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Alcaldes opositores condenados por permitir protestas contra Maduro

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El alcalde David Smolansky se despidió el martes de sus ciudadanos del municipio El Hatillo, cerca de Caracas. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia anunció su condena a 15 meses de prisión

Protestas

10 DE AGOSTO DE 2017 07:57 AM | ACTUALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2017 08:46 AM

Smolansky, una de las figuras jóvenes de la oposición en Venezuela,se convirtió en el quinto alcalde en dos semanas en ser destituido, inhabilitado o preso por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los acusa de permitir las protestas antigubernamentales en sus municipios en los últimos cuatro meses.

La resolución de la Sala Constitucional del TSJ fue la misma que la emitida el lunes contra Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, el municipio de mayor renta per cápita del país y epicentro de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Muchacho, otro joven político, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel. Se desconoce su paradero. El Servicio de Inteligencia (Sebin) lo busca.

“Las próximas horas serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán severamente limitadas”, expresó Muchacho en un comunicado desde la clandestinidad.

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel

En la sede del Sebin está ya desde hace pocos días Alfredo Ramos, alcalde de la ciudad de Barquisimeto, en el oeste del país.

Antes también fueron condenados Carlos García, alcalde de Mérida, en el oeste de Venezuela, y Gustavo Marcano, máximo edil de Lecherías, en el este.

Se desconoce el paradero de García. Marcano escapó a Estados Unidos, informó la agencia Reuters. En Washington se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas contra el gobierno de Venezuela.

El gobierno considera que los alcaldes que permiten protestas en las calles están violando el derecho al libre tránsito

¿De qué se los acusa?

Muchacho, Smolansky, Ramos, García y Marcano están acusados de desacato por no cumplir con las órdenes de levantar las barricadas en las calles, después de que el TSJ aceptara los recursos de amparo presentados por personas que se oponen a las protestas en sus municipios.

El gobierno, que califica de violentas la mayor parte de protestas de la oposición, ha condenado que no se respete el derecho al libre tránsito por culpa de los habituales bloqueos de calles, de los que considera responsables a los alcaldes.

El profesor de Derecho José Ignacio Hernández considera irregular que sea la Sala Constitucional del TSJ quien acuse y juzgue a los alcaldes.

El Servicio de Inteligencia (Sebin) en la puerta de la residencia del líder opositor Leopoldo López

La citada sala es la que considera en desacato al Parlamento, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y cuyas decisiones han sido continuamente anuladas por el máximo tribunal del país.

La oposición lo considera una “persecución” contra la disidencia política en el marco del conflicto político que vive el país tras más de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 120 muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales.

Smolansky afirma que desde 2014 son ya 11 los alcaldes que han sido encarcelados, inhabilitados o destituidos.

El joven opositor incluye en su cuenta a Daniel Ceballos, uno de los más prominentes políticos presos de Venezuela, encarcelado en medio de la ola de protestas de 2014.

Y también a Antonio Ledezma, otro destacado político de oposición arrestado en 2015 acusado de participar en un complot para derrocar a Maduro.

Y la lista podría crecer. “Hay una docena de alcaldes con estos procesos en curos y su continuación dependerá de las órdenes políticas que se reciban”, dijo la pasada semana Gerardo Blyde, alcalde de oposición del municipio Baruta, en Caracas.

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La fiscal Luis Ortega Díaz abre una investigación sobre posible fraude en las elecciones a la Asamblea Constituyente en Venezuela

RedacciónBBC Mundo

  • 5 horas

Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionOrtega anunció que la fiscalía investigará a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció este miércoles que su oficina investigará sobre la posible manipulación de los resultados de la controvertida elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

“He ordenado investigar si estamos en presencia de un delito, incluso de lesa humanidad. Por eso, designé a dos fiscales para investigar a cuatro rectoras del CNE (Consejo Nacional Electoral) por este hecho escandaloso”, dijo en una entrevista con el canal de televisión CNN en Español.

Ortega, quien se ha vuelto la voz gubernamental más crítica contra el presidente Nicolás Maduro, habló horas después de que la compañía a cargo del sistema del voto electrónico en los comicios del domingo denunciara manipulación en las cifras de participantes.

La empresa Smartmatic, con sede en Londres y que provee servicios electorales a Venezuela desde 2004, declaró el miércoles que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

De acuerdo a las cifras del CNE, poco más de 8 millones de venezolanos votaron en los comicios, lo que equivale al 41,53% del censo electoral.

Ortega ordenó investigar a cuatro rectoras del CNE.Derechos de autor de la imagenEPAImage captionTibisay Lucena (centro), a cargo del CNE, negó cualquier irregularidad en los resultados.

La fiscal dijo que la denuncia de Smartmatic “es bien grave porque señaló que hubo manipulación de cifras” y que este posible hecho representa “un elemento más del proceso fraudulento e inconstitucional” de la convocatoria de la Constituyente.

Ortega pidió también una nueva auditoría a los resultados con “expertos nacionales e internacionales, pero sin las rectoras del CNE porque ellas son las primeras cuestionadas”.

Cuestionamientos

Los comicios del domingo se llevaron a cabo sin la participación de la oposición, con el rechazo de varios países y en medio de protestas que llevan más de cuatro meses y que ese día dejaron al menos diez muertos.

Pese a las dudas en torno a la transparencia del proceso electoral, el presidente Maduro anunció el miércoles que la nueva Asamblea Constituyente, a cargo de redactar una nueva Carta Magna y de reformar el Estado, será instalada el viernes.

Seguidores del gobierno celebran la elección el domingo.Derechos de autor de la imagenEPAImage captionSeguidores del gobierno de Maduro celebraron los resultados de la elección el domingo.

Por su parte, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, negó cualquier irregularidad en los resultados y calificó la declaración de Smartmatic como una “opinión sin precedente”.

Crisis

El país lleva más de cuatro meses sumido en una ola de protestas que ha dejado ya más de cien muertos.

El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en “desacato”.

Maduro anunció que este viernes se instalará la nueva Asamblea Constituyente.Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionMaduro anunció que este viernes se instalará la nueva Asamblea Constituyente.

En plena crisis, la convocatoria a una Constituyente por parte del presidente Maduro también fue recibida con protestas por parte de la oposición.

La oposición rechazaba que no hubiera un referendo previo así como los términos en que fue convocada la elección de constituyentes, que consideraban diseñada para que el gobierno se garantizara el control del órgano.

Varios gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, calificaron como ilegítima la convocatoria de Maduro a una Constituyente y han llamado a su suspensión.

Aunque otros países, como Nicaragua, Bolivia, Cuba y Rusia, respaldan la legitimidad de la nueva Asamblea, que contará con más poderes que el presidente.

Debido al boicot opositor, el conteo del número de participantes en la elección se convirtió en la cifra clave con la que medir el apoyo con el que contaba la Constituyente impulsada por el gobierno.

La oposición había celebrado una consulta semanas antes en la que aseguró haber contado con más de 7,6 millones de votos en rechazo de la iniciativa de Maduro.

Por qué la oposición en Venezuela sigue sin tener un líder definido para enfrentar al presidente Nicolás Maduro

Daniel García Marco (@danigmarco)BBC Mundo, Caracas

  • 10 minutos

Leopoldo López y Henrique CaprilesDerechos de autor de la imagenAFPImage captionLeopoldo López y Henrique Capriles compitieron por las primarias de 2012 y Capriles fue finalmente el candidato presidencial.

Todos los esfuerzos estaban centrados en evitar la Asamblea Constituyente. Ahora, una vez elegida y a punto de instalarse, la oposición venezolana está frente a un nuevo dilema que amenaza su unidad y pone de relieve las desventajas de un liderazgo múltiple.

Poco después de que se confirmara que habrá Constituyente, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió a la oposición hacer autocrítica. Él mismo hizo la primera en una dura declaración en que afirmó que “no se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos a nosotros mismos”.

El bloque opositor debe decidir en estos días no sólo qué hará en un escenario de confrontación, desobediencia y desconocimiento del gobierno y de la recién elegida Asamblea Constituyente, sino también si participará o no en las elecciones regionales, previstas para el 10 de diciembre. Y cuál será su estrategia.

La próxima semana, del 7 al 9 de agosto, se deben inscribir los candidatos.

No será fácil llegar a un consenso en un grupo con casi 20 partidos, varias figuras carismáticas y un amplio espectro ideológico que abarca desde socialdemócratas a neoliberales, desde radicales antichavistas a moderados que una vez fueron cercanos al oficialismo.

OpositoresDerechos de autor de la imagenAFPImage captionLa ola de protestas de los últimos cuatro meses ha unido a la oposición como nunca antes.

Por lo pronto, líderes como el expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup y María Corina Machado ya han discrepado abiertamente sobre cómo proceder.

El nacimiento de la MUD

Durante muchos años, el chavismo, siempre pétreo de puertas para afuera, se ha favorecido de lo variada que fue la oposición, muchas veces atomizada, dividida.

En 2008, el nacimiento de la MUD supo articular unidad, sobre todo ante las citas electorales.

En 2012 se decidió en primarias que el candidato presidencial unitario fuera Henrique Capriles. No tuvo éxito entonces, pero estuvo cerca pocos meses después ante Nicolás Maduro, una vez fallecido Hugo Chávez.

El cénit de la unidad llegó en las legislativas de 2015, donde la MUD infligió la peor derrota al chavismo y le arrebató el Parlamento.

Henrique CaprilesDerechos de autor de la imagenAFPImage captionHenrique Capriles es un referente de la oposición tras haber sido dos veces candidato presidencial.

Pero sin elecciones presidenciales a la vista, se resquebraja la argamasa que mantiene al bloque unido y se hace evidente lo diferentes que son los partidos y la falta de un líder único que los aglutine para desafiar el poder del presidente Nicolás Maduro.

Eso queda patente en mensajes y estrategias a veces contradictorios y en la falta de control en las protestas callejeras, continuas desde hace cuatro meses.

“Una propuesta de mi partido desde hace tiempo es por qué no hacer unas primarias para elegir un candidato presidencial que se convirtiera en líder de la oposición”, dice a BBC Mundo José Manuel Olivares, joven diputado del partido Primero Justicia, al que pertenece Capriles.

“Si bien yo no creo en los liderazgos mesiánicos, sí hace falta un rostro y un hilo conductor”, afirma antes de reconocer que el compromiso de la unidad no llega de momento tan lejos.

José Manuel Olivares, a la izquierdaDerechos de autor de la imagenAFPImage captionJosé Manuel Olivares admite que el compromiso de unidad de la oposición no alcanza para fijar ya un líder único.

No está de acuerdo en fijar ya un líder su compañero de bancada Luis Florido, que pertenece al partido Voluntad Popular, el que comanda Leopoldo López.

“Los liderazgos no se decretan, sino que provienen de la autoridad que se tiene y del favor popular en una elección primaria, por ejemplo, para elegir a nuestro candidato presidencial, cosa que no podemos adelantar hasta cuando eso sea concreto”, le dice a BBC Mundo, emplazando la selección de un rostro a una eventual cita electoral que ahora se ve muy lejana.

En un reciente acuerdo de unión nacional, los partidos de la MUD aprobaron que el escogido en el futuro para formar un eventual gobierno no podrá ser reelegido y que todos estarán representados en el gabinete. “Es un avance”, dice Olivares, que reconoce que en la política de su país, como en la de casi todos, hay muchos egos.

Muchos líderes

“En Venezuela no es que no hay líder, es que hay muchos”, le dijo a BBC Mundo el analista Luis Vicente León hace unas semanas.

Y entre ellos aparecen figuras carismáticas como Capriles, que está inhabilitado para nuevos cargos públicos, y López, condenado a casi 14 años de cárcel; políticos más tradicionales y veteranos como Henry Ramos Allup o Julio Borges; y jóvenes emergentes como Freddy Guevara, Miguel Pizarro y el propio Olivares.

OpositoresDerechos de autor de la imagenAFPImage captionEl triunfo en las legislativas de 2015 fue el mayor triunfo de la MUD hasta el momento.

León, economista y director de la encuestadora Datanálisis, considera necesario que haya alguien del que la gente “se enamore”.

Y más en un país como Venezuela. “La condición venezolana es caudillista, pero en otros países también se ha requerido la figura de un símbolo”, asegura.

Florido, sin embargo, entiende como una “fortaleza” la diversidad de liderazgos. “Ha permitido ir construyendo lo que hoy somos: una unidad opositora con el favor del 80% de los venezolanos”.

Coincide con él Juan Requesens, joven y combativo diputado. Aunque admite que sobresalen las figuras de López y Capriles, quienes compitieron en las primarias de 2012, defiende la pluralidad de rostros y le atribuye ventajas.

Juan RequesensDerechos de autor de la imagenAFPImage captionJuan Requesens es uno de los jóvenes diputados que está en primera fila en las protestas, por lo que ha sufrido lesiones.

“Lo que nos hace fuertes es no depender de un líder”, dice mientras fuma un cigarrillo y mira su celular en el patio del Palacio Legislativo.

“No es una lucha para que una figura alcance el poder. Esto es una lucha de sectores que tienen que ver con mucho más que partidos políticos”, dice convencido de que la oposición es un frente que engloba a la mayoría de la sociedad civil.

El dilema

La posible formación de un Estado paralelo y cómo encarar el diálogo con el gobierno ya han sido motivo de fricciones dentro de las filas opositoras. Ahora lo que los divide es la inminente inscripción de candidatos para las regionales. Y el oficialismo ya se frota las manos.

“Quieren que caigamos rehenes del radicalismo y no participemos, y al no participar la van a hacer (la elección). Sería un error muy grave no participar”, opina Olivares.

Leopoldo LópezDerechos de autor de la imagenAFPImage captionLeopoldo López es uno de los principales líderes de la oposición pese a estar en la cárcel.

El diputado es partidario de dejar a un lado la desobediencia y el desconocimiento de instituciones, presentarse y poner al gobierno en la tesitura de suspender las elecciones, que deberían haberse celebrado ya en diciembre del año pasado, o hacerlas y arriesgarse a perderlas.

Disiente María Corina Machado, verso libre de la MUD. “El país no lo entendería”, dice, partidaria de seguir con la confrontación y la “salida del dictador”. Argumenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya no es confiable para ninguna elección.

“El régimen ha buscado generarnos dilemas, en muchos casos existenciales”, dice Luis Florido ante otro momento decisivo inminente para la MUD.

Luis FloridoDerechos de autor de la imagenAFPImage captionLuis Florido cree que el multiliderazgo tiene más ventajas que inconvenientes.

“La pregunta que tenemos que hacernos todos es si le vamos a entregar las 23 gobernaciones al oficialismo o si vamos a estar dispuestos a convertir la lucha de calle en una lucha electoral”, plantea el diputado.

“No se le pueden entregar las gobernaciones”, refuerza. Pero al mismo tiempo admite que sería (o será) difícil de explicar.

Su compañero de bancada Olivares dice que de eso se trata precisamente la política: “No es un decálogo de cosas fáciles”.

La decisión, trascendental, llegará en las próximas horas. “Lo que hagamos debemos hacerlo en conjunto, no puede haber una acción individual de nadie”, pide Florido.

“La unidad es nuestra principal fortaleza. Una unidad diversa, eso sí, pero unidad al fin”, recuerda ante una nueva prueba para el multiliderazgo de la oposición venezolana.

Por qué EE UU evita, hasta ahora, sancionar sector petrolero de Venezuela

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El gobierno de Donald Trump optó por imponer sanciones a funcionarios de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, antes que atacar los vitales ingresos petroleros del país. Según expertos, hay varios motivos para eso

Estados Unidos

02 DE AGOSTO DE 2017 07:31 AM | ACTUALIZADO EL 02 DE AGOSTO DE 2017 07:42 AM

Estados Unidos usó palabras duras para sancionar esta semana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachándolo de “dictador”. Pero hasta ahora evitó lo que sería un golpe mucho más severo a su gobierno: castigar el vital sector petrolero del país.

Según diferentes reportes, la imposición de algún tipo de penalidad contra la industria venezolana de crudo fue considerada por el gobierno de Donald Trump como una posible respuesta a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en ese país el domingo, proceso que Washington tildó de “farsa”.

Una sanción que limite o bloquee la importación de petróleo de Venezuela podría reducir drásticamente el flujo de dinero en efectivo que recibe el gobierno de Maduro, ya que EE UU es el principal comprador de petróleo venezolano.

El propio Trump había advertido en un comunicado el 17 de julio, aunque sin mencionar directamente al sector petrolero, que si la Constituyente se instalaba en Venezuela “Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas”.

Pero en el comunicado que emitió el lunes, Trump omitió la palabra “económicas” cuando dijo: “Prometí acciones fuertes y rápidas si el régimen avanzaba imponiendo la Asamblea Nacional Constituyente al pueblo venezolano, y cumpliré esa promesa”.

Lo que el Departamento del Tesoro anunció el mismo día fue una acción específica contra Maduro, a quien sumó a la lista de funcionarios venezolanos sancionados, congelando los bienes que tenga en EE UU y prohibiendo a cualquiera en este país realizar negocios con él.

Consultados por BBC Mundo sobre por qué Washington evitó sancionar al sector petrolero de Venezuela, funcionarios del Tesoro y del Departamento de Estado respondieron este martes por separado que todas las opciones están siendo consideradas.

Esto sugiere que el gobierno de Trump no descarta imponer en cualquier momento sanciones al sector petrolero venezolano.

Pero eso sigue sin ocurrir hasta ahora, como tampoco pasó durante los años de Barack Obama en la Casa Blanca, ni durante el gobierno anterior.

Y, según expertos, hay varios motivos para eso: desde cálculos económicos hasta riesgos políticos.

Impacto social

EE UU compró a Venezuela un promedio de 777.000 barriles diarios de crudo en los primeros cinco meses de este año, de acuerdo a cifras oficiales.

Esto equivale a más de US$30 millones por día, según el precio actual del barril, dinero que Caracas utiliza en parte para comprar alimentos y medicamentos que escasean en el país.

Como han advertido incluso miembros de la oposición venezolana, los efectos de un embargo petrolero al país se sentirían mucho más allá del gobierno de Maduro.

“Eso tendría un impacto en la pobreza en el país y haría aparecer a Estados Unidos como responsable del desastre económico allí”, dijo Roger Noriega, que encabezó la diplomacia de EE UU para América Latina durante el gobierno de George W. Bush, en diálogo con BBC Mundo.

No obstante, estimó que Washington puede endurecer las sanciones a Venezuela después que dos dirigentes opositores a Maduro, Leopoldo López y Antonio Ledezma, fueran trasladados a una prisión militar en la madrugada de este martes.

“Es más probable que miren medidas que hagan más difícil hacer negocios con (la petrolera estatal venezolana) Pdvsa y ahoguen los ingresos del régimen”, indicó Noriega.

Eso no solo afectaría los envíos de barriles de Venezuela a EE UU, sino que también impediría a Pdvsa comprar petróleo ligero a este país para diluir su propio crudo de exportación.

La posibilidad de prohibir la venta de petróleo ligero de EE UU a Venezuela había sido considerada por el gobierno de Trump en los últimos días.

Aunque el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, insistió el lunes al anunciar las sanciones contra Maduro que seguirán revisando todas las opciones, aclaró: “Nuestro objetivo es no hacer nada que lastime al pueblo de Venezuela”.

Luego del anuncio, Maduro dijo estar “orgulloso” de las sanciones que le aplicó el gobierno de Trump, que a su entender “expresan su impotencia, su desesperación, su odio”.

El dilema

Claro que EE UU también tendría que pagar un precio por castigar a Venezuela donde más le duele.

Una prueba de ello fue la suba del precio del crudo el lunes, cuando alcanzó su mayor nivel en dos meses ante la perspectiva de que EE UU sancionara a la industria petrolera venezolana.

La posibilidad de ese tipo de penalidades por parte de EE UU ha existido desde que el fallecido Hugo Cávez llegó al gobierno en Venezuela en el cambio de milenio, “pero nunca fue una opción seria sobre la mesa hasta ahora”, dijo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington.

“Algo que afecte al sector petrolero (de Venezuela) sería un golpe para el gobierno, sin duda. Pero si esto generaría un proceso para cambiar el régimen y mirar a una transición, no está para nada claro”, indicó Shifter a BBC Mundo.

Hasta ahora Washington ha dicho que trabaja con otros países de la región frente a la crisis venezolana, pero cualquier sanción suya al sector petrolero podría verse como un intento de mover el tablero de forma unilateral, mientras el gobierno de Maduro lo acusa de querer desestabilizarlo.

“Maduro aprovecharía la medida para movilizar su base política e imagino que muchos aliados (de Washington) no estarían muy entusiastas con esa idea tampoco, entonces crearía más distancia entre Estados Unidos y otros socios con respecto a cómo tratar el tema de Venezuela”, sostuvo Shifter.

Javier Corrales, un profesor de ciencia política en Amherst College de EE UU y coautor del libro “Un dragón en el Trópico: el legado de Hugo Chávez en Venezuela”, advirtió que a EE UU le “podría salir el tiro por la culata” si aumenta demasiado la presión sobre Caracas.

“Saben que castigar mucho a Venezuela, sobre todo en términos comerciales, pudiese beneficiar a China o inclusive a Rusia”, dijo Corrales a BBC Mundo, indicando que ambos países ya tienen vínculos con el gobierno de Maduro.

Recordó además que el propio Trump hizo su campaña prometiendo ayudar al sector petrolero tradicional en EE UU, que tendría que ajustarse ante un eventual corte del petróleo venezolano.

Y aunque una sanción petrolera a Venezuela implicaría un revés duro para su gobierno en términos económicos, los expertos dudan del efecto que tendría desde el punto de vista político.

“Lo que sí sabemos los politólogos es que las crisis económicas no desestabilizan las dictaduras automáticamente, a veces inclusive las fortalecen”, dijo Corrales. “Ese es el dilema que tenemos entre EE UU y Venezuela”.

4 claves para entender el proceso y las funciones de la Constituyente

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La nación petrolera entra en un periodo de incertidumbre y BBC Mundo analiza cuatro incógnitas sobre el complejo proceso

ANC

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  ¿Qué pasará ahora con la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela?

Por DANIEL GARCÍA MARCO BBC MUNDO, CARACAS

31 DE JULIO DE 2017 07:20 AM | ACTUALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2017 07:26 AM

Venezuela entra este lunes en una nueva fase política: una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados, duración desconocida y con la misión de redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

Este domingo se eligieron a las 545 personas que se reunirán para dar inicio a una nueva era en el país tras 18 años de que el entonces recién elegido presidente Hugo Chávez promoviera una nueva Carta Magna.

Aquel texto supuso el final de la Cuarta República y el inicio de la Quinta.

Pero esta vez el gobierno enfrenta una severa crisis económica y un conflicto político que se ha traducido en más de cuatro meses de protestas, casi 120 muertos y un enfrentamiento directo con la oposición.

El gobierno de Nicolás Maduro cree que la Constituyente es la llave para la paz y el diálogo, pero la oposición no la reconoce por fraudulenta y no participó en la elección; el nuevo suprapoder, aseguran, permitirá al gobierno perpetuarse y acabar con las voces críticas.

La nación petrolera entra en un periodo de incertidumbre y BBC Mundo analiza cuatro incógnitas sobre el complejo proceso.

1. ¿Cuándo y dónde se instala?

Este es el Salón Elíptico del palacio legislativo de Venezuela donde funcionará la Asamblea Nacional Constituyente |  Getty Images

Según el reglamento, la Asamblea Constituyente se instalará en el plazo de 72 horas tras la elección.

“Se estima que el 2 de agosto, el 3 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente esté instalada”, dijo el presidente Nicolás Maduro en días pasados.

“Es en el lapso de 72 horas, pero pueden ser 20 o 48”, dijo este domingo Diosdado Cabello, alto cargo del partido gobernante y desde este domingo, miembro de la Asamblea Constituyente.

No es cuestión menor dónde se instala. Será en el Salón Elíptico del palacio legislativo, en el mismo edificio y justo enfrente del hemiciclo donde sesiona la Asamblea Nacional, el Parlamento, de mayoría opositora.

“Va a ser un pleito visual agudo”, dice el analista estadounidense David Smilde, experto en Venezuela, sobre el posible enfrentamiento.

En los últimos diez meses simpatizantes del gobierno irrumpieron de manera violenta en dos ocasiones en el palacio en contra de la bancada opositora.

“Será una señal de los dos gobiernos”, dijo a BBC Mundo el diputado opositor Richard Blanco sobre la duplicidad de instituciones.

En el edificio del parlamento venezolano funcionarán las dos asambleas | Getty Images

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló las decisiones de la Asamblea, a la que considera en desacato. La Constituyente podría disolver el Parlamento, aunque también podría haber una cohabitación.

El Salón Elíptico tiene un gran valor simbólico y artístico. Algunos la llaman la Capilla Sixtina de Venezuela.

Como si fuera una foto panorámica, sobre la cúpula oval de 26 metros de largo se encuentra la representación pictórica de la Batalla de Carabobo, del pintor Martín Tovar y Tovar.

La propia Acta de Independencia se encuentra allí, guardada en un cofre que sólo se abre una vez al año.

2. ¿Cuánto dura?

La Asamblea Nacional Constituyente será la encargada de reformar la Carta Magna | Getty Images

Es una pregunta de imposible respuesta en este momento. La propia Constituyente será la que lo decida.

El precedente más próximo es la Constituyente de 1999. Entonces, en tres meses y medio los 131 miembros cerraron el proceso de la nueva Constitución, que se aprobó en referendo poco después.

“Creo que en general, por lo que he escuchado, hay la tesis de que dure un año”, dijo en una reciente entrevista con BBC Mundo Hermann Escarrá, uno de los ideólogos de este proceso impulsado por el gobierno.

“Son hipótesis. Pero en realidad eso lo decide la Asamblea Constituyente”, dijo Escarrá, que recordó que la Constituyente redactará no solo la nueva Carta Magna, sino “leyes constitucionales” de obligado cumplimiento.

3. ¿Qué va a hacer?

La Constituyente tiene poderes ilimitados y está por encima de cualquier otra institución del Estado, incluido el propio presidente.

Eso hace que sea relevante quién la preside: puede haber una gran diferencia entre si lo hace alguien afín a Maduro, como su esposa, Cilia Flores, o si lo hace alguien que esté dispuesto a imponer su criterio por encima del jefe de Estado, como por ejemplo Diosdado Cabello.

Venezuela lleva cuatro meses de protestas que dejaron más de 100 personas muertas | Getty Images

El artículo 349 de la actual Constitución establece que los poderes constituidos “no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente” y que el presidente de la república no podrá objetar la nueva Constitución.

Maduro, que interpretó que no era necesaria una consulta popular previa para ver si los venezolanos deseaban una Constituyente, como sí sucedió en 1999, propuso un referendo para aprobar la nueva Carta Magna.

Pero de nuevo será la Constituyente la que tendrá la decisión en su mano.

Las funciones ya declaradas son la reforma de la justicia para combatir con mayor dureza el “terrorismo”, término con el que el gobierno califica a las acciones de parte de la oposición, y la de un sistema económico completamente dependiente del petróleo, una fuente de ingresos que ya no genera las divisas de antaño.

Nicolás Maduro amenazó con disolver la Asamblea legislativa tras la Constituyente | Getty Images

Maduro y otros líderes del oficialismo que estarán en la Constituyente ya han anunciado la posible disolución del Parlamento, controlado por la oposición, y la reforma del Ministerio Público.

“Ya es pasado”, dijo el domingo Jorge Rodríguez, peso pesado del partido gobernante, sobre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Ortega, que se declara chavista, se ha convertido en el mayor azote del gobierno y se espera que su destitución sea una de las primeras medidas.

Además, se prevé que la Constituyente tome decisiones clave para el avance hacia un Estado comunal que ahonde en el socialismo y revise los acuerdos de empresas mixtas públicas y privadas para la explotación de hidrocarburos.

4. ¿Y qué va a hacer la oposición?

“Calle, calle y más calle”, dijo a BBC Mundo este domingo el diputado opositor Richard Blanco.

La oposición ha emprendido un camino para el que no ve retorno. Seguirá peleando en diversos ámbitos para propiciar un cambio de gobierno, al que considera responsable de la severa crisis económica y al que acusa de haberse convertido en una “dictadura”.

No reconoce la Constituyente ni participó en la elección del domingo, pero ahora enfrenta un difícil desafío debido al gran número de disímiles fuerzas políticas que componen la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La votación de este domingo para elegir a la Asamblea Constituyente se convirtió en uno de los días más violentos desde empezaron las protestas provocando la muerte de una decena de personas | EPA

La próxima semana, de 7 al 9 de agosto, se abre el plazo de inscripción para candidatos a las elecciones regionales, previstas para el 10 de diciembre.

¿Habrá una respuesta unitaria? ¿Habrá partidos que busquen luchar desde la nueva institucionalidad de la Constituyente? ¿Seguirán en la desobediencia civil y en el no reconocimiento de los poderes?

“La fragmentación de la oposición puede agudizarse a partir del lunes”, dijo a BBC Mundo el consultor político Edgard Gutiérrez.

La oposición, con el apoyo de numerosos países que desconocen la Constituyente, puede ahondar en proclamar sus propias instituciones, como ya ocurrió al nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y establecer las bases de un gobierno de unión nacional.

Se entraría, en ese momento, en un Estado paralelo que ahondaría en la división entre las dos Venezuelas.

¿Qué es la “hora cero” y qué cambia en Venezuela la consulta popular?

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Con una participación masiva en la consulta del domingo de 7,2 millones, la oposición asegura que comienza una nueva etapa en la lucha contra el gobierno. Le pide que escuche y rectifique. Si no, se vislumbra más tensión en un país que registra ya tres meses y medio de protestas y casi 100 muertes

Hora Cero

EFE

Rectores de universidades venezolanas hablan al público tras el plebiscito convocado por la oposición. Al fondo, la cifra exacta de participación

17 DE JULIO DE 2017 11:17 AM

¿Y ahora cómo continúa el conflicto político en Venezuela?

Respaldada por los 7,2 millones de personas (de un total de 19,5 millones de habilitados para votar) que respondieron al llamado contra el presidente Nicolás Maduro y a favor de unas elecciones libres y un gobierno de unión nacional, la oposición asegura que la lucha entra ahora en una nueva etapa.

A la espera de que este lunes se anuncien las decisiones del liderazgo opositor tras la consulta autogestionada del domingo, el diputado José Manuel Olivares abrió la posibilidad de concederle un breve tiempo al gobierno para la reflexión.

El líder opositor Henrique Capriles le exigió al gobierno que cancela la Asamblea Constituyente

Mientras, el líder opositor Henrique Capriles, doble candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, fue exigente y directo en su reclamo.

“Tras esta contundente manifestación pacífica, constitucional y democrática, lo que debería hacer Maduro es cancelar la Constituyente en las próximas horas”, afirmó el domingo.

Las tres preguntas planteadas en la consulta popular:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?

Sin embargo, a tenor de las declaraciones del gobierno, no parece factible que eso vaya a suceder.

El diputado oficialista Héctor Rodríguez tildó de “fracaso” la consulta popular. El ministro de Información, Ernesto Villegas, la llamó “encuesta”; y el presidente Maduro, “consulta interna”. Todos ellos aseguraron que el simulacro de la elección de la Asamblea Constituyente del 30 de Julio, que se celebró también el domingo fue un éxito.

Unos instan a los otros a escuchar las calles, pero oposición y gobierno no parecen dispuestos a escucharse mutuamente.

Por ello, los intentos de negociación y los reclamos de Capriles y otros no parecen realistas.

En el caso ya previsto de que no haya acercamientos, la oposición tiene planteada la llamada “hora cero”.

Hasta el momento apenas se dieron detalles de qué es, pero a la espera de los anuncios de este lunes, hay pistas. Y no son esperanzadoras en un país que lleva tres meses y medio de protestas y con casi 100 muertos.

La última víctima cayó el domingo: una mujer abatida cerca de un punto de votación presuntamente por los disparos de unos motorizados que la oposición califica de “paramilitares del gobierno”.

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, vota en Plaza Brión de Chacaito, en Caracas

“Es de esperar una escalada de conflicto político al nivel más alto de los últimos 18 años: la hora cero”, afirmó en televisión la noche del domingo Edgard Gutiérrez, encuestador y consultor político cercano a la oposición.

“La hora cero no es fácil y podría provocar la radicalización del lado oficial. Serán días difíciles”, presagió Gutiérrez, sin dar más detalles.

“La hora cero es calle para defender un mandato popular, para defender la voluntad soberana, que radica en el pueblo”, dijo el diputado Olivares sin precisar en qué se diferenciará de esa presencia en las calles que ya es constante desde que a finales de marzo dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quitara poderes a la Asamblea Nacional, el parlamento, de mayoría opositora.

Precisamente la oposición logró en su consulta casi tanto apoyo en número que en la votación oficial de las legislativas de 2015, donde triunfó con 7,7 millones de votos.

Desde entonces y hasta este domingo no había habido en Venezuela ningún otro proceso electoral: el Comité Nacional Electoral (CNE) suspendió el referendo revocatorio al mandato de Maduro el año pasado. Los comicios regionales, que deberían haberse celebrado en diciembre de 2016, se pospusieron hasta este próximo diciembre.

Más presión

Otro diputado opositor, Miguel Pizarro, insiste en la idea de mantener las protestas en la calle, pero no sólo eso.”Parte de lo que viene ahora es aumentar la presión de calle, institucional e internacional”, dijo uno de los jóvenes líderes opositores más pujantes, que cree que la consulta y la participación les da mayor legitimidad en su lucha.

Impedir la Asamblea Constituyente se ha convertido en una “lucha existencial” para la oposición, que considera que si se instala, la Constituyente, con poder absoluto y controlada por el oficialismo, ahogará las pocas ventanas de combate que le quedan.

Se inicia por tanto una cuenta atrás en la que no sólo habrá más protestas callejeras o presión internacional.

En la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y que pronto podría ser disuelta por la plenipotenciaria Constituyente, hay previstas importantes decisiones.

“Vamos a nombrar a los magistrados del TSJ que nos corresponden y a los dos rectores del CNE (Consejo Nacional Electoral) con mandato vencido”, avanzó Olivares sobre las funciones del parlamento recogidas en la Constitución.

Dos Estados

Esas decisiones serán seguramente anuladas por el TSJ, que considera al parlamento en desacato, pero acelerarán la deriva que se percibe en las últimas semanas: la formación de un “paraestado”, como lo llama el gobierno, o un Estado paralelo.

Como resultado de la lucha de poderes y del desconocimiento que permite el artículo 350 de la Constitución, en Venezuela en este momento ya hay dos vicefiscales generales. Y el país está pendiente de una posible destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, ahora enemiga del gobierno.

Ortega, que no reconoce a la vicefiscal que le impuso el TSJ ni al alto tribunal, no parece que vaya a ceder su sillón en caso de que sea destituida en un extraño proceso.

La fiscal considera ilegítimos a varios magistrados del TSJ que serían ahora renovados por el parlamento.

En agosto, cuando se forme la Constituyente plenipotenciaria, sesionará en el mismo edificio que la Asamblea Nacional sobre la que pende la amenaza de la disolución.

En definitiva, una duplicidad de mandatos y poderes y un desconocimiento mutuo que puede llevar la tensión en Venezuela hasta casi el punto de ruptura.

Cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en Venezuela

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A través de los testimonios de tres detenidas en la ciudad de Valencia, BBC Mundo reconstruye cómo son los procesos militares a civiles que la oposición, ONGs y hasta la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, han criticado por “inconstitucional”

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Cortesía de BBC Mundo

Civiles están siendo puestos a disposición de la justicia militar, algo que muchos consideran inconstitucional

06 DE JUNIO DE 2017 08:30 AM | ACTUALIZADO EL 06 DE JUNIO DE 2017 08:55 AM

Cristina, Laura y Ana ya no pueden protestar. Si acuden a una marcha de la oposición contra el gobierno de Venezuela, serán detenidas.

Sopesan ir el fin de semana a la playa en una “operación encubierta”, porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que un baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel.

Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

El 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas.

Su delito: participar en una de las miles de protestas en contra del gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela.

Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Esta medida fue la primera en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones.

En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos.

“Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución”, dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado en contra el gobierno, en este momento.

“Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos”, aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta en contra del gobierno.

Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional.

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

“Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio”, recuerda Cristina.

“Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior”, relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

“Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé a dónde me llevan”, cuenta.

En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. “Bienvenidos a su nueva casa”

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

“Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez”, dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013.

Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

“En este comando Chávez vive”, se lee en un gran cartel a la entrada.

“Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez”, dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

“Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas”, cuenta.

“Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'”, recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor.

Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos.

No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

“Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres”, constata Laura.

“No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien”, acota Ana.

3. La audiencia

Tras más de 24 horas en el destacamento, la noche del martes 16 de mayo comenzó la audiencia en el comedor, adonde llegaron en fila, sujetando los hombros de quien les antecedía.

“Un guardia me dijo: ‘Eres guarimbera (manifestante), no vas a salir de aquí'”, recuerda Cristina.

En dos filas, los 19 detenidos se presentaron ante la jueza militar Luz María Santafé Acevedo.

Esa vez no hubo guardias armados con fusiles, como sí sucedió en las primeras visitas, según cuenta Luis Armando Betancourt, coordinador en Carabobo de la ONG Foro Penal Venezolano, que ha defendido a los manifestantes en estas audiencias.

Los tres fiscales les imputaron a los 19 los mismos cargos: vilipendio, instigación a la rebelión y ultraje al centinela.

“Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino para justificar que los civiles sean juzgados en tribunales militares.

Y el Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución vigente, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos por civiles.

“La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo en mayo el ministro del Interior, Néstor Reverol, para defender el Plan Zamora en el estado Carabobo.

Pero el artículo 261 de la Constitución de 1999 dice que la jurisdicción militar sólo es válida para los militares.

Una vez leídos los cargos en Ciudad Chávez, cada uno de los 19 fue entrando de nuevo en la sala para responder a las preguntas de fiscales y abogados.

Pero la luz se fue y la audiencia se aplazó. Y lo que en principio generó desesperación terminó siendo una ventaja.

El grupo se favoreció de que era gente muy conocida en redes sociales y de que contaban con familias influyentes en Valencia.

Mientras los 19 pernoctaban en un cuarto aún más pequeño que el primero, y sin saber cuánto más tiempo estarían detenidos o si la juez decretaría una privación de libertad de 45 días, se sucedían las llamadas.

“Ese día nos dijeron que salíamos”, recuerda Cristina. Era ya miércoles 17 de mayo.

“El comandante dijo: ‘Todos ustedes van a salir, ya me tienen harto, me ha llamado gente que ni puta idea conozco'”, recuerda con detalle.

Por la noche se reanudó la visita y al final, ya en la madrugada del jueves 18, la jueza ordenó medidas cautelares y la libertad.

4. Las consecuencias

Ahora las tres jóvenes y sus 16 compañeros se deben presentar cada cinco días en un cuartel militar, no pueden salir del país ni del estado Carabobo ni participar en manifestaciones.

Cristina recuerda haber visto hace unos días una camioneta del servicio de inteligencia a su espalda. Cree que la siguen.

“Ese terror queda sembrado en ellos. El terror está ahí”, lamenta Betancourt.

Pese a todo, Ana, Laura y Cristina tuvieron suerte. En la verja del destacamento de la Guardia Nacional de Ciudad Chávez el miércoles 31 de mayo había tres madres.

Sandra, serena, le llevó comida a su hijo, que llevaba detenido en el retén 25 días. Lo acusan de participar en saqueos y de robar dos cajas de cervezas. “Mi hijo dice que ni se las bebió”, bromea su madre.

A su lado, una señora mucho más mayor, llora. Dice que a su hijo lo golpearon cuando denunció que no pudo verla el Día de la Madre.

Otra grita desconsolada. Ha escuchado que su hijo será trasladado a una cárcel.

“Uribana”, le grita el guardia nacional que conduce la camioneta que lo traslada. Es el nombre de una prisión en Barquisimeto, a 220 kilómetros de Ciudad Chávez.

Allí, como muchos otros, esperará una nueva audiencia militar que determinará si hay o no juicio.

“Entrar a una prisión de esas es como perder la vida”, dice el abogado Betancourt.

Esa perspectiva genera temor. “A mis amigas sus padres les prohíben salir a las marchas”, afirma Laura. “Carabobo se apagó después de esto”, añade apenada Cristina.

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