fueron consecuencia del fraude electoral. Efectivamente, el ejemplo del estado Bolívar muestra evidencia de alteración de actas. Sin embargo, no pareciera que lo mismo haya ocurrido en otras jurisdicciones en las cuales no han sido denunciadas inconsistencias de ese tipo. Claro está que, en un sentido más amplio, se puede argumentar que los sesgos a favor del oficialismo en las condiciones electorales hacen que el sistema electoral sea incapaz de garantizar elecciones libres y justas.

Al mismo tiempo, otra línea de argumentación se ha centrado más bien en entender la decisión de los votantes a participar en las elecciones del año pasado. En su análisis del 15-O, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguezargumentaron que tanto la apatía entre opositores y la alta capacidad de movilización de oficialistas contribuyeron a explicar gran parte del resultado del 15-O. Un estudio más detallado de Michael Penfold ha resaltado la capacidad del chavismo de movilizar votos a través del condicionamiento de los beneficios económicos a la participación electoral.

Abstención, movilización e incentivos electorales

Aun si la abstención opositora es la variable más importante para explicar los resultados electorales, la alta participación oficialista no deja de ser un fenómeno enigmático. Los votos obtenidos por el chavismo representan alrededor de un 30 por ciento del padrón electoral, sugiriendo una capacidad de movilización casi perfecta del sector de la población que, de acuerdo con las encuestas, se sigue identificando con el gobierno. Cómo es que el chavismo ha sido capaz de activar a sus votantes es una pregunta clave para cualquier intento de comprender la dinámica electoral venezolana.

Lamentablemente, mucho de lo que creemos saber sobre la capacidad de movilización del chavismo está basado en testimonios y anécdotas no necesariamente representativas y posiblemente sesgadas. Para tratar de aproximarnos a un conocimiento más sistemático de este fenómeno, Torino Capital comisionó un estudio de campo a la empresa de investigación Innovarium durante las elecciones de alcaldes del pasado 10 de diciembre. La muestra del estudio cubrió 142 centros de votación en 14 estados seleccionados para cubrir áreas rurales y urbanas, así como diferentes estratos socioeconómicos. Se solicitó a los recolectores de datos que observaran continuamente el centro de votación y las áreas contiguas para evaluar la presencia o ausencia de eventos tales como la distribución de alimentos y otros beneficios a los votantes.

La data recolectada muestra que, aunque el gobierno sí aumentó significativamente el otorgamiento de beneficios, como las bolsas de comida y el llamado bono navideño antes y durante la elección, esta no fue la principal táctica para la movilización de votos. Por el contrario, la principal estrategia de movilización parece haber sido el requisito de registrar la asistencia en los puntos de movilización oficialistas usando el Carnet de la Patria.

Los puntos tricolor y los incentivos selectivos al voto

Nuestro estudio sugiere que en la campaña del gobierno hubo un amplio uso de estrategias clientelares que incluyeron el uso de entrega de beneficios sociales tanto antes como durante el día de la elección. Lamentablemente, estas estrategias distan de ser nuevas tanto en nuestro país como en el resto de la región. La legislación venezolana explícitamente prohíbe la compra de votos, aunque establecer la relación directa entre la entrega de beneficios y el voto es complicado [1].

En una tradición establecida a lo largo de los últimos años, los seguidores tanto del gobierno como de la oposición instalaron puestos de seguimiento del proceso electoral cerca de las inmediaciones de los centros de votación. La ley permite el funcionamiento de estos centros, aunque obliga a que se encuentren fuera de un radio de 200 metros del centro. En nuestra muestra hallamos un incumplimiento generalizado de esta norma, aunque con mucha mayor intensidad por parte del oficialismo: 87,4% de los centros contó con un punto tricolor (oficialistas) dentro del radio de 200 metros, mientras que en sólo 29,6% operó una estructura de la oposición equivalente (punto azul) en el mismo radio.

Sin embargo, hubo una diferencia fundamental entre las funciones de ambos. En los puntos opositores la actividad predominante fue la orientación al voto, que se llevó a cabo en el 100% de los puntos; el activismo político se observó en 59,5% de los puntos prooposición. Por su parte, la labor principal de los puntos progobierno fue el registro de votantes. Esto se observó en 74,4% de los puntos.

Al mismo tiempo, un elevado número de puntos tricolor llevaron a cabo actividades relacionadas con la entrega de beneficios en especie o monetarios. Hallamos que en 24,8% de los puntos tricolor se realizó distribución de alimentos, en 20,8% se retuvo el Carnet de la Patria mientras la persona iba a votar, y en el 12,8% se tenía la capacidad de renovar o emitir el Carnet de la Patria —esto último a pesar de que el período de renovaciones había finalizado una semana antes de las elecciones—. Aunque la realización de actividades gubernamentales y entregas de beneficios sociales no fue la función principal de los puntos tricolor, se observó que en muchos de ellos fue una función secundaria importante.

El hecho de que en los puntos tricolor se lleven a cabo actividades propias de gobierno, tal como la renovación del Carnet de la Patria, es un ejemplo de lo diluida que se encuentra en Venezuela la distinción entre el Estado y el partido de gobierno. Dicho eso, hubo muchos casos en los que se respetaba alguna separación simbólica: la distribución de bolsas de alimentos y otros beneficios era llevada a cabo por funcionarios del gobierno o trabajadores del partido en un lugar separado del punto tricolor. En 35,2% de los centros de votación se detectó algún tipo de actividad gubernamental en lugares cercanos, pero separados de los puntos oficialistas. De estas, la actividad más frecuente fue la emisión del Carnet de la Patria, que se llevó a cabo en las cercanías del 16,9% de los centros de votación, mientras que en el 12,7% se realizó la entrega del bono navideño.

Nuestro estudio halla que en 33,1% de los centros de votación los electores pudieron recibir algún tipo de beneficio, como las bolsas de comida o el bono navideño, bien fuese en el mismo punto tricolor o en algún otro sitio cercano al cetro de votación. En otras palabras, aunque la cantidad de centros de votación, en cuyos alrededores los votantes podían recibir algún tipo de beneficio, en el momento de la votación era sustancial, no fue la mayoría. Según testimonios recogidos durante el estudio, esto refleja el hecho de que el grueso de las actividades de entrega de estos beneficios fue desarrollado más bien en los días previos a la elección, de modo que la entrega de beneficios durante ese día se hizo principalmente con lo que sobró de la campaña.

No encontramos casos en los que el haber votado por el chavismo fuese condicionante del acceso a esos beneficios; de hecho, se consiguieron instancias en las que quienes manifestaban haber votado por la oposición se acercaban de todos modos al punto tricolor a recibir sus beneficios. Tampoco hallamos evidencia de que se solicitase el comprobante de voto a favor del candidato oficialista, a través del mecanismo conocido como “carrusel” [2]. En todo caso, es importante hacer la salvedad de que esto no quiere decir que estas conductas no hayan ocurrido, sino que no sucedieron en una modalidad y frecuencia que permitiese hacerla detectable en nuestra muestra. Tampoco hallamos evidencia de que se le haya requerido a votantes presentar el Carnet de la Patria para ejercer el derecho al voto.

El Carnet de la Patria y la estrategia de movilización oficialista

A pesar de que no encontramos evidencia en nuestra muestra de algunas de las conductas más extremas sobre las que ha circulado información anecdótica, nuestros resultados sí ilustran una difuminación de la línea divisoria entre el gobierno y el partido oficial que es atípica en las democracias modernas y que fuertemente sesga el campo electoral hacia el gobierno.

Lo que nuestro estudio sí refleja es que la estrategia clave de movilización implementada por el Ejecutivo en los puntos tricolor fue el monitoreo de la asistencia de los votantes llevada a cabo a través del Carnet de la Patria. Este hecho es resaltante, ya que las listas de votantes están organizadas por los números de cédulas de los votantes y no contienen información sobre el Carnet de la Patria. Sin embargo, el gobierno se esforzó en hacer que los votantes llevaran su Carnet de la Patria en la fecha de la elección y lo usaran para demostrar que efectivamente habían asistido a votar al momento de registrarse en el punto tricolor.

¿Por qué este énfasis en llevar el Carnet de la Patria a la votación? Si de llevar un registro de votantes se tratara, hubiese bastado con registrar el número de cédula del votante, que en todo caso está necesariamente vinculado a cualquier lista de recepción de beneficios sociales que el gobierno pueda tener.

Hay al menos dos hipótesis sobre por qué el gobierno pidió a sus partidarios que presentaran el Carnet de la Patria, en lugar de solo su número de cédula, en el punto tricolor en el día de la votación:

1. La presentación del Carnet de la Patria es una forma de que el votante tenga presente que está recibiendo beneficios a través de ese instrumento. Esto sirve como un recordatorio de las políticas sociales del gobierno y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que el elector termine votando por el oficialismo. En cierto sentido, es una forma de hacer propaganda electoral “subliminal” en el día de la votación.

2. La exigencia de presentar el Carnet de la Patria es una forma de sugerir al votante que la recepción de beneficios sociales a través de este instrumento está condicionada al acto de votar y —si es que el votante desconfía del secreto del voto— sobre el acto de votar por el candidato oficialista.

Ciertamente, la idea de que se necesite escanear la tarjeta en un punto progubernamental es, como mínimo, fuertemente sugestiva de que la asignación de los beneficios provistos a través del Carnet serán diferentes para quienes votaron que para aquellos que no lo hicieron. Esta última idea fue incluso alimentada por el propio presidente [3] el día de la elección al sugerir que los votantes podrían ser recompensados con un incentivo monetario solo por acudir a las urnas.

La sola insinuación de que los beneficios sociales están condicionados al acto de votar (aún si no dependen de por quién votas), puede ser una estrategia particularmente poderosa para que el gobierno movilice a sus partidarios. Los electores no necesariamente verán esto como una violación de sus derechos políticos si no creen que se está transgrediendo el secreto del voto. Pero el requerimiento puede proporcionar el suficiente incentivo material para que los votantes que ostentan el Carnet de la Patria —un subgrupo de la población en la que los partidarios del gobierno claramente están sobrerrepresentados— decidan ir a votar por su candidato preferido el día de la elección.

¿Cómo los incentivos pueden afectar a la participación el 22-A?

Es evidente que uno de los principales determinantes de la participación electoral en las elecciones del 22 de abril será la decisión por parte de las principales fuerzas de oposición sobre si participar o no. Pero esa decisión, en parte, partirá de un diagnóstico de la capacidad del chavismo de movilizar votos a través de los mecanismos utilizados en las contiendas del año pasado.

Nuestro análisis deja claro que el gobierno parece tener un mecanismo político efectivo para movilizar a sus partidarios a votar, y puede usar incentivos selectivos como los beneficios monetarios y en especie para estimular la participación. Es además lógico prever que el gobierno tenderá a profundizar aún más esta estrategia con vistas a las elecciones presidenciales, en las cuales el costo de perder las elecciones es mucho mayor que en unas elecciones regionales. Los resultados de nuestro estudio muestran que existe un espacio importante para la intensificación de las actividades desarrolladas en los puntos tricolor: en retrospectiva, puede que terminemos viendo los esfuerzos de movilización de las elecciones regionales de 2017 como apenas un ensayo de los métodos a ser usados en la contienda presidencial.

Sin embargo, hay razones por las que el comportamiento de los votantes podría ser diferente en unas elecciones presidenciales que en unas regionales. En un país presidencialista y centralizado como Venezuela, las cifras de participación electoral han sido particularmente altas en los comicios para elegir al primer mandatario. Es probable que el votante sienta que las elecciones presidenciales son mucho más importantes para determinar el futuro del país que unas elecciones regionales [4]. Claro está que el fenómeno de la abstención también dependerá del deseo por parte de algunos votantes de expresar su repudio a la convocatoria a través de la no participación.

En el caso particular de los comicios regionales, pudo haber sido difícil para la oposición convencer a sus votantes —quienes atribuyen la crisis económica a Maduro— de que los resultados de las elecciones de gobernadores harían alguna diferencia en el futuro del país. De hecho, algunos votantes pueden haberse comportado estratégicamente en las elecciones regionales, prefiriendo a un gobernador chavista que probablemente recibiría más recursos dado que Maduro permanecería en el cargo.

Asimismo, en unas elecciones nacionales en las cuales la conducción del país en el largo plazo está en juego, los incentivos materiales de corto plazo pueden tener mucha menor capacidad movilizadora. No es lo mismo, como votante, considerar el riesgo de pérdida de un beneficio social proporcionado por el gobierno si uno sabe con certeza que el Ejecutivo permanecerá en manos del chavismo (caso elecciones regionales), que si uno cree que el Ejecutivo puede cambiar como resultado de las elecciones (caso elecciones presidenciales).

En su obra seminal de 1997 Mentiras públicas, verdades privadas, Timur Kuran argumentaba que los regímenes autoritarios se podían sostener durante mucho tiempo debido a la creencia por parte de los individuos de que el resto de la sociedad apoya a aquellos que detentan el poder. En estos sistemas, la gente puede vivir una gran mentira colectiva: rechazan privadamente al gobernante, pero públicamente le manifiestan apoyo. La efectividad de los incentivos selectivos para asegurar ese apoyo depende justamente de la creencia por parte de cada individuo de que el resto de la sociedad responde a ellos. A medida de que crezca la convicción en la capacidad de un evento específico —tal como unas elecciones presidenciales— de cambiar el equilibrio de poder, los incentivos selectivos pueden terminan perdiendo su fuerza.

***

Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Capital.

Pilar Navarro es economista Senior de Torino Capital.

*

Referencias

[1] Artículo 289.- “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a la electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio”. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 18 de enero de 2013.

Artículo 126.- “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio”. Ley Orgánica de Procesos Electorales, 31 de julio de 2009.

[2] “El fenómeno empieza con un primer votante que se registra con su Carnet de la Patria en un punto rojo, entra al centro electoral, selecciona la opción de su preferencia en la máquina de votación, pero no deposita el comprobante físico en la caja, sino que lo regresa al mismo Punto Rojo donde dejó su Carnet de la Patria, develando por quién votó”. El “carrusel” del PSUV: estocada final al voto secreto, El Estímulo, 12 de diciembre de 2017.

[3] Maduro asomó que podría dar “un premio” a quienes hayan votado con el carnet de la patria. Caraota Digital, 10 de diciembre de 2017.

[4] Venezuela está caracterizada como uno de los países con mayor porcentaje de variabilidad de asistencia a las urnas en la región. En las últimas elecciones presidenciales, la participación se ubicó en 79,7%, muy por encima del 61,0% observado en las elecciones regionales. Para un estudio de largo plazo sobre la participación electoral en nuestro país, ver Briceño, Héctor (2009) La participación electoral en la cultura del venezolano. Universidad Simón Bolívar.

FRANCISCO RODRÍGUEZ, PILAR NAVARRO

¿Qué aclaró la OFAC en relación con las restricciones aplicables a la deuda venezolana?

ACTUALIDAD

POR José Ignacio Hernández

13/02/2018

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros —OFAC, por sus siglas en inglés— emitió el 12 de febrero pasado dos nuevas aclaratoriasrelacionadas con las restricciones adoptadas mediante Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos sobre operaciones con nueva deuda pública venezolana.

Como se recordará, la Orden Ejecutiva prohibió, entre otras, las operaciones realizadas en Estados Unidos o por sujetos de Estados Unidos relacionadas con (i) nueva deuda a más de 90 días emitida por PDVSA, y (ii)nueva deuda con vencimiento mayor a 30 días emitida por cualquier órgano o ente del Gobierno venezolano distinto a PDVSA. A tales efectos, la deuda nueva se definió como toda deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017.

Lo importante de las nuevas aclaratorias es que especifican que la reestructuración de deuda anterior al 25 de agosto, así como el retraso en el pago de facturas luego de esa fecha, pueden calificar como una “nueva deuda” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva.

En efecto, la aclaratoria número 533 señala que el concepto de “deuda nueva” abarca a los cambios convenidos en deuda emitida antes 25 de agosto. Así, si los términos de la deuda emitida antes del 25 de agosto son posteriormente modificados o renegociados (por ejemplo, en términos tales y como el plazo de pago o los intereses aplicables), entonces, se considerará que la renegociación aprobada a partir del 25 de agosto constituirá una nueva deuda y, por ende, quedará sometida a las restricciones aprobadas por la Orden Ejecutiva.

Por su parte, la aclaratoria número 544 indicó que retrasos mayores a 90 días (para PDVSA) o 30 días (para el resto del Gobierno), en el pago de obligaciones emitidas a un plazo menor, suponen en sí una deuda, pues ese retraso conlleva el financiamiento de la deuda original. Con lo cual, ese retraso permitirá calificar a esa deuda como una “deuda nueva” sujeta a la Orden Ejecutiva, aun cuando su lapso inicial haya sido inferior a los lapsos establecidos en la Orden.

Un ejemplo permitirá aclarar mejor el sentido de esta aclaratoria. Supongamos que después del 25 de agosto de 2017 PDVSA recibe una factura comercial de un proveedor, con un lapso de pago de 30 días. Esto es lo que se conoce como “deuda comercial”, que no es otra cosa que la obligación de PDVSA surgida del pago de proveedores y demás aliados comerciales.

Si PDVSA tarda al menos 90 días en pagar esa factura, entonces, podrá considerarse que la deuda comercial se emitió por un lapso mayor a 90 días, con lo cual, se considerará una “deuda nueva” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Para el resto del Gobierno, el plazo es de 30 días, lo que en la práctica podrá implicar que toda factura será considerada una deuda nueva, pues no luce probable que el Gobierno pueda pagar obligaciones comerciales antes de esa fecha, en especial, por los controles administrativos aplicables.

En esos casos, la aclaratoria señala que el acreedor requerirá contar con una licencia específica para recibir el pago luego del plazo de 90 días o de 30 días, según los cuales, a los fines de evitar cualquier daño derivado en el retraso del pago imputable al Gobierno.

¿Qué implicaciones prácticas tienen estas dos nuevas aclaratorias?

Por lado, la OFAC estableció que la renegociación de deuda emitida antes del 25 de agosto podrá considerarse una “deuda nueva” que, como tal, quedará sometida a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de renegociación del Gobierno y de PDVSA.

De otro lado, la OFAC estableció que retrasos mayores a 90 o 30 días de obligaciones emitidas por un lapso menor luego del 25 de agosto, serán igualmente considerados una “deuda nueva” sujeta como tal a la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de pago del Gobierno y de PDVSA, cuando por problemas de flujo de caja, o por la aplicación de controles administrativos, se vean forzados a retrasar el pago de obligaciones comerciales por un lapso mayor al indicado.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

Chile le niega a Maduro asistir a toma de posesión de Piñera

3 días – ActualidadVe, Nacionales, Política 41,743 Vistas

Inicio / ActualidadVe / Chile le niega a Maduro asistir a toma de posesión de Piñera

Los parlamentarios chilenos rechazaron este jueves la invitación del presidente Nicolás Maduro para asistir a la asunción presidencial de Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo.

“El presidente Nicolás Maduro no es bienvenido a Chile. Lo que debiera evaluar el gobierno saliente es establecer algún tipo de medida para que el Presidente Maduro no venga a nuestro país”, declaró el senador conservador Francisco Chahuán al canal de noticias CNN Chile.

En este sentido, el parlamentario indicó que “es incoherente otorgarles asilo a los opositores venezolanos y luego abrirle las puertas a Maduro”, a quien además calificó como “un presidente cuestionado por vulneraciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el diputado oficialista chileno afirmó que recibir a maduro en su país es “una mala noticia para la democracia”.

3 días – ActualidadVe, Nacionales, Política 41,743 Vistas

Inicio / ActualidadVe / Chile le niega a Maduro asistir a toma de posesión de Piñera

Los parlamentarios chilenos rechazaron este jueves la invitación del presidente Nicolás Maduro para asistir a la asunción presidencial de Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo.

“El presidente Nicolás Maduro no es bienvenido a Chile. Lo que debiera evaluar el gobierno saliente es establecer algún tipo de medida para que el Presidente Maduro no venga a nuestro país”, declaró el senador conservador Francisco Chahuán al canal de noticias CNN Chile.

En este sentido, el parlamentario indicó que “es incoherente otorgarles asilo a los opositores venezolanos y luego abrirle las puertas a Maduro”, a quien además calificó como “un presidente cuestionado por vulneraciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el diputado oficialista chileno afirmó que recibir a maduro en su país es “una mala noticia para la democracia”.

Venezuela: entre los anhelos de cambio y la catástrofe

ACTUALIDAD

POR Margarita López Maya

Un activista protesta por la escasez de medicamentos en Caracas el 20 de noviembre de 2017. Fotografía de Federico Parra / AFP

TEMAS PD
Actualidad

DESTACADAS

Venezuela: entre los anhelos de cambio y la catástrofe
Por Margarita López Maya

12/02/2018

En Venezuela sigue buscándose un cambio político mientras sobrevivimos en un escenario donde conviven lo catastrófico con lo kafkiano. La suspensión indefinida de las negociaciones gobierno-oposición, facilitadas por República Dominicana desde diciembre, si bien descorazona, era esperable. Deja, no obstante, algunos saldos interesantes para los partidos que, en nombre de demócratas del país, allí concurrieron. Pero llama especialmente la atención la débil capacidad de esos dirigentes y sus fuerzas políticas para capitalizar los frutos de sus esfuerzos que, en este caso, fueron sostenidos, coherentes y más profesionales que en todas las experiencias anteriores de negociación. ¿Esto a qué se debe?

Es importante encontrar respuestas a esta interrogante para afinar un diagnóstico que ayude a la sociedad democrática venezolana a trazar los próximos pasos. Porque la resistencia y lucha continúan, presentándole a esta oposición política y a la ciudadanía de vocación democrática en general, desafíos bastante complicados. Una vez más, parece que estamos en tiempos decisivos. Pensemos opciones de acción política y social, que permitan alcanzar el cambio democrático, en mi opinión, el único que puede traer condiciones para un comienzo de estabilidad y paz al país.

La catástrofe sin fin

Quienes vivimos en Venezuela y permanentemente monitoreamos la situación socioeconómica y política, nos parece reiterativo volver sobre las cifras de la catástrofe económica y social que padecemos. El desastre tiene años a la vista: inflación creciente, retroceso sostenido del PIB, caída de las reservas internacionales. Indicadores macroeconómicos que llevan al menos cinco años en regresión. Lo nuevo es la hiperinflación habiendo cerrado el año 2017 con una cifra superior al 2.500%, lo que pronostica para este año, de seguir las mismas políticas demenciales del equipo de Maduro, una cifra sobre los seis dígitos. Todos los indicadores siguen agravándose, el PIB, por ejemplo, acumula un retroceso que refleja la disminución del aparato productivo en más de un tercio de lo que fue. En años más recientes, por otra parte, a la disminución de los precios del barril petrolero en el mercado mundial, se suma una destrucción de la empresa PDVSA. Decrece de manera cada vez más rápida su producción, agobiada por una nómina poco profesional, que se ha triplicado en la era chavista, así como por los onerosos desvíos de sus recursos para satisfacer criterios paternalistas, clientelares y escandalosas corruptelas.

El colapso económico precipita la crisis social, que ya ha mutado a crisis humanitaria. La pobreza sobrepasa el 80% de las familias, la miseria el 50%. La desigualdad es oprobiosa y la vivimos como herida punzante. A diario vemos niños, adolescentes, mujeres, viejos, hombres, escarbando en las bolsas de basura, mientras unos pocos, que poseen divisas, bien de manera legítima, o porque son altos funcionarios del gobierno y/o militares del régimen, se gozan la vida en medio de abundancias que obtienen a precios risibles cuando se calculan a dólar paralelo. Niños y adolescentes abandonan las escuelas por carecer de un mínimo de condiciones para estudiar, empezando por la comida. La crisis de las medicinas se materializa en una escasez que se sitúa sobre el 80%, según la Federación de Farmacéuticos de Venezuela, y a diario redes sociales que permanecen fieles al derecho a informar, dan cuenta de las continuas muertes por falta de nutrientes para recién nacidos en los hospitales, o por ausencia de tratamientos para recién paridas, medicinas y equipos para venezolanos con padecimientos crónicos, y otras personas con distintas vulnerabilidades en salud. En este momento asistimos al continuo fallecimiento de personas por problemas renales, al haber dejado el gobierno, el Estado, de garantizar lo necesario para sus tratamientos y diálisis. Nuestra tragedia se resume en los miles de venezolanos que a diario salen huyendo por nuestras fronteras para enfrentarse al mundo ancho y ajeno, como refugiados de una nación destruida. Pero no, no es por la guerra económica que pregonan maduristas, es por la guerra que ha declarado el gobierno de Maduro a la una vez nación.

Venezuela en el abismo, producto tanto de estrategias planificadas por una elite de vocación totalitaria y fanatizada, como por su incapacidad supina para gobernar. Para ellos, como en la edad media, la lealtad a la autoridad y el fanatismo doctrinario deben conducir la gestión pública. Sus políticas de control social son aberrantes para un país que vivió la modernización. El Carnet de la Patria y las cajas CLAP resumen su búsqueda de subordinar a la población manipulándola desde sus necesidades más básicas: comida, salud, ingreso. Es un escenario catastrófico que no puede revertirse sin un cambio político que suponga la caída, no sólo del jefe del Estado y su entorno cercano, sino también de una sustantiva modificación de las fuerzas que hoy conforman el bloque de dominación: una cúpula militar y civil unida por delirios seudorevolucionarios, miedos e intereses particulares, muchos de los cuales consisten en negocios criminales e ilícitos.

¿Por qué cuesta tanto a las fuerzas democráticas capitalizar,
tanto de las condiciones socioeconómicas extremas como de sus aciertos políticos?

En un escenario abrumadoramente adverso para quienes llevan las riendas del poder y saliendo de unas negociaciones que, desde mi criterio, dejó para las fuerzas políticas democráticas un importante saldo positivo, uno debe preguntarse por qué, una vez más, estos actores políticos no saben cómo capitalizar sus ganancias. No es la primera vez. Por citar episodios recientes, no supieron aprovechar la gran energía social encarnada en las multitudinarias manifestaciones que los respaldaban cuando se sentaron a una mesa de negociación con el gobierno de Maduro a fines de 2016. Llegaron a esa mesa sin nada preparado, pescueceando muchos dirigentes por simplemente salir en la foto. La masiva participación en la consulta popular del 16 de julio de 2017, precedida por un ciclo histórico de protestas que visibilizó un debilitamiento de la polarización social que ha promovido el chavismo, es otro ejemplo en cuestión. Tampoco supieron qué hacer con ella, derrumbándose poco después, sin saber cómo actuar ante la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora, concurren a República Dominicana y muestran su mejor desempeño. Llevan asesores nacionales e internacionales, agenda, propuestas y negociadores experimentados. A Borges, a quien le tocó la conducción, se le vio serio, honesto, valiente. Pese a la debilidad y fragmentación actual de la MUD, lograron aparecer coherentes. La negociación fue respaldada por gobiernos amigos, que cuidaron de los intereses de ambas partes, pero que no cayeron en la estéril polarización política. La propuesta de los cancilleres, que el gobierno de Maduro no aceptó y que, en lo esencial, contemplaba la reposición de condiciones para las elecciones presidenciales similares a las de 2015, fue respaldada por los cancilleres de Nicaragua y Bolivia, invitados por el régimen. Desechándola, quedó expuesta la naturaleza arbitraria y autoritaria de la dictadura de Maduro. La comunidad internacional tomó debida nota, las presiones, sanciones e investigaciones al gobierno han arreciado.

Sin embargo, las declaraciones posteriores a la suspensión han carecido de la pegada que era de esperarse. Casi inmediatamente vuelven los políticos habituales a mostrar encuestas con niveles de popularidad de ciertos candidatos. Para el ciudadano de a pie, cuesta mucho entender que, si no se firmó un acuerdo, porque el gobierno se negó a dar condiciones libres, justas y transparentes para las presidenciales ni rehabilitó dirigentes ni liberó significativamente presos políticos ni aceptó el canal humanitario ni reconoció las atribuciones de la Asamblea Nacional, pareciera ser ahora para muchos partidos y dirigentes, que la discusión más importante es si vamos a las tales elecciones sin condiciones y quién va a ser el candidato.

Sin desmerecer la complejidad de actuar certeramente en un terreno tan difícil y absurdo como el que permanentemente abona el gobierno, pareciera que seguimos con muchos dirigentes y partidos débiles, inconsistentes, y/o incapaces de deponer sus intereses políticos particulares para favorecer la muy necesitada unidad de acción. A mí me bombardean por las redes con encuestas donde se señala que tal o cual candidato le ganaría a Maduro, en cualquier condición, y lo lograría pasado mañana. Muy lamentable la cortedad de visión, viniendo de políticos de oficio y después de dieciocho años viendo un gobierno que llegó inicialmente por las urnas, convertirse en una dictadura abyecta y sin escrúpulos. Muestra una imagen de actores políticos que no están a las alturas de las gravísimas circunstancias que padecemos.

Respetando opiniones de ciudadanos de si conviene o no presentarse a unas elecciones sin ninguna garantía de integridad electoral, y estando de acuerdo en que es uno de los temas que deben ventilarse, que ello sea el centro del debate de muchos partidos me parece absurdo. Sospecho que los dichos partidos son poco consistentes porque, entre otros aspectos, no son propiamente partidos. Nunca procuraron cumplir las tareas básicas que hacen de un partido un mediador respetable y eficiente entre sociedad y Estado: carecen de ese trabajo perseverante de formar sus militantes de base, de crear estructuras organizativas eficientes, de practicar democracia a lo interno, de estudiar política e historia, tener recursos independientes de los dineros públicos, o cultivar una identidad colectiva no derivada de un liderazgo personalista y mediático. Los resultados son bandazos, oportunismos, fracasos una y otra vez. Exigen pluralismo, que los tomen en cuenta, pero ¿qué en concreto aportan para la necesaria estrategia que, en este momento, de nuevo decisivo, se necesita para alcanzar el cambio político que garantice la vuelta a la democracia? ¿Elecciones sin condiciones?

Las próximas jugadas: urgencias de articulación de lo social y lo político

Ante el desencanto de muchos por el desempeño de nuestros actores políticos, dada la recurrencia de comportamientos erráticos y/o mezquinos; reconociendo el agotamiento o miedo que siente la ciudadanía, que se movilizó entusiastamente en años pasados para ejercer presión desde la calle al gobierno sufriendo represión y no viendo resultados, y entendiendo la desconfianza a un Consejo Nacional Electoral y a otro proceso electoral, que va a activarse sin garantías de ninguna clase, la estrategia política inmediata debe estar bien pensada, discutida y acordada no sólo por los políticos, sino también por organizaciones sociales y esa ciudadanía que sigue apostando por la salida pacífica y democrática.

Las ópticas deben ser amplias, trascender el hecho electoral, buscar la participación en múltiples espacios públicos e institucionales. Las elecciones sin garantías no pueden ser asumidas como si fuesen legítimas, o como si fueran ganables; son apenas un pretexto, podrían ser un recurso táctico para seguir exponiendo a Maduro al escarnio internacional y nacional, desnudando la naturaleza tiránica de su ejercicio del poder, su crueldad e incapacidad. Así también, negociaciones y conversaciones deberán continuar, exigiendo a quienes se sienten en esos espacios seriedad, desprendimiento de intereses tacaños, capacitación en este campo, pues no se puede alcanzar beneficios para la población sin preparación y sin asesoramiento profesional. Las experiencias habidas en otros países, si algo han mostrado es que las conversaciones y negociaciones son necesarias, pero deben, quienes tomen responsabilidades en ella, prepararse para saber mejor servir a los intereses de la nación. Demandan paciencia, inteligencia y creatividad. Hay que aguardar por el momento oportuno.

Son tiempos de urgente articulación de los actores nacionales entre sí, bien sean partidos, ONG y organizaciones sociales y comunitarias. La construcción de un tejido social desde abajo, más tupido, más diverso social y generacional, de múltiples identidades, que asegure un piso amplio de respaldos políticos por la democracia, sus valores y prácticas, más sólido y firme que el habido hasta ahora. Un tejido que presione a los partidos, los apoye y exija unión y rendición de cuentas. Las condiciones socioeconómicas actuales favorecen el desdibujamiento de la política polarizadora que, destruyendo la identidad que como nación nos labramos en el siglo XX, ha marcado a Venezuela desde 1998. Un discurso y una narrativa nacional alternativa a la discriminación, a la ofensa y violencia, a la esquizofrenia y disociación de la realidad del discurso oficial.

Las articulaciones deben darse también con la comunidad democrática internacional. Ella nos hace más fuertes, más seguros. Su contribución en los últimos años ha sido invalorable y debiera seguir así, para lo cual hay que cultivar y cementar las relaciones con gobiernos, parlamentos, agencias interamericanas y mundiales y demás organizaciones que hacen vida en ese nivel.

Contamos con instituciones y actores que pueden propiciar las tareas complejas de esta etapa. La Asamblea Nacional, el espacio institucional liberado del control de la cúpula militar y civil que gobierna con Maduro, es un bastión importante. La Iglesia Católica, sus obispos y organizaciones; los gremios, sindicatos, academias, universidades, intelectuales. En tiempos de dictadura la creatividad se hace más necesaria que nunca, es preciso producir acciones simbólicas, que refuercen la moral de quienes apoyan y alimentan el movimiento nacional por la democracia, acciones que eduquen en valores ciudadanos, que contrasten y denuncien la ilegitimidad de las autoridades que hoy gobiernan Venezuela. Consultas populares, autoridades paralelas, medios de comunicación alternativos, aulas abiertas para la enseñanza de historia, cultura política, todo lo que permita a los venezolanos que luchan por las libertades, saber y sentir que no están solos, que pertenecen a un movimiento que crece. El poder es el que está solo, Maduro y su conjunto de tribus militares y civiles, pegados como sanguijuelas al aparato del Estado, chupando hasta destruir las bases y recursos de la república. Pero están cada vez más aislados, en problemas y son crecientemente despreciados.

La situación que padecemos es compleja, contradictoria, paradójica. El gobierno controla poder y dinero, pero está aislado y asediado de problemas económicos y financieros; están muchos de ellos perseguidos internacionalmente por sus conductas criminales. Mucho descontento entre sus cuadros militares y civiles de niveles medios y bajos. La tiranía se viene debilitando. Tampoco pueden, quieren o saben resolver la catástrofe económica y social que engendraron. Son más vulnerables de lo que parecen. Es importante entonces comprender la realidad actual y las posibilidades de acción en ella, sin fantasías. Ser creativos y llamativos en la resistencia y confrontación no violenta. El sacrificio lo merece, por el país que queremos y merecemos ser.

MARGARITA LÓPEZ MAYA

¿Cuáles han sido las reacciones a la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela?

ACTUALIDAD

POR Monitor ProDaVinci

09/02/2018

De izquierda a derecha: Sigmar Gabriel (ministro de Relaciones Exteriores de Alemania), Federica Mogherini (Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), Sergei Lavrov (ministro de Relaciones Exteriores de Rusia), Heather Nauert (portavoz del Departamente de Estado de los Estados Unidos)

El miércoles 7 de febrero de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones presidenciales para el 22 de abril. La decisión del CNE se produjo horas después de que el presidente dominicano, Danilo Medina, anunciara el cese de las conversaciones entre el gobierno y la oposición en Santo Domingo, que entre sus objetivos contemplaba alcanzar un acuerdo electoral entre ambas partes.

El martes 23 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decretó que la fecha de las votaciones debía fijarse dentro de los primeros cuatro meses del año.

Las reacciones

1) Estados Unidos: el Departamento de Estado. Heather Nauert, portavoz del organismo, dijo que Washington considera que un evento electoral sin condiciones concertadas entre las partes, a fin de garantizar la libertad y la validación internacional de los comicios, sólo prolonga “el desmantelamiento de la democracia en Venezuela”. Al mismo tiempo respaldó la postura de la delegación opositora en República Dominicana por negarse a suscribir los términos en los que el oficialismo propuso realizar las presidenciales.

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, señaló que el acuerdo “no incluía siquiera los elementos más básicos para garantizar elecciones creíbles”, lo que a su juicio demuestra “hasta dónde está dispuesto a llegar (Nicolás) Maduro para destruir la democracia en Venezuela”.

Esta postura tiene como antecedente el rechazo al decreto de la ANC y el exhorto al gobierno venezolano a seguir lo previsto en la Carta Democrática Interamericana. La diplomacia estadounidense evaluó en esa oportunidad que el acuerdo no propiciaba un procedimiento libre y justo.

2) Parlamento Europeo: Horas después de la divulgación de la fecha de las elecciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para indicar que sólo reconocerán un proceso electoral para el que exista un “calendario viable”. También rechazaron la prohibición que hizo el Tribunal Supremo de Justicia para que la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática se validara ante el CNE.

El documento recalca que los comicios deberían contar con condiciones acordadas “en el marco del diálogo nacional con todos los actores y partidos relevantes”. Un día antes del fin de las negociaciones en Santo Domingo, Federica Mogherini, Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, afirmó que debía fijarse una fecha aceptable para las partes para realizar las presidenciales, dado que las decisiones unilaterales generan “más polarización y obstáculos para una solución pacífica” de la situación política.

3) El Grupo de Lima: el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) emitió un comunicado para convocar una reunión el 13 de febrero para discutir la convocatoria a unos comicios en condiciones que “no permitirían realizar un proceso justo, libre, transparente y democrático”. El 23 de enero pasado, los cancilleres de esta alianza diplomática redactaron una declaración que solicitaba que el proceso electoral fuera convocado “con una adecuada anticipación y con la participación de todos los actores políticos”. Además, pedía la presencia de observación internacional en los comicios.

4) Alemania: cuando la ANC emitió el decreto para convocar elecciones, la cancillería alemana exigió que “las instituciones venezolanas garanticen que la votación sea celebrada con suficiente margen de tiempo”.

5) Rusia: antes del fin de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, la cancillería rusa afirmó en una declaración que confiaba en que las elecciones se cumpliera en paz y siguieran los estándares internacionales. El gobierno de Moscú calificó como injerencia el papel de otros diplomáticos que se han referido al caso venezolano.

Dentro de Venezuela, varias organizaciones reaccionaron a la convocatoria de elecciones:

1) Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV): el 29 de enero, la CEV divulgó un comunicado en el que llama al país a reflexionar con serenidad acerca de la materia de elecciones. Pidió que el CNE actúe con independencia. Criticó el desempeño de las organizaciones políticas como “deficiente e incoherente” e instó a la dirigencia a formar alianzas que trascienden lo electoral.

2) Fedecámaras: el 3 de febrero, Fedecámaras rechazó la convocatoria acordada por la ANC, un órgano que calificó como “inconstitucional de origen”. El ente empresarial afirmó que el adelanto del proceso “bajo los parámetros anunciados por los diferentes líderes del gobierno nacional no permitirá un proceso electoral que genere confianza ni transparencia requerida por los electores, comunidad internacional y actores económicos”.

3) Conindustria: el 5 de febrero, el gremio industrial divulgó las 8 condiciones que consideran necesarias para el “resguardo del mecanismo del voto”, entre ellas recomendaron la designación de rectores imparciales en el ente electoral, la auditoría y depuración del Registro Electoral, la observación de técnicos de la OEA, la comunidad europea y el Grupo de Lima. También pidieron el cese de las inhabilitaciones, el nombramiento transparente de miembros de mesa, y la equidad informativa en medios de comunicación.

4) Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (ASOVERU): el martes 6 de febrero de 2018, ASOVERU rechazó ante la fecha fijada por el decreto de la Constituyente y pidió que se respete la fecha de toma de posesión del 10 de enero como indica la Constitución. Llamaron a la unidad entre las organizaciones políticas para definir sus decisiones y exigieron al organismo comicial que permita un proceso con “igualdad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia”.

MONITOR PRODAVINCI

Expertos de derechos humanos de la ONU advierten sobre agravamiento de condiciones básicas de vida en Venezuela

ACTUALIDAD

POR Monitor ProDaVinci

10/02/2018

Salón de Derechos Humanos y Alianza de Civilizaciones de la sede de la ONU en Ginebra

El viernes 9 de febrero de 2018, la Oficina de del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó un comunicado de prensa en el hacen eco de un grupo de expertos pertenecientes a su organización que alertan sobre los efectos de la crisis sanitaria y escasez de alimentos sobre la población venezolana y los derechos humanos.

A continuación reproducimos el comunicado de prensa:

Ginebra (9 de febrero de 2018) – Miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final, de acuerdo a un grupo de expertas y expertos de Naciones Unidas*. Los expertos hacen un llamado urgente al Gobierno a que tome medidas para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones.

“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, mencionaron los expertos en un comunicado conjunto.

“Se estima que en 2016 más del 50 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2,400 por ciento en 2017”, subrayaron los expertos.

De igual forma afirmaron que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregaron que “muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer.”

“El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15,000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”.

“Para el final del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,” destacó Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

“Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales” señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.

“En términos del derecho a la salud, los Estados deben garantizar, como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas, y el suministro de medicamentos esenciales, en particular para los grupos que se encuentran en una situación médica vulnerable.”

Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llamó la atención sobre informes de desalojos forzosos, lo cual se suma a las circunstancias alarmantes que enfrenta la población en Venezuela.

“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle” dijo la experta. “Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”.

El grupo de expertos y expertas también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el Gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

“Exhortamos al Gobierno a re-examinar las políticas y decisiones que han llevado a Venezuela, un país rico, a esta crítica situación de derechos humanos.”

Para finalizar, agregaron: “No podemos dejar de señalar que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.

En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales. Esta comunicación y la respuesta por parte del Gobierno serán publicadas en los próximos días en https://spcommreports.ohchr.org/ , antes de la sesión 37va del Consejo de Derechos Humanos, que se inicia el 26 de febrero.

MONITOR PRODAVINCI