Categoría: Denuncia

Detalles de la “Masacre de Barlovento”, revelan lo macabro de la “Operación Rondón”

 

La denominada operación realizada por la FAN, fue revelada tras investigación del Ministerio Público y su ex titular Luisa Ortega Díaz



El lado criminal y perverso también viste de uniforme. Aquel glorioso Ejército Libertador, que libró batallas para convertir una colonia en un país, ha visto como sus integrantes perdieron todo respeto por la vida e ingresaron a la penosa lista de sujetos que violan los derechos humanos de sus semejantes.

Lo ocurrido a partir de la detención de más de 20 jóvenes de sexo masculino el 15 de octubre de 2016, en las poblaciones de El Café en Barlovento, Capaya y Aragüita, todas en el estado Miranda, por parte de la disfrazada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), disfrazada porque detrás estaba oculta la llamada “Operación Rondón”, fue una verdadera carnicería de ciudadanos venezolanos, que como dice nuestra constitución, debieron ser juzgados, si habían cometido algún delito, no ajusticiados.

Aprehensiones en la calle y allanamientos a moradas sin órdenes, fueron las constantes acciones ese día y en lo sucesivo. De esos registros, no sólo se llevaban detenidos a estos jóvenes, sino, que de estas casas robaban dinero, electrodomésticos, camas, sillas, y lo que tenían escrito en el guión.

Sí, en el guión de las órdenes superiores, pues luego de estos ultrajes y secuestros, habilitaron una casa en el propio sector El café de Barlovento para utilizarla como “Fuerte militar”. Todo estaba planificado. Una vez arrestados los hombres por efectivos del Ejército, que provenían del estado Sucre y que por ende no conocían la zona, comenzaron a torturar a los detenidos, según la fuente fiscal que dio los detalles.

“Utilizaban un cuarto al cual le quitaron parte del Zing y les lanzaban bombas lacrimógenas, luego le colocaban la lamina de Zing, para que se ahogaran dentro”, explicó el funcionario del Ministerio Público.

Los efectivos del Ejército tomaron fotos a los aprehendidos. Los colocaban de espalda a una pared cual reseña policial, reseña fotográfica que no sabían hacer porque no están entrenados para eso. No es cualquier fotografía.

Los investigadores de la fiscalía dieron con las fotos y después de un trabajo en el laboratorio de criminalística y el posterior allanamiento a la casa en El Café, determinaron cual había sido la pared en la que les tomaron las fotos a los jóvenes y así determinaron el sitio donde los habían mantenido con vida después de arrestarlos.

Las indagatorias arrojaron que, entre las lacrimógenas y las palizas propinadas a los jóvenes, uno de ellos murió frente a los demás, por lo que los militares venezolanos habrían decidido dar muerte al resto. Estaba en marcha la fase más abominable de la “Operación Rondón” de la FAN.

En medio de esto, los días continuaban pasando, los familiares preocupados comenzaron a buscar a sus familiares. Les dijeron que estaban en el destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café. Allí llevaron ropa, comida pero, nunca los vieron. Nunca volverían a tenerlos consigo.

Los oficiales que estaban en esa comisión del Ejército, volvieron a su lugar de origen, el estado Sucre, inclusive algunos eran de Güiria, lugar bastante distante de donde ocurrieron los hechos. Con razón al ser interrogados, desconocían por completo el lugar de los hechos.

El Ministerio Público obtuvo los nombres de los militares que estuvieron en Barlovento. De ellos, algunos salieron de permiso pocos días después de su regreso. Los fiscales les hicieron seguimiento pesquisando sus teléfonos celulares. Siempre habrá detalles que se conviertan en cabos sueltos, es que no hay crimen perfecto.

Mientras se realizaban estos seguimientos por los sabuesos fiscales, un joven apareció vivo con una herida por arma de fuego. “Se salvó, el día que intentaron asesinarlo, cayó al río”, contó la fuente. Lo protegieron y dio pistas importantes.

Se fueron generando interrogatorios a los funcionarios. Nadie “soltaba prenda”. Hasta que apuntaron a uno que en su celular no tenía llamadas recibídas, pero no llamaba, no enviaba mensajes de texto y esto generó la suspicacia de quienes investigaban. “Caramba este sujeto se cuidó tanto?” se preguntó unos de los que estaba detrás de las desapariciones.

Todo era muy extraño con este militar. Los interrogatorios se centraron en él.

Cuál fue la sorpresa de quienes preguntaban sobre la mesa de madera en el Ministerio Público, el militar activo del Ejército no sabía leer ni escribir, era analfabeta, pero en octubre portaba un arma de guerra arrestando personas en el estado Miranda.

Tras la presión de los fiscales, bingo, el militar habló.

“Doctor, esos tipos están muertos”.

El hombre comenzó a confesar lo que habían hecho con los detenidos en El Café, Capaya y Aragüita. Los asesinaron de la forma más vil y sin escrúpulos.

Dio los detalles.

Condujo a los fiscales y al CICPC hasta una arenera abandonada en El Café, estado Miranda, el 18 de noviembre de 2016 a las 12 de la noche. En el lugar una fosa con dos cuerpos, cada uno con tiros de gracia en la región cefálica. Uno de los cuerpos, tras recibir el proyectil en la cabeza cayó junto al otro, en el hueco que los militares realizaron un día antes.

Tras disparar y dar muerte a los dos hombres comenzaron, con palas, a lanzar arena y piedras sobre los cuerpos. Lo militares se percataron que el segundo cuerpo había caído a la fosa dejando los pies afuera. No lo movieron, con mucha frialdad cortaron los pies y los colocaron dentro del hueco.

El militar delator, que además era cocinera en su cuartel en el estado Sucre y que llegó a ingresar al Ejército sin saber leer ni escribir, por la “palanca” de un tío, llevó a las comisiones fiscales y del cuerpo de investigaciones científicas a otra fosa donde estaban enterrados otros cuerpos.

Esta vez, fueron hacía el Parque Nacional Guatopo, vía Aragüita.

Allí encontraron 10 cuerpos más. Pero, cómo 10 personas se dejan asesinar sin reaccionar, sin hacer ruido, sin forcejear?

El militar explicó el modus operandi. Bajaron a uno de los jóvenes de una camioneta Toyota chasis largo y al resto los dejaban dentro, subían la música a todo volumen. Todos tenían la cara tapada.

Al que bajaban del vehículo, lo arrodillaban frente a la fosa que había cavado y para no dejar rastros por utilizar armas de fuego, le asestaban un golpe con un machete en el cuello. Así no dejaban rastros de pólvora que después dieran positivo con el análisis de trazas de disparos (ATD).

Así fueron asesinando uno a uno, hasta acabar la maniobra criminal. Las autopsias revelaron que muchos de las personas asesinadas, una vez en la fosa, aún permanecían con vida y se ahogaron cuando los militares arrojaron la tierra para tapar la fosa.

Ocho de los muchachos y hombres arrestados aquel 15 de octubre de 2016 fueron liberados. Cinco permanecen desparecidos. Ninguno tenía antecedentes penales. Por qué se les mató?.

  • Fernando Tineo
    07/12/2017 – 4:59PM
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AN: La Fuerza Armada tolera presencia de paramilitares y mafias en el Arco Minero

 2017-12-07 07_53_35-AN_ La Fuerza Armada tolera presencia de paramilitares y mafias en el Arco Miner

Informe final de la comisión mixta que investigó daños ecológicos, sanitarios, sociales y de soberanía a raíz de la creación del Arco Minero del Orinoco, determinó que ese proyecto es insustentable y atenta contra el frágil ecosistema amazónico.

Caracas. El incremento de la presencia de grupos armados irregulares y mafias de la minería ilegal en el eje de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro es apenas una de las consecuencias negativas de la aprobación del decreto presidencial que creó el Arco Minero del Orinoco.

La decisión ejecutiva, que fue desaprobada en junio de 2016 por la Asamblea Nacional (AN), ha traído daños ambientales irreparables con su respectivo impacto en la salud de los habitantes del sur del país.

Así lo determinó la comisión mixta del Parlamento para el estudio del impacto del Arco Minero, creada en esa oportunidad y presidida por el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar). La instancia parlamentaria aprobó esta semana su informe final, luego de un año y medio de investigaciones, visitas in situ y asesoramiento con expertos en derecho ambiental y desarrollo sustentable.

El informe debió ser discutido este martes, pero fue diferido para la semana entrante. No obstante, Crónica.Uno tuvo acceso al documento, que entre otros aspectos, denuncia la presunta actitud complaciente de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado no solo frente a la devastación del territorio, sino frente a la actuación impune de grupos irregulares.

Cómplices y complacientes

Elecciones
Américo de Grazia (Causa R), presidente de la comisión mixta que investiga el Arco Minero del Orinoco

Advierten los diputados que la minería está causando estragos en la cuenca del río Atabapo, ubicada en el Parque Nacional Yapacana, “el cual viene siendo destruido ante la mirada complaciente de la fuerzas de seguridad”.

El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció ante la comisión la presencia “de 4000 miembros de la guerrilla de Colombia en Amazonas”. Los diputados sostienen en el informe que se trata de “un auténtico ejército de ocupación que participa en control de actividades mineras sin que las Fuerzas Armadas cumplan con sus funciones de resguardar la soberanía, que le ordena la Constitución, e incluso con complicidad de esta”.

El informe alerta a la junta directiva de la AN y a la opinión pública: Estamos en presencia de la cesión de soberanía, corriendo el peligro, que suceda la experiencia del territorio Esequibo a cuya reclamación histórica, el gobierno y la Fuerza Armada Nacional han renunciado de facto. Se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad.

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Además, denuncian que con el decreto 2.231 del 10 de febrero de 2016 que crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) el gobierno de Nicolás Maduro “trata de implicar a la Fuerza Armada en negociados mineros para hacerlos cómplices y socios en la corrupción”.

La comisión concluye que “la Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las FARC, el ELN, y otros grupos paramilitares procedentes de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”.

Oro versus agua

La masacre de Tumeremo (Bolívar), ocurrida en marzo de 2016, fue consecuencia de un enfrentamiento entre mafias del oro

La comisión informa que “Venezuela no aparece en ningún ranking internacional como importante productor de oro; de hecho, no está ni siquiera entre los 25 países más productores de este mineral en el mundo, y nunca lo ha estado”.

Asimismo, sostiene que la participación del oro en el Producto Interno Bruto “es ínfima, al igual que el coltán, que de manera engañosa promociona el Gobierno en su exagerada predica rentista y extractivista”.

Alertan a la comunidad nacional e internacional que si bien Venezuela posee recursos mineros, estos no se registran en la dimensión que ha querido vender el Ejecutivo “en una especie de delirio aurífero, creando falsas expectativas”.

Sin embargo, la comisión afirma que el territorio venezolano y principalmente el sur del Orinoco posee la onceava reserva de agua más grande del mundo. Reserva que se ve amenazada por la deforestación indiscriminada a través de la minería. “El agua es fundamental en el presente y el futuro para el país y el planeta, mucho más importante que la minería, actividad depredadora por naturaleza”, dice el documento.

Tepuyes amenazados

La comisión mixta ratifica que todas las áreas bajo régimen de administración especial del sur del Orinoco (parques nacionales, monumentos naturales, tepuyes, reservas forestales, zonas protectoras) se encuentran amenazadas por las distintas formas de minería, legal e ilegal y afirman que la llamada “minería ecológica”, no existe y forma parte de la propaganda y oferta engañosa del Gobierno.

Además concluyen que el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente, el primero de América Latina creado en 1977, y su reemplazo por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua “ha reducido su capacidad técnica y de planificación ambiental”.

Con respecto a la situación de los pueblos indígenas, el informe sostiene que “el Gobierno utiliza sus carencias y necesidades económicas, para ofrecerles [a los militares] participación en actividades mineras con el propósito de implicarlos en sus políticas, creando cabezas de playas mineras en las áreas protegidas. Aseguran que la precariedad e insalubridad con que se practica la minería ilegal ha causado un alarmante repunte de “Malaria, Dengue, Zika, Sida, desnutrición, Sarampión, Difteria, Tuberculosis y hambre, en los pueblos indígenas de Venezuela”.

Insustentable

El informe es tajante al afirmar que el Arco Minero es “un proyecto insustentable, que atenta contra la fragilidad del ambiente, las reservas de agua, los bosques tropicales, la biodiversidad, paisajes prístinos, y la energía sustentable representada en los bloques de represas estratégicas de la cuenca del río Caroní que surten de energía hidroeléctrica a más del 65 % de la población venezolana”.

No dudan los diputados en referirse al proyecto gubernamental como “El Arco del Paraíso Fiscal Minero” y acusan a Nicolás Maduro de haber “profundizado la criminalidad en todo el Estado Bolívar, el enfrentamiento y rivalidad entre pranes, fuerzas armadas, y mineros, aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil, crisis sanitarias, y endeudamiento estatal”.

La comisión

Comisión especial para realizar un seguimiento a los probables efectos de los proyectos y actividades mineras en el sur del Orinoco se creó el 14 de junio de 2016. Está presidida por Américo De Grazia e integrada por Julio Cesar Reyes (vicepresidente), Gladys Guaipo, Francisco Sucre, Carlos Andrés González, Luis Parra, Ezequiel Pérez, María Gabriela Hernández, Luis Silva y Romel Guzamana. Desde su creación, la comisión ha realizado visitas in situ a la Gran Sabana y los municipios Sifontes, Roscio, El Callao, Piar, Angostura, Sucre y Cedeño.

Los asesores de la comisión mixta fueron:

  • Alexander Luzardo Nava, exsenador y expresidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del Senado del extinto Congreso Nacional; autor intelectual de las normas ambientales de la constitución de 1999, corrector de la Ley penal del ambiente 1992 y autor del Proyecto Original de la Ley Orgánica de comunidades y pueblos indígenas de 1987-88, y partícipe del “Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y La Amazonia Venezolana”.
  • Edgar Yerena, profesor de la Universidad Simón Bolívar y el ex asesor de la comisión ambiental del extinto Senado de la República, miembro de la Unión Internacional de la Naturaleza.
  • Frank Bracho, ex embajador de Venezuela en la India y experto internacional.
  • Otto Hubber, profesor y experto ecólogo de renombre internacional sobre Guayana y la Amazonia Venezolana.
  • Enrique Colmenares Finol, exministro de Ambiente.
  • Arnoldo Gabaldon, exministro de Ambiente.

Fotos: Cortesía | Archivo Crónica.Uno

¡Alerta! Brote de Malaria se extiende sin control

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En Venezuela un brote de malaria se propaga sin control. Una avalancha sin escondite para las comunidades con más infectados. Miles de personas acuden diariamente a centros de salud para someterse a un tratamiento o confirmar la sospecha de que deben ser medicados ante la epidemia.

La malaria ha aumentado con el auge de la minería ilegal en Bolívar, donde hasta el 21 de octubre se registraron 206.240 casos. Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Apure, Guárico, Anzoátegui, Barinas y Miranda son otras entidades en las que la amenaza está latente.

El caraqueño César Guzmán, de 20 años, es una de las víctimas de la malaria. Se contagió de malaria falciparum, uno de los tres tipos que da en Venezuela, en una de las minas de Bolívar, cuando trabajaba por la “fiebre del oro” para cubrir las necesidades de su esposa y dos hijos ante la crisis económica. A su corta edad le ha tocado preocuparse más por la comida que llevará a su casa que por disfrutar su juventud.

En los meses que estuvo en la región fue diagnosticado y medicado. Cuando volvió a Caracas no sentía malestar por la enfermedad; sin embargo, su pesadilla no había terminado. En su retorno a la capital, Guzmán volvió a presentar los síntomas que sufrió en la primera ocasión. Recayó por segunda vez.

Tratamiento a medias

Venezuela tiene las condiciones de temperatura y humedad precisas para que el parásito que produce la malaria, transmitido por la picada de un zancudo, prospere y viva por un lapso de tiempo mayor al habitual, explica Óscar Noya González, investigador del Instituto de Medicina Tropical y coordinador del Centro para Estudios sobre Malaria del Instituto de Altos Estudios en Salud “Doctor Arnoldo Gabaldón” de la UCV.

Noya destaca que existen cinco tipos de paludismo, de los cuales vivax, falciparum y malariae se hallan en el país.

“Un mismo mosquito puede llevar dos parásitos. Son casos excepcionales en los que una persona puede tener las tres especies. El tratamiento es distinto para cada uno. No se pueden tratar de forma similar. Vivax deja una semilla en el hígado y es el único que necesita primaquina, (un medicamento indispensable para tratarlo). En las otras especies solo es necesario destruir al parásito que vive dentro del organismo”.

Noya reveló, en una entrevista para El Nacional Web, que debido a la escasez de medicamentos hay pacientes que no pueden ser tratados.

“Llevo casi un mes que no recibo primaquina. Hemos agotado la asistencia de medicamentos. Hay dos centros en Caracas que cuentan con medicinas, la Zona 10 de malariología de El Cementerio y el Centro para Estudios sobre Malaria”, agregó preocupado.

Las medicinas distribuidas son insuficientes para la cantidad de casos, reportó el experto. El tratamiento debería durar 14 días, de lo contrario el paciente puede recaer y tener más de cinco episodios de malaria.

Mortalidad

Los afectados confiesan que hacen largas colas. Pasan hasta tres días continuos en las puertas de los centros médicos para ser atendidos. La desesperación ha llevado a los pacientes a consumir otras medicinas o líquidos para intentar aplacar el tormento de los dolores que causa la enfermedad, incluso creolina.

En Monagas, por ejemplo, hay personas desesperadas que vierten dos gotas de creolina en una cápsula, como las del omeprazol, para ingerirlas.

Nadie escapa de la crisis. Adultos, ancianos y niños son vulnerables ante la enfermedad, que puede volverse mortal si no se trata a tiempo. Los casos se vuelven complejos de acuerdo con el tipo de mosquito que pica a una persona.

Este año se conoció que el país presenta 48% de los casos de malaria en todo el continente. El gobierno, por su parte, ocultó los datos epidemiológicos y dejó de publicar la información desde hace tres años.

Cifras

José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad, señaló que los casos de contagios pueden aumentar entre 510.000 y 550.000, impacto que, a su juicio, podría incrementar el número de muertes entre 320 y 350.

“Esta situación puede ser peor si la malaria se sigue diseminando en el resto del país. El problema puede ser muy grande porque no hay capacidad de diagnóstico”, sostuvo el ex ministro.

Tanto Noya como Oletta advierten acerca del riesgo de la falta de medicamentos antimaláricos para los enfermos, así como las insuficientes acciones por parte de las autoridades del sector salud para erradicar a los mosquitos que transmiten el mal.

Desde 2000 a 2016, Venezuela presentó los peores indicadores de desempeño de Malaria. Aumentó 709% el número de casos, 521% las muertes relacionadas con la epidemia y 540% la incidencia parasitaria anual (IPA).

Un grupo de especialistas y ex ministros, entre ellos Oletta, instaron a la Organización de Naciones Unidas, Organización Panamericana de Salud y la Agencia de los Estados Unidos para Ayuda Internacional a apoyar y tomar acciones urgentes destinadas a controlar esta epidemia.

Horacio Suárez Fernández, de 67 años de edad, viaja constantemente de Anzoátegui a Caracas para hallar el tratamiento, escaso en la entidad. En la misma situación están tres de los cinco integrantes de su familia. Desde que se contagió de paludismo vivax, comenzó su angustia

[blockquote“Debe haber un control de la gente que viene de Bolívar, el paludismo viene de ahí. Ojalá las autoridades no se queden en dar una pastilla, sino que vayan a la raíz”, expresó Suárez Fernández, quien esperaba recibir la segunda dosis del tratamiento que ponga fin a su enfermedad.[/blockquote]

El sistema de salud colapsó. Para combatir la malaria no se distribuyen mosquiteros, insecticidas ni se fumiga en los sectores endémicos. Mientras tanto, conseguir los suministros para el diagnóstico y tratamiento de la malaria es cada vez más difícil.

La Organización Mundial de la Salud reconoció en 1960 que Venezuela fue el primer país en el mundo en erradicar la malaria; sin embargo, el logro quedó en el pasado. Mientras tanto la incertidumbre abriga los hogares en los estados más afectados, los pacientes rezan para adquirir el tratamiento y los mineros siguen expuestos a contagiarse.

Con Información de El Nacional

FMV responsabiliza al gobierno por “holocausto de salud” en el país

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La Federación Médica Venezolana (FMV) condenó que el gobierno del mandatario nacional Nicolás Maduro es culpable de que la salud en Venezuela pueda compararse con un holocausto.

“La razón por la que usamos el término de holocausto de la salud es que el gobierno ha mantenido a los hospitales en una situación precaria, al no colocar como debe ser la cantidad de insumos que se necesitan para atender emergencias. Suena un poco duro pero es la realidad”, relató Douglas León Natera, presidente de la FMV.

León Natera presentó para El Nacional Web un balance de rendimiento del sistema de salud venezolano en los últimos años y expuso algunas de las consecuencias que dejó un estado de emergencia en este sector, del cual no se ha recuperado hasta el momento.

El especialista aseguró que la escasez de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, las malas condiciones de los hospitales y la inseguridad limitan y vulneran el ejercicio de la Medicina en el país.

La federación agrupó a los gremios y colegios de médicos en el país, por lo que lleva registros del rendimiento de sus profesionales en los hospitales. También de los profesionales egresados de las facultades de Medicina y de aquellos que abandonan el país.

Migración médica

León Natera explicó que médicos prefieren emigrar a otros países para ejercer su profesión, situación que no era común hace un par de décadas.

“Los doctores iban al exterior era para extender sus conocimientos y al terminar ya estaban de vuelta al país”, señaló el doctor, aunque aseguró que a pesar de la inestabilidad económica y social, muchos médicos desean continuar en el país.

Rendimiento del sector salud en 2016 y 2017

“El panorama en Venezuela es muy complicado porque, a pesar que está en la Constitución de la República garantizar la salud y la vida, las autoridades no se ocupan de ellos como debería ser”, enfatizó el especialista.

De acuerdo con la FMV, los principales hospitales del país tienen al menos 5% o menos del material necesario para la continuidad de la atención médica y garantizar la salud de los venezolanos.

Los servicios afectados en los hospitales son todos, no hay uno que se salve, desde la atención primaria hasta la morgue. En las consultas externas muchos hospitales no tienen ni papelería para hacer récipes e indicaciones para los medicamentos”, recalcó.

Los hospitales venezolanos presentaron en 2017 78% de escasez en medicamentos, 75% de falla en materiales médico-quirúrgicos y 76% de deficiencia en catéteres y sondas, según la organización Médicos por la Salud.

“Estas situaciones se repiten en todos los hospitales del país y lo que resulta más grave es que los médicos sufren agresiones por parte de los pacientes y familiares porque no tienen cómo atenderlos”, denunció.

El profesional consideró que los hospitales se encuentran en cierre técnico forzado, debido a que deben mantenerse abiertos pero no realizan ningún tipo de atención especializada.

Instancias internacionales

La FMV denunció ante El Vaticano, la Confederación Médica Latinoamericana, la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Médico Mundial y el Foro Iberoamericano de Medicina las consecuencias de la crisis humanitaria, porque consideran que la mediación internacional es necesaria para conseguir la ayuda humanitaria.

“Todo el año denunciamos las irregularidades y tomamos como ejemplo el Hospital Universitario de Los Andes, donde un grupo de médicos residentes iniciaron una huelga de hambre en 2016 porque no tenían cómo atender a sus pacientes”, agregó.

La organización también envió la denuncia de los infantes que eran atendidos en cajas de cartón en lugar de cunas, en Anzoátegui (septiembre de 2016). Además, informaron de las agresiones y despidos injustos de un grupo de médicos en Maracay (Octubre 2016).

Información epidemiológica

La Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve, en su numeral “C” del programa de Metas del Milenio, “haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves”.

Entre las recomendaciones de la ONU se encuentran el aumento de producción de redes para mosquitos tratadas con insecticida, la adquisición de medicamentos antipalúdicos más efectivos y avanzar en la erradicación de la tuberculosis.

Otro aspecto característico en la crisis que atraviesa Venezuela es la reaparición y refuerzo de enfermedades endémicas y transgénicas que fueron registradas por los medios de comunicación, gracias al respaldo de los médicos.

El Estado no ha proporcionado los datos epidemiológicos correspondientes a 2017. De hecho, el boletín oficial epidemiológico no se publica regularmente desde hace aproximadamente tres años.

El resumen del boletín de 2016 fue difundido los primeros meses de este año por Antonieta Caporale, ex ministra de Salud, pero luego de su destitución la información epidemiológica fue nuevamente restringida.

En ese sentido, León Natera denunció que en medio de la escasez de información oficial hay pacientes que han sufrido brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas o controladas.

“Venimos advirtiendo la reaparición de enfermedades ya erradicadas en Venezuela desde 2002, cuando hubo el primer muerto por dengue. Estábamos en presencia de una posible emergencia y al final este año hubo más 63.000 casos”, señaló León Natera.

En los últimos 6 años, la FMV registró 4.000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar en el país y un acelerado aumento en el contagio de malaria desde 2007.

“Para cerrar con broche de oro está la presencia de la difteria, una patología que tenía más de 25 años erradicada, en Bolívar.

“El Ministerio de Salud ordenó la vacunación luego de que se difundieran varios casos de niños que murieron por esta enfermedad. En lugar de prevenir la enfermedad, la atacan luego de que hizo estragos”.

Con Información de El Nacional

Reestructuración en Venezuela sirve como operación para el lavado de dinero

Créditos de la Imagen: ENPaís

El pasado jueves fue un día que los mercados financieros estuvieron esperando/temiendo desde siempre. Apenas pasadas las 18 horas, Nicolás Maduro se paró frente a las cámaras y anunció que Venezuela no podía seguir pagando sus deudas, y necesitaba una reestructuración.

Javier Ruiz/ Infobae

La elección del momento del anuncio fue extremadamente insólita. La semana anterior PDVSA había apenas pagado, con dificultades, la amortización de sus bonos hasta el 2020. ¿Por qué dijeron adiós a 800 millones de dólares apenas una semana antes si sabían que el cese de pagos no podría socorrerlos a partir de la siguiente?

Aún más extrañamente, Maduro anunció que el gobierno pagaría por completo los 1200 millones de de dólares por la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017, el mayor pago que se debía hasta ese momento.

A simple vista, no tiene sentido.

No hay ninguna ventaja en pagar la semana anterior si de todas formas declararás el cese de pagos en la siguiente. Y tiene aún menos sentido anunciar que harás un nuevo pago el día siguiente si te enfrentas al default inmediatamente después. ¿Por qué no robar directamente los 1200 millones?

“Pero aún si Tareck no fuera radioactivo y las sanciones no prohibieran la reestructuración, ésta misma sería poco realista sin reformas de gran alcance, algo que Maduro ciertamente no está prometiendo”.

Maduro presentó su anuncio como un llamado para reestructurar la deuda de Venezuela. Pero nadie fue engañado. Reestructuración significa default, porque “reestructurar” -una salida negociada con los tenedores de bonos- es totalmente imposible en las circunstancias actualesNo puede pasar, por muchas muchas razones.

Para empezar, Maduro encargó al vicepresidente Tareck El Aissami,identificado como un jefe del narcotráfico por la lista de las sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), para que lidere la reestructuración. No es ni siquiera legal para los tenedores de bonos reunirse con este señor, mucho menos negociar con él… tampoco es para ellos legal reestructurar, ya que fueron dictadas sanciones que lo prohíben.

“Este discurso sobre “reestructurar” es sólo ruido. No pueden reestructurar. Están simplemente incumpliendo los pagos”.

Pero aún si Tareck no fuera radioactivo y las sanciones no prohibieran la reestructuración, ésta misma sería poco realista sin reformas de gran alcance, algo que Maduro ciertamente no está prometiendo. Sin estas reformas, terminarías por ofrecer el 30 por ciento de interés o un número similar, insensatamente alto. Este, simplemente, no es el modo en el que las finanzas internacionales funcionan.

E incluso si Maduro hubiera prometido reformas neoliberales de gran envergadura, la reestructuración seguiría siendo inviable, porque los bonos de PDVSA no tienen cláusulas para las acciones colectivas, lo cual hace prácticamente imposible para el gobierno negociar con los fondos tenedores de bonos. ¿Recuerda qué pasó con la deuda argentina? Bien, multiplique eso por tres.

¿Por qué dejar exenta la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017 el viernes? ¿Por qué pagar ese bono si ya se anunció el cese de pagos?

Resumiendo, este discurso sobre “reestructurar” es sólo ruido. No pueden reestructurar. Están simplemente incumpliendo los pagos.

Una de las maneras de verlo es que se trate de una medida de marketing político de un default ya esperado: un intento de endulzar a la opinión pública una medida que era inevitable. Pero si fuera así, ¿por qué dejar exenta la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017 el viernes¿Por qué pagar ese bono si ya se anunció el cese de pagos?Es una decisión especialmente difícil de explicar racionalmente según parámetros universales.

Así que volvemos al rompecabezas inicial. ¿Por qué anunciaron que dejarán de pagar después de hacer este último pago, por el PDVSA 2017?

Una posibilidad es que sea un engaño bien elaborado. Un poco de manipulación de mercado de alto riesgo pensada para impulsar el precio de todos los bonos venezolanos que se están desplomando. Sé como suena esto, pero hay un precedente: Ecuador hizo públicamente algo muy parecido en 2009, con considerable éxito.

Hay que considerar que Ecuador no es una comparación apropiada por las considerables diferencias en el monto del que estamos hablando(una sola emisión de 3200 millones contra más de 60 mil millones de deuda financiera y dios sabe cuántos otros esqueletos en el ropero). Si es un engaño, es un engaño enormemente de alto riesgo. Sin embargo, el bono PDVSA 2020 apoyado por Citgo podría ser un objetivo de recompra en este escenario.

La semana pasada, el intercambio del PDVSA 2017 tuvo un volumen sin precedentes. El tipo de volumen que uno se esperaría si unos pocos muy ricos, muy bien conectados, contaran con información fiable de que el PDVSA 2017 era el último bono que Maduro iba a pagar

En la misma línea, tal vez el plan es para que China y/o Rusia puedan comprar bonos y regatear el precio más bajo: un premio al que accederían a cambio de más acuerdos petroleros, refinerías, guisos y el estado de Delta Amacuro. ¿Por qué no?

Mi suposición es que, hey, esto es Venezuela… un lugar en el que paga estar en ciertos círculos. Y la gente que está “en esos círculos” muchas veces necesita alguna solución para lavar altos montos de dólares.

 Es el tipo de volumen que podría ser interpretado como una operación masiva de lavado de dinero, con toneladas de dinero sucio usado para comprar un bono seguro. El último de los bonos seguros.

Piensa mal y acertarás, solía decir mi abuela.

La semana pasada, el intercambio del PDVSA 2017 tuvo un volumen sin precedentes. El tipo de volumen que uno se esperaría si unos pocos muy ricos, muy bien conectados, contaran con información fiable de que el PDVSA 2017 era el último bono que Maduro iba a pagar.

Es el tipo de volumen que podría ser interpretado como una operación masiva de lavado de dinerocon toneladas de dinero sucio usado para comprar un bono seguro. El último de los bonos seguros.Porque el proceso del pago de bonos es visto como limpísimo. ¿Por qué robar 1200 millones y dejarlos varados en la ciudad del dinero sucio cuando puedes tan fácilmente lavarlos?

La sola cosa de la que podemos estar seguros es que a la vuelta de la esquina se vislumbra la peor y más larga batalla legal en la historia de Venezuela.

Candidatos del PSUV impulsan sus figuras a través de cargos y recursos públicos

PSUV3

Uso de fondos públicos, apoyo de funcionarios e instituciones del Estado, transmisión por el extenso aparato comunicacional del Gobierno y designaciones para ocupar cargos públicos, en plena campaña electoral. Como ocurrió en anteriores campañas electorales, estas son algunas de las “ventajas” que tienen algunos de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) frente a sus adversarios. Esa “ayuda” dada desde el Gobierno viola la Constitución y distintas leyes de la República.

El Gobierno, además, no se preocupa mucho en ocultar estas violaciones a las leyes. El pasado 26 de septiembre la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó una nota en la que se da cuenta de que el Presidente Maduro aprobó Bs. 944.000 millones destinados a nueve estados del país. La particularidad de la información es que “todos los proyectos (aprobados) surgieron de los recorridos, visitas y asambleas realizadas en las últimas semanas por los candidatos revolucionarios”, según se lee en la nota de la agencia gubernamental.

A parte de darle una gran ventaja a los candidatos oficialistas en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy sobre sus adversarios, también viola gran cantidad de normas, que señalan, expresamente, la prohibición de usar recursos públicos o valerse de funcionarios o instituciones públicas para favorecer una campaña electoral. Así lo indican el artículo 145 de la Constitución, el 13 de la Ley Contra la Corrupción, el 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y los artículos 222 y 223 del reglamento general de la Lopre. Las violaciones a estas normas contemplan multas y hasta sanciones penales.

A pesar de esto, la nota detalla que al candidato del PSUV en Aragua, Rodolfo Marco Torres, le fueron aprobados Bs. 54.000 millones para “11 proyectos de atención social” en la entidad. “Entre los proyectos resalta la manutención del Zoológico de Maracay, el parque Agustín Codazzi y Santos Michelena y un plan de asfaltado en todas las parroquias de los 18 municipios de la entidad”, se lee en la información.

Torres también fue visto el 5 de septiembre, antes de que comenzara la campaña (23 de septiembre), a bordo de un vehículo militar del Estado, promoviendo su candidatura. El video fue publicado por el mismo aspirante en su cuenta de Twitter y junto con él había integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además del uso de recursos públicos, se viola el artículo 328 de la Constitución que prohíbe a los militares estar al servicio de “persona o parcialidad política alguna”.

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Conozca el esquema y los actores del desfalco de la Faja del Orinoco

15 septiembre, 2017

Pascual Torres / Aporrea

La investigación del multimillonario desfalco a PDVSA por contrataciones con sobreprecios de al menos 200 por ciento, ha revelado la existencia de una estructura mafiosa que reunía a altos funcionarios del Ministerio Público, importantes gerentes petroleros y empresarios de distintas magnitudes detrás del botín de las millonarias contrataciones en divisas requeridas para las operaciones en la mayor reserva energética del mundo.

Este documento muestra, punto a punto, los mecanismos y principales actores del esquema de corrupción que desde hace varias semanas viene develando la Fiscalía General, tras la destitución de la anterior rectora del organismo responsable de impulsar la acción penal.

Estos son los datos:

  1. Pedro León Rodríguez, como director ejecutivo de la Faja del Orinoco, desde 2010 hasta febrero de 2017, otorgó contratos o facilitó la contratación a una serie de compañías de servicios y de suministros en los que se ha podido determinar, a través de auditorías realizadas por PDVSA, la existencia de sobreprecio en una magnitud superior al 200 por ciento.

Pedro León Rrodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja del Orinoco

Pedro León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja del Orinoco

  1. En concreto, un estudio de una muestra de 12 contratos adjudicados directamente a 10 compañías(definidos como de alto riesgo) arrojó como resultado un sobreprecio de 230 por ciento. Estos 12 contratos se hicieron por un monto de 114 millones de dólares, sin embargo los precios referenciales de los pedidos efectuados en realidad eran de 38 millones. Es decir, se determinó que el sobrecosto fue de 75 millones de dólares.
  1. La auditoría reveló que el impacto financiero de las contrataciones de estas empresas fue de cerca de 200 millones de dólares. El cálculo se realizó considerando un conjunto de pagos, por 472 millones de dólares, efectuados a las 10 compañías en los seis años del estudio.
  1. Las compañías involucradas en el desfalco, en este primer estudio piloto, son: Nalco Venezuela, SDV Energía e Infraestructura, Sumiservic 2021, Capriservis, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicios, Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín (Cuferca), Metroemergencias, Tradequip, y Derwick Associates.
  1. Un ensayo de clasificación de las compañías indica que las dos primeras son de corporaciones transnacionales con más de 30 años de constitucion. Las siguientes cinco son de reciente creación (10 años), relacionadas con empresarios y políticos locales y con un acelerado crecimiento tanto en el sector petrolero e industrial, como en actividades de comercio y servicios en Venezuela y el Caribe. Mientras que las últimas tres están relacionadas con organizaciones impulsadas por capitales nacionales, aunque con participación de capital internacional y relacionadas con denuncias por irregularidades en contrataciones con PDVSA en otras unidades o proyectos.
  1. La compañía Cuferca, propiedad de un grupo empresarial liderado por Carlos Urbano Fermín, es una de las más llamativas del conjunto. Se trata de un conglomerado formado originalmente por la constructora, una compañía de transporte y una distribuidora de maderas. Sin embargo a ese núcleo hay que incorporar el diario El Norte, que habría sido adquirido en 2014. Asimismo hay señalamientos sobre la integración y asociación con un consorcio denominado Meditotal, que incluye clínicas en varias ciudades de Anzoátegui, una red de farmacias en todo oriente, servicios odontológicos. En el exterior Urbano Fermín aparece como directivo de tres compañías inscritas en Miami en 2012, incluyendo una constructora y la firma Gran Coque, que lo liga con negocios relacionados con el manejo de este subproducto del proceso del petróleo pesado. También es dignatario de seis firmas creadas en Panamá en 2014,  y de una en República Dominicana en 2016.
  1. El grupo Cuferca es socio de la empresa mixta, Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, con PDVSA como socio principal, constituida en octubre de 2014. Una inspección del cuerpo de inspectores de la Presidencia no logró tener acceso a los documentos de la compañía mixta, según un informe de junio de 2015 que fue filtrado
  1. Cuferca mantiene una relación de negocios con el alcalde de Guanta, Jonathan Marin, la cual quedó demostrada en febrero y marzo de 2017 tras realizarse varios allanamientos (por otra investigación por la adquisición de monoboyas) en los que hallaron contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja,  a las compañías de la esposa del alcalde.

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  1. En un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA, se localizaron documentos de las empresas que habían sido del alcalde Marín, y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, como la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro. Al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron documentos que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. También otros documentos que relacionan las empresas de la pareja Marin-Villanueva con empresas del grupo Cuferca. Entre otros, cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva-
  2. El alcalde Marín ha actuado públicamente como un socio de Cuferca y ha prestado su apoyo durante conflictos laborales de trabajadores de esa empresa, según reportes de prensa. Su esposa, Esneidy Villanueva, aparece como representante de varias empresas y/o cooperativas en Venezuela, que antes habían sido propiedad del alcalde. También figura como directora de tres firmas creadas en el estado de Florida, en EEUU. Medios digitales han reportado frecuentes viajes en aeronaves privadas a Bahamas, República Dominicana y Miami. Un dato reciente refiere cinco viajes de Marín a Florida en el transcurso de 2017. El funcionario ha reconocido la realización de al menos un viaje  y ha alegado que se dio por invitación de un empresario y un alcalde dominicanos interesados en una inversión turística en Guanta. En todo caso no hay elementos precisos que permitan explicar el aparente incremento del patrimonio del funcionario y su esposa y su evidentemente costoso estilo de vida.
  1. Los accionistas del grupo Cuferca y sus relacionados que no son formalmente socios hacen uso ostentoso de bienes como yates de más de 70 pies de eslora y aviones jet con autonomía de vuelo. Uno de esos aviones es el Lear Jet 55, siglas YV-598T que ha sido usado por los hermanos Urbano, el alcalde Marín y su familia y el exdirector de la Faja, Pedro León.

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  1. Uno de los documentos localizados en la sede de la empresa de Marín y su esposa es una planilla de inscripción de un hijo de Pedro León en una escuela de idiomas de Boston, Massachusetts, EEUU, y en la que la esposa de Marin, Esneidy Villanueva, firma como garante de los pagos.
  1. Es un hecho público que la familia Marín-Villanueva vivió algún tiempo en la quinta ONIX, ubicada en la urbanización Las Villas, de Lecherías, propiedad del empresario Constantino Bonaducce, quien estuvo procesado y privado de libertad varios meses en 2015 por irregularidades en una contratación de  mantenimiento integral de todos los supermercados de Abastos Bicentenario. Bonaducce también recibió una concesión para desarrollar áreas comerciales y de servicios en todos los aeropuertos del país, en una contratación autorizada por el entonces ministro de Transporte Aéreo y Marítimo, García Plaza, fugitivo desde hace varios años y protegido por las autoridades estadounidenses. En la lujosa residencia de diseño marítimo se encontraban habitualmente disponibles dos yates de gran calado.
  1. Jonathan Marín recibió un evidente respaldo político y financiero de parte de la estructura de dirección del sector petrolero venezolano, lo que lo convirtió en un actor con alta capacidad de decisión en las contrataciones de la Faja.
  1. El abogado José Rafael Parra Saluzzo fue contratado por Cuferca para que asesorara a la empresa en la defensa penal por el proceso iniciado con la investigación de las monoboyas.
  1. La SUDEBAN detectó transacciones que fueron consideradas como irregulares entre Cuferca y Parra Saluzzo,  por lo que emitió un reporte de actividad sospechosa (RAS) con la información en julio pasado. Esto movilizó a las autoridades policiales, quienes actuaron contra el jurista.
  1. Parra Saluzzo mantenía estrechas y frecuentes relaciones con funcionarios de confianza de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega. Concretamente intercambiaba correos, recomendaciones de personas y pasajes aéreos con la abogada Gioconda González Sánchez, directora de despacho durante casi 10 años de la señora Ortega. Estas evidencias fueron localizadas en el teléfono Apple del abogado por expertos de la policía.
  1. Además una serie de fotografías de unas vacaciones en la capital francesa, en las que se ve a la destituida fiscal con Parra y su grupo familiar, evidencian la cercana relación de ambos. Por tales motivos se presume que el jurista actuaba como una especie de intermediario entre Cuferca (o cualquier empresa involucrada en delitos) y el Ministerio Público. Tal conexión era presentada como de carácter contractual entre un profesional del derecho y su cliente.

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  1. Parra Saluzzo también es el abogado contratado por Odebrecht en febrero o marzo de este año para la defensa penal de sus directivos en Venezuela. Hay evidencias físicas del pago de 2 millones de dólares a través de una fundación inscrita en Panamá.
  1. Este último jueves el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, precisó en una comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, que el abogada era el operador del despacho de la antigua jefa del Ministerio Público para extorsionar a personas y empresas involucradas en delitos con alto impacto financiero.

Nota publicada en Aporrea

Carlos López denuncia que Venezuela sufre manipulación de precios

Miércoles, 13/09/2017 – 09:01

El constituyente Carlos López afirmó que Venezuela tiene una inflación inducida con una manipulación especulativa de precios, según indicó en el programa “Encendidos”, transmitido por Venezolana de Televisión

Carlos López denuncia que Venezuela sufre manipulación de precios

El también coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores indicó que se mantienen vigilantes y respaldan la Ley Plan 50 que anunció el pasado 7 de septiembre el presidente Nicolás Maduro, para fijar los precios máximos de venta a 50 rubros de primera necesidad, que incluyen alimentos y artículos para el aseo personal.

Asimismo, aseveró que los trabajadores apoyan el reciente aumento de 40% en el salario mínimo decretado por el Ejecutivo que lleva el ingreso integral a 325.544 bolívares.

López indicó que este incremento está blindado con el Plan Constituyente por la Paz y la Prosperidad Económica que fue presentado por el Jefe de Estado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que tiene como propósito blindar la economía del país.

El constituyente destacó que este año (2017) el Gobierno ha decretado cuatro aumentos del salario mínimo, como respuesta ante el desmedido aumento establecido por sectores económicos.

AVN / EMR

Américo De Grazia denunció masacres en minas de Tumeremo y El Manteco

Posted on 13 septiembre, 2017 by Caraota Digital in Regionales

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Foto: Cortesía El Nacional Web

Caraota Digital

Caraota Digital

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Estado Bolívar Américo De Grazia denunció otras masacres ocurridas el fin de semana en sectores mineros del estado Bolívar, específicamente en Tumeremo y El Manteco.

El parlamentario exigió al Gobierno nacional que detalle quiénes murieron y dónde están los cuerpos de las víctimas asesinadas en enfrentamientos con efectivos de seguridad.

“Otras dos masacres fueron ejecutadas en las minas de Tumeremo y El Manteco. En presuntos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas (…) Todo el pueblo de El Manteco está en la calle. El gobierno guarda silencio, nadie da la cara. Masacre en las minas”, escribió de Grazia en Twitter.

Los enfrentamientos dejaron al menos 34 muertos entre el sábado y domingo, 13 en El Manteco y 21 en Tumeremo, respectivamente.

“Testigos y sobrevivientes comienzan a llegar a El Manteco y temen por sus vidas. Dicen que los mineros fueron ejecutados”, agregó el legislador.

1. #ArcoMineroDeSangre todo el pueblo de El Manteco está en la calle.El gobierno guarda silencio,nadie da la cara.Masacre en las minas

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

2. #ArcoMineroDeSangre otras 2 Masacres fueron ejecutadas en las minas de Tumeremo y El Manteco.En presuntos enfrentamientos con las FAN

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

3. #ArcoMineroDeSangre el régimen debe dar explicaciones.Quienes murieron,donde están las víctimas,cuando dan los nombres?

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

4. #ArcoMineroDeSangre El Manteco exige explicación al régimen.sábado y domingo se ejecutaron las operaciones.Familiares exigen respuestas

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

5. #ArcoMineroDeSangre testigos y sobrevivientes,comienzan a llegar a El Manteco y temen por sus vidas.Dicen q los mineros fueron EJECUTADOS

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

Derrames petroleros en Venezuela aumentaron a 182.317 barriles en 2016

Petróleos de Venezuela (PDVSA) en su Balance de Gestión Social y Ambiental correspondiente a 2016 si bien señala que el número de derrames petroleros disminuyó, el volumen vertido fue mayor, tanto en superficies terrestres como en cuencas fluviales o marítimas. En total, se derramaron 182.317 barriles, un aumento de 58.471 barriles (47,2%) por encima de lo registrado en 2015. PDVSA, no obstante, destaca que de 8.796 incidentes del año 2015 paso a 8.250 el año pasado, una reducción de 6,2% en el número de eventos ocurridos.

El balance ambiental señala que la mayor parte de estos accidentes se dieron en yacimientos ubicados en tierra, donde se contabiliza un volumen derramado de 146.192 barriles; mientras que en agua la cifra se elevó a 36.124 barriles.

Así mismo señala que el área afectada en los eventos ocurridos en suelo alcanzó los 529,4 millones de metros cuadrados, de los cuales se logró el saneamiento de una superficie equivalente a 23 millones de metros cuadrados.

PDVSA, a través de su Dirección Ejecutiva de Ambiente, informó continúa impulsando el seguimiento de los derrames a través del Sistema Automatizado de Prevención y Control de Derrames en todas las organizaciones de PDVSA a nivel nacional y en la refinería Isla de Curazao.

Hasta la fecha la petrolera ha incorporado  en el sistema un total de 526 kilómetros  de líneas de producción, correspondientes a los 18 oleoductos principales de la Región Oriente, con lo cual se busca minimizar el impacto ambiental que pudieran generar los derrames que ocurran en este tipo de instalaciones.