Categoría: Denuncia

Candidatos del PSUV impulsan sus figuras a través de cargos y recursos públicos

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Uso de fondos públicos, apoyo de funcionarios e instituciones del Estado, transmisión por el extenso aparato comunicacional del Gobierno y designaciones para ocupar cargos públicos, en plena campaña electoral. Como ocurrió en anteriores campañas electorales, estas son algunas de las “ventajas” que tienen algunos de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) frente a sus adversarios. Esa “ayuda” dada desde el Gobierno viola la Constitución y distintas leyes de la República.

El Gobierno, además, no se preocupa mucho en ocultar estas violaciones a las leyes. El pasado 26 de septiembre la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó una nota en la que se da cuenta de que el Presidente Maduro aprobó Bs. 944.000 millones destinados a nueve estados del país. La particularidad de la información es que “todos los proyectos (aprobados) surgieron de los recorridos, visitas y asambleas realizadas en las últimas semanas por los candidatos revolucionarios”, según se lee en la nota de la agencia gubernamental.

A parte de darle una gran ventaja a los candidatos oficialistas en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy sobre sus adversarios, también viola gran cantidad de normas, que señalan, expresamente, la prohibición de usar recursos públicos o valerse de funcionarios o instituciones públicas para favorecer una campaña electoral. Así lo indican el artículo 145 de la Constitución, el 13 de la Ley Contra la Corrupción, el 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y los artículos 222 y 223 del reglamento general de la Lopre. Las violaciones a estas normas contemplan multas y hasta sanciones penales.

A pesar de esto, la nota detalla que al candidato del PSUV en Aragua, Rodolfo Marco Torres, le fueron aprobados Bs. 54.000 millones para “11 proyectos de atención social” en la entidad. “Entre los proyectos resalta la manutención del Zoológico de Maracay, el parque Agustín Codazzi y Santos Michelena y un plan de asfaltado en todas las parroquias de los 18 municipios de la entidad”, se lee en la información.

Torres también fue visto el 5 de septiembre, antes de que comenzara la campaña (23 de septiembre), a bordo de un vehículo militar del Estado, promoviendo su candidatura. El video fue publicado por el mismo aspirante en su cuenta de Twitter y junto con él había integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además del uso de recursos públicos, se viola el artículo 328 de la Constitución que prohíbe a los militares estar al servicio de “persona o parcialidad política alguna”.

Sigue leyendo esta nota de Carlos Crespo en Crónica Uno

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Conozca el esquema y los actores del desfalco de la Faja del Orinoco

15 septiembre, 2017

Pascual Torres / Aporrea

La investigación del multimillonario desfalco a PDVSA por contrataciones con sobreprecios de al menos 200 por ciento, ha revelado la existencia de una estructura mafiosa que reunía a altos funcionarios del Ministerio Público, importantes gerentes petroleros y empresarios de distintas magnitudes detrás del botín de las millonarias contrataciones en divisas requeridas para las operaciones en la mayor reserva energética del mundo.

Este documento muestra, punto a punto, los mecanismos y principales actores del esquema de corrupción que desde hace varias semanas viene develando la Fiscalía General, tras la destitución de la anterior rectora del organismo responsable de impulsar la acción penal.

Estos son los datos:

  1. Pedro León Rodríguez, como director ejecutivo de la Faja del Orinoco, desde 2010 hasta febrero de 2017, otorgó contratos o facilitó la contratación a una serie de compañías de servicios y de suministros en los que se ha podido determinar, a través de auditorías realizadas por PDVSA, la existencia de sobreprecio en una magnitud superior al 200 por ciento.

Pedro León Rrodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja del Orinoco

Pedro León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja del Orinoco

  1. En concreto, un estudio de una muestra de 12 contratos adjudicados directamente a 10 compañías(definidos como de alto riesgo) arrojó como resultado un sobreprecio de 230 por ciento. Estos 12 contratos se hicieron por un monto de 114 millones de dólares, sin embargo los precios referenciales de los pedidos efectuados en realidad eran de 38 millones. Es decir, se determinó que el sobrecosto fue de 75 millones de dólares.
  1. La auditoría reveló que el impacto financiero de las contrataciones de estas empresas fue de cerca de 200 millones de dólares. El cálculo se realizó considerando un conjunto de pagos, por 472 millones de dólares, efectuados a las 10 compañías en los seis años del estudio.
  1. Las compañías involucradas en el desfalco, en este primer estudio piloto, son: Nalco Venezuela, SDV Energía e Infraestructura, Sumiservic 2021, Capriservis, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicios, Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín (Cuferca), Metroemergencias, Tradequip, y Derwick Associates.
  1. Un ensayo de clasificación de las compañías indica que las dos primeras son de corporaciones transnacionales con más de 30 años de constitucion. Las siguientes cinco son de reciente creación (10 años), relacionadas con empresarios y políticos locales y con un acelerado crecimiento tanto en el sector petrolero e industrial, como en actividades de comercio y servicios en Venezuela y el Caribe. Mientras que las últimas tres están relacionadas con organizaciones impulsadas por capitales nacionales, aunque con participación de capital internacional y relacionadas con denuncias por irregularidades en contrataciones con PDVSA en otras unidades o proyectos.
  1. La compañía Cuferca, propiedad de un grupo empresarial liderado por Carlos Urbano Fermín, es una de las más llamativas del conjunto. Se trata de un conglomerado formado originalmente por la constructora, una compañía de transporte y una distribuidora de maderas. Sin embargo a ese núcleo hay que incorporar el diario El Norte, que habría sido adquirido en 2014. Asimismo hay señalamientos sobre la integración y asociación con un consorcio denominado Meditotal, que incluye clínicas en varias ciudades de Anzoátegui, una red de farmacias en todo oriente, servicios odontológicos. En el exterior Urbano Fermín aparece como directivo de tres compañías inscritas en Miami en 2012, incluyendo una constructora y la firma Gran Coque, que lo liga con negocios relacionados con el manejo de este subproducto del proceso del petróleo pesado. También es dignatario de seis firmas creadas en Panamá en 2014,  y de una en República Dominicana en 2016.
  1. El grupo Cuferca es socio de la empresa mixta, Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, con PDVSA como socio principal, constituida en octubre de 2014. Una inspección del cuerpo de inspectores de la Presidencia no logró tener acceso a los documentos de la compañía mixta, según un informe de junio de 2015 que fue filtrado
  1. Cuferca mantiene una relación de negocios con el alcalde de Guanta, Jonathan Marin, la cual quedó demostrada en febrero y marzo de 2017 tras realizarse varios allanamientos (por otra investigación por la adquisición de monoboyas) en los que hallaron contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja,  a las compañías de la esposa del alcalde.

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  1. En un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA, se localizaron documentos de las empresas que habían sido del alcalde Marín, y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, como la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro. Al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron documentos que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. También otros documentos que relacionan las empresas de la pareja Marin-Villanueva con empresas del grupo Cuferca. Entre otros, cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva-
  2. El alcalde Marín ha actuado públicamente como un socio de Cuferca y ha prestado su apoyo durante conflictos laborales de trabajadores de esa empresa, según reportes de prensa. Su esposa, Esneidy Villanueva, aparece como representante de varias empresas y/o cooperativas en Venezuela, que antes habían sido propiedad del alcalde. También figura como directora de tres firmas creadas en el estado de Florida, en EEUU. Medios digitales han reportado frecuentes viajes en aeronaves privadas a Bahamas, República Dominicana y Miami. Un dato reciente refiere cinco viajes de Marín a Florida en el transcurso de 2017. El funcionario ha reconocido la realización de al menos un viaje  y ha alegado que se dio por invitación de un empresario y un alcalde dominicanos interesados en una inversión turística en Guanta. En todo caso no hay elementos precisos que permitan explicar el aparente incremento del patrimonio del funcionario y su esposa y su evidentemente costoso estilo de vida.
  1. Los accionistas del grupo Cuferca y sus relacionados que no son formalmente socios hacen uso ostentoso de bienes como yates de más de 70 pies de eslora y aviones jet con autonomía de vuelo. Uno de esos aviones es el Lear Jet 55, siglas YV-598T que ha sido usado por los hermanos Urbano, el alcalde Marín y su familia y el exdirector de la Faja, Pedro León.

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  1. Uno de los documentos localizados en la sede de la empresa de Marín y su esposa es una planilla de inscripción de un hijo de Pedro León en una escuela de idiomas de Boston, Massachusetts, EEUU, y en la que la esposa de Marin, Esneidy Villanueva, firma como garante de los pagos.
  1. Es un hecho público que la familia Marín-Villanueva vivió algún tiempo en la quinta ONIX, ubicada en la urbanización Las Villas, de Lecherías, propiedad del empresario Constantino Bonaducce, quien estuvo procesado y privado de libertad varios meses en 2015 por irregularidades en una contratación de  mantenimiento integral de todos los supermercados de Abastos Bicentenario. Bonaducce también recibió una concesión para desarrollar áreas comerciales y de servicios en todos los aeropuertos del país, en una contratación autorizada por el entonces ministro de Transporte Aéreo y Marítimo, García Plaza, fugitivo desde hace varios años y protegido por las autoridades estadounidenses. En la lujosa residencia de diseño marítimo se encontraban habitualmente disponibles dos yates de gran calado.
  1. Jonathan Marín recibió un evidente respaldo político y financiero de parte de la estructura de dirección del sector petrolero venezolano, lo que lo convirtió en un actor con alta capacidad de decisión en las contrataciones de la Faja.
  1. El abogado José Rafael Parra Saluzzo fue contratado por Cuferca para que asesorara a la empresa en la defensa penal por el proceso iniciado con la investigación de las monoboyas.
  1. La SUDEBAN detectó transacciones que fueron consideradas como irregulares entre Cuferca y Parra Saluzzo,  por lo que emitió un reporte de actividad sospechosa (RAS) con la información en julio pasado. Esto movilizó a las autoridades policiales, quienes actuaron contra el jurista.
  1. Parra Saluzzo mantenía estrechas y frecuentes relaciones con funcionarios de confianza de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega. Concretamente intercambiaba correos, recomendaciones de personas y pasajes aéreos con la abogada Gioconda González Sánchez, directora de despacho durante casi 10 años de la señora Ortega. Estas evidencias fueron localizadas en el teléfono Apple del abogado por expertos de la policía.
  1. Además una serie de fotografías de unas vacaciones en la capital francesa, en las que se ve a la destituida fiscal con Parra y su grupo familiar, evidencian la cercana relación de ambos. Por tales motivos se presume que el jurista actuaba como una especie de intermediario entre Cuferca (o cualquier empresa involucrada en delitos) y el Ministerio Público. Tal conexión era presentada como de carácter contractual entre un profesional del derecho y su cliente.

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  1. Parra Saluzzo también es el abogado contratado por Odebrecht en febrero o marzo de este año para la defensa penal de sus directivos en Venezuela. Hay evidencias físicas del pago de 2 millones de dólares a través de una fundación inscrita en Panamá.
  1. Este último jueves el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, precisó en una comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, que el abogada era el operador del despacho de la antigua jefa del Ministerio Público para extorsionar a personas y empresas involucradas en delitos con alto impacto financiero.

Nota publicada en Aporrea

Carlos López denuncia que Venezuela sufre manipulación de precios

Miércoles, 13/09/2017 – 09:01

El constituyente Carlos López afirmó que Venezuela tiene una inflación inducida con una manipulación especulativa de precios, según indicó en el programa “Encendidos”, transmitido por Venezolana de Televisión

Carlos López denuncia que Venezuela sufre manipulación de precios

El también coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores indicó que se mantienen vigilantes y respaldan la Ley Plan 50 que anunció el pasado 7 de septiembre el presidente Nicolás Maduro, para fijar los precios máximos de venta a 50 rubros de primera necesidad, que incluyen alimentos y artículos para el aseo personal.

Asimismo, aseveró que los trabajadores apoyan el reciente aumento de 40% en el salario mínimo decretado por el Ejecutivo que lleva el ingreso integral a 325.544 bolívares.

López indicó que este incremento está blindado con el Plan Constituyente por la Paz y la Prosperidad Económica que fue presentado por el Jefe de Estado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que tiene como propósito blindar la economía del país.

El constituyente destacó que este año (2017) el Gobierno ha decretado cuatro aumentos del salario mínimo, como respuesta ante el desmedido aumento establecido por sectores económicos.

AVN / EMR

Américo De Grazia denunció masacres en minas de Tumeremo y El Manteco

Posted on 13 septiembre, 2017 by Caraota Digital in Regionales

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Foto: Cortesía El Nacional Web

Caraota Digital

Caraota Digital

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Estado Bolívar Américo De Grazia denunció otras masacres ocurridas el fin de semana en sectores mineros del estado Bolívar, específicamente en Tumeremo y El Manteco.

El parlamentario exigió al Gobierno nacional que detalle quiénes murieron y dónde están los cuerpos de las víctimas asesinadas en enfrentamientos con efectivos de seguridad.

“Otras dos masacres fueron ejecutadas en las minas de Tumeremo y El Manteco. En presuntos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas (…) Todo el pueblo de El Manteco está en la calle. El gobierno guarda silencio, nadie da la cara. Masacre en las minas”, escribió de Grazia en Twitter.

Los enfrentamientos dejaron al menos 34 muertos entre el sábado y domingo, 13 en El Manteco y 21 en Tumeremo, respectivamente.

“Testigos y sobrevivientes comienzan a llegar a El Manteco y temen por sus vidas. Dicen que los mineros fueron ejecutados”, agregó el legislador.

1. #ArcoMineroDeSangre todo el pueblo de El Manteco está en la calle.El gobierno guarda silencio,nadie da la cara.Masacre en las minas

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

2. #ArcoMineroDeSangre otras 2 Masacres fueron ejecutadas en las minas de Tumeremo y El Manteco.En presuntos enfrentamientos con las FAN

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

3. #ArcoMineroDeSangre el régimen debe dar explicaciones.Quienes murieron,donde están las víctimas,cuando dan los nombres?

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

4. #ArcoMineroDeSangre El Manteco exige explicación al régimen.sábado y domingo se ejecutaron las operaciones.Familiares exigen respuestas

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

5. #ArcoMineroDeSangre testigos y sobrevivientes,comienzan a llegar a El Manteco y temen por sus vidas.Dicen q los mineros fueron EJECUTADOS

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 13 de septiembre de 2017

Derrames petroleros en Venezuela aumentaron a 182.317 barriles en 2016

Petróleos de Venezuela (PDVSA) en su Balance de Gestión Social y Ambiental correspondiente a 2016 si bien señala que el número de derrames petroleros disminuyó, el volumen vertido fue mayor, tanto en superficies terrestres como en cuencas fluviales o marítimas. En total, se derramaron 182.317 barriles, un aumento de 58.471 barriles (47,2%) por encima de lo registrado en 2015. PDVSA, no obstante, destaca que de 8.796 incidentes del año 2015 paso a 8.250 el año pasado, una reducción de 6,2% en el número de eventos ocurridos.

El balance ambiental señala que la mayor parte de estos accidentes se dieron en yacimientos ubicados en tierra, donde se contabiliza un volumen derramado de 146.192 barriles; mientras que en agua la cifra se elevó a 36.124 barriles.

Así mismo señala que el área afectada en los eventos ocurridos en suelo alcanzó los 529,4 millones de metros cuadrados, de los cuales se logró el saneamiento de una superficie equivalente a 23 millones de metros cuadrados.

PDVSA, a través de su Dirección Ejecutiva de Ambiente, informó continúa impulsando el seguimiento de los derrames a través del Sistema Automatizado de Prevención y Control de Derrames en todas las organizaciones de PDVSA a nivel nacional y en la refinería Isla de Curazao.

Hasta la fecha la petrolera ha incorporado  en el sistema un total de 526 kilómetros  de líneas de producción, correspondientes a los 18 oleoductos principales de la Región Oriente, con lo cual se busca minimizar el impacto ambiental que pudieran generar los derrames que ocurran en este tipo de instalaciones.

Vinculan a altos jefes de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado

AMÉRICA LATINA VENEZUELA

03 de septiembre de 2017 – 17:09  – Por FRANCISCO OLIVARES

El monto global de lo que han movilizado las mafias en 18 años de Gobierno chavista es de 800.000 millones de dólares

El dictador Nicolás Maduro y el general Vladimir Padrino López. 

El dictador Nicolás Maduro y el general Vladimir Padrino López. ARCHIVO/EFE

@folivares10

Altos jefes del estamento militar venezolano han sido señalados en diversos casos de corrupción en los que se movilizan millones de dólares. Desde narcotráfico, operaciones de lavado de dinero, vínculos con capos de la droga, narco guerrilla, sobornos, tráfico de oro, compra y venta de divisas hasta altas comisiones en negocios con el Estado venezolano, conforman un mapa de actividades que vinculan a jerarcas de la institución armada con el crimen organizado.

Casos tratados desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, reflejan los grandes negocios, a través de empresas del Estado manejadas por militares, industrias creadas por la institución armadas y en especial la importación de alimentos e insumos a manos de altos jefes militares, describen el grado de corrupción en el que se han involucrado uniformados designados en tareas de Gobierno.

Adicionalmente diversas investigaciones realizadas por organismos federales en EEUU han señalado a altos jefes del Gobierno, civiles y militares, vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.Asimismo, escándalos financieros en la banca internacional reflejan movilizaciones de miles de millones de dólares cuyo origen es la corrupción.

La incorporación de altas figuras del Gobierno de Venezuela, en la lista de Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) en la que se incluye al propio presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tarek El Aisami, ministros, importantes figuras del Gobierno y altos jefes militares, compromete al Gobierno de manera estructural con el crimen organizado. Así lo han señalado autoridades federales e importantes informes emanados del senado de Estados Unidos.

La OFAC pertenece al Departamento del Tesoro de EEUU y está dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Alejandro Rebolledo, abogado experto en lavado de dinero y uno de los magistrados designados por la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente en el exilio por amenazas del Gobierno, explica en entrevista concedida a El Nacional, que la delincuencia organizada en Venezuela no es de grupos paralelos al Gobierno, son organizaciones que se han infiltrado en el Estado hasta instalarse en su estructura; “son verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la economía venezolana”.

Estima el especialista que el monto global de lo que han movilizado las mafias en 18 años de Gobierno chavista es de 800 mil millones de dólares.

Las FANB en el poder

Desde que Hugo Chávez llegó al poder uno de sus principales objetivos fue transformar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De ser una institución para la defensa al servicio de toda la nación, la FANB ha sido convertida en un brazo armado de la revolución, tal como lo aclaman sus actuales jefes uniformados.

Al lado de una constante depuración de sus integrantes, un proceso de ideologización a lo interno y con la incorporación de militares a la conducción de los principales planes gubernamentales, se les otorgó todo tipo de privilegios en el manejo de los principales proyectos de la revolución.

Lo más importante es que fueron colocados al frente de los principales planes económicos de la nación, con escaso o ningún control desde las instituciones civiles del Estado. Actualmente ocupan 34% del gabinete ministerial de Nicolás Maduro. A partir del retiro como militares activos, gran parte de ellos emprendieron la carrera política y además ocupan altos cargos en el Gobierno: 11 de los 23 gobernadores de Estado son militares.

Como parte fundamental en la estructura y el modelo de Gobierno implantado en Venezuela, el sector militar ha sido, al igual que el resto del Estado, penetrado por la corrupción. De acuerdo al índice que lleva Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el lugar número uno en Latinoamérica y el Caribe.

El subsecretario adjunto de Estados Unidos para Sudamérica, Michael Fitzpatrick, dijo en declaraciones públicas, poco antes de la pasada reunión de la OEA en Cancún, que Venezuela vive una “hiper crisis” con violaciones a la Constitución y destacó que la gran presencia de militares a cargo de temas económicos y sociales aproxima el gobierno venezolano a las “juntas militares” que encabezaron varias dictaduras en Latinoamérica en el siglo XX.

Comentó además Fitzpatrick que “el gobierno de Nicolás Maduro se refiere orgullosamente a su régimen como una unión cívica-militar, con más de 2.000 generales en actividad dentro de las fuerzas militares del país”, y expresó que hay rumores de que Venezuela tiene más generales en activo que todos los 29 países de la OTAN juntos.

Narcotráfico

Un estudio realizado por la ONG venezolana, Observatorio del Delito Organizado, en base a información pública, registró que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, 38 miembros de la Fuerza Armada aparecieron involucrados en delitos de narcotráfico. Se trata de militares de alto y bajo rango señalados en diversos delitos de tráfico de drogas, colaboración con las FARC en el envío de drogas a través de Venezuela, vuelos ilícitos y especialmente grandes decomisos en el exterior provenientes de Venezuela.

Diversos testimonios y detenciones de importantes jefes militares en el exterior dan cuenta del vínculo de altos jefes militares con este delito. El capitán Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, declaró ante la DEA, como testigo protegido, señalando a importantes jefes del Gobierno en el narcotráfico. Entre ellos mencionó a Diosdado Cabello, el número dos del Gobierno, quien ha respondido que pueden investigarlo.

Otro testigo protegido ha sido Rafael Isea, oficial retirado del Ejército, exministro de Finanzas, y exgobernador de Aragua. Desde septiembre de 2013 se convirtió en testigo de la DEA denunciando al llamado cártel de los Soles, manejado por altos oficiales venezolanos.

El mayor general Hugo Carvajal, actualmente diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está incluido en la lista Clinton y fue señalado desde 2008 por tener vínculos con las FARC. Designado cónsul en Aruba en 2014, fue arrestado por solicitud de las autoridades estadounidenses y por gestiones diplomáticas fue devuelto a territorio venezolano. También fue apuntado por el capo de la droga Walid Makled como colaborador en diversas operaciones.

El capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y servidor de confianza de la familia presidencial, fue arrestado el 6 de junio y extraditado a EEUU por ser un operador clave en el llamado cártel de los Soles coordinando salida de aviones cargados de droga.

El capo de la droga Walid Makled, incluido en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro que agrupa a los capos más importantes a nivel mundial, ha señalado a importantes jefes militares venezolanos como sus colaboradores. Entre ellos, además de los ya indicados, destaca el general Henry Rangel Silva, exdirector del SEBIN y gobernador de Yaracuy; el ministro de Energía Eléctrica, mayor general Luis Motta Domínguez quien también ha estado investigado por la DEA y fiscales federales de Nueva York. En su lista está igualmente el ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Luis Reverol, igualmente acusado en Estados Unidos desde 2016 por tráfico de drogas. Un aliado importante de Makled, según sus confesiones, fue el exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez.

En detalle: El mil millonario guiso cocinado por altos gerentes de Pdvsa Occidente

miércoles, agosto 30, 2017

Fuente: El Cooperante

Un presunto desvío multimillonario de crudo a través de un complejo esquema de uso de emulsionantes y agua forman parte de una investigación de inteligencia que avanza sobre las irregularidades detectadas en la División de Producción Occidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las irregularidades, que se vienen realizando desde 2010, abarcan desde la exportación de miles de barriles de petróleo con mezclas irregulares que hacen disminuir en la cantidad de crudo, hasta contratos firmados sin licitaciones, con el interés de favorecer empresas locales conectadas a los gerentes bajo investigación.

Según documentos de la investigación, la División de Producción de Pdvsa Occidente contrató la compra de millones de galones de llamados desemulsionantes, usados para separar el crudo de otras sustancias como agua salina, a fin de optimizarlo para su posterior refinación, a empresas que presuntamente no contaban con la capacidad de producir los químicos, y que por tal razón fueron pagados con sobreprecios de hasta 100 por ciento, generando decenas de millones en pérdidas.

Pdvsa Occidente pudo haber tenido pérdidas de 70 millones de dólares anuales, más de 500 millones de dólares entre 2010 y 2017, debido a operaciones irregulares en varios departamentos principalmente en el estado Zulia, de donde sale el mayor volúmen de petróleo de exportación. Al mismo tiempo, se estima que entre 2010 y 2017, Pdvsa gastó más de 150 millones de dólares en los contratos de desemulsionantes para el procesamiento de decenas de miles barriles diarios de crudo producidos en pozos petroleros del estado Zulia, que requieren de tratamiento químico.Foto: EFE

Entre los responsables, la investigación apunta a la figura del gerente Juan Carrillo, subdirector de Producción Occidente; al gerente de Operación Integral de Plantas, Héctor Roque, y con la complicidad de César Valera, gerente de Oportunidad de Negocios. Concretamente, se señala a Carrillo de liderar al grupo de empleados de Pdvsa que “sabotean” la producción de firmas mixtas que trabajan con Pdvsa. Además de imponer la compra de químicos a firmas no calificadas y sin licitación, Carrillo presuntamente “desvía los barriles de petróleo en las fiscalizaciones y entorpece y obstaculiza los procesos” si las firmas no pagan los respectivos “sobornos”.

Las investigaciones están enfocadas en el modus operandi propio de una mafia organizada, que presuntamente modifica las mezclas del crudo que es exportado particularmente desde las terminales de Puerto Miranda, el puerto petrolero más grande de Venezuela, y que llega a su destino de exportación con más agua de lo establecido en las especificaciones. “Esto podría significar que parte del petróleo exportado de Puerto Miranda es sustituido por agua, quedando un remanente de crudo que se desvía para otros fines, generando pérdidas cuantiosas”, indicó el reporte.

De acuerdo a estimaciones preliminares, Puerto Miranda tiene una capacidad máxima de exportación de 1.5 millones de barriles diarios, a través de los 10 tanques de almacenamiento que tienen una capacidad máxima de 150.000 barriles cada uno. También se estima que por el puerto salen a diario una cifra mínima de 600 mil barriles de crudo. La cifra puede subir dependiendo de las metas de producción.

“Si se calcula una pérdida mínima de 1% de ese total por desvío de crudo, esto significan unos 6.000 barriles diarios de crudo que se pierde, un total aproximado de 200.000 de dólares por día, una cifra que supera los 70 millones de dólares al año”, indicó el reporte de inteligencia.

Según los investigadores, la banda dirigida por Carrillo “ha desarrollado un poder fuera de control y supervisión corporativa dentro de Pdvsa Occidente”, lo cual le ha permitido bloquear la participación de importantes proveedores de productos químicos altamente calificados como el conglomerado español Nalco, para favorecer empresas locales, como Tratamientos Químicos C.A., sin capital ni capacidad para atender la demanda de producción de la División. “El objetivo de Carrillo es simplemente posicionar a la empresa Tratamientos Químicos C.A. como el único proveedor autorizado de productos químicos para la División de Producción Occidente de Pdvsa, debido a sus conexiones e intereses con los propietarios de esa empresa”, indicó el reporte de inteligencia.

Hasta ahora se ha establecido que Carrillo actúa también en coordinación con el gerente Héctor Roque en el saboteo, desviando el gas usado para inyectar presión a los pozos petroleros a fin de facilitar la producción de crudo, lo cual “ha generado la caída de la producción en más de 70 mil barriles diarios”, causando cuantiosas pérdidas. El grupo de funcionarios implicados en las irregularidades son apoyados por Adolfo Torres, empleado del departamento de Prevención y Control de Pérdidas, conocida como la policía de Pdvsa, que actúa como elemento de presión a las empresas mixtas.

Como parte de las investigaciones, el informe de inteligencia indicó que se examinan presuntas operaciones de colocación de dinero producto del robo de activos en cuentas dentro y fuera de Venezuela. También se investiga si Carrillo y su banda responden a intereses o actúan en connivencia con otros gerentes de más alta posición dentro de la estructura de Pdvsa Occidente.

Etiquetas: corrupción pdvsa

posted by Aserne Venezuela @ 8:45 a.m.

Testimonios de torturados por el gobierno de Maduro: “Me echaron cloro en la boca”

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    Luis De Jesús

Caracas, 31 de agosto.- Según el informe de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, los activistas opositores venezolanos son reprimidos con descargas eléctricas, palizas con barras de metal, asfixia con gases químicos, quemaduras y amenazas de violación.

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La ONU detalló cada uno de los abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado y presuntos colectivos armados afectos al chavismo en contra los disidentes y manifestantes. En las conclusiones refiere que el gobierno de Venezuela aplica “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

El informe también está basado en testimonios reales de las víctimas de la tortura. “Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía: ‘mójalo bien porque si no, lo quemas’”, contó una de las víctimas que fue atada de manos y pies y lo suspendieron del techo para realizarle descargas eléctricas.

Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”, fue el relato de otro de los afectados por la tortura de los organismos de seguridad, reseñó El Mundo.

La documentación señala también el caso de un hombre que fue suspendido esposado de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y se sostuvo solo con la punta de sus dedos de los pies.

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“Recibió golpes, sin interrupción y no se le dio agua ni comida. Luego, los guardias lo esposaron a una ventana y lo golpearon toda la noche“, se detalló. Un joven que fue detenido en Caracas narró que la primera vez que vio a su familia no lo reconocieron porque tenía la cara hinchada y quemada por los químicos.

El informe de la ONU se sustentó en la entrevista de 135 víctimas, familiares, representantes de diferentes ONG, abogados, periodistas, médicos y el Ministerio Público venezolano. El trabajo se realizaron desde Panamá y Ginebra debido a que a la organización internacional se le negó el acceso en el 2014.

Maduro disgustado

El presidente Nicolás Maduro tildó de “patético” el informe y aseguró que es una demostración de que la oficina del Ato Comisionado, a cargo de Zeid Ra’ad Al Hussein, “ha tomado el camino” de desprestigiar la democracia protagónica y participativa “que existe en Venezuela”, de acuerdo con comunicado presentado por el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

Torturas en Venezuela: "Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y me lanzaron gas. Perdí el conocimiento"

VENEZUELA

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  • 30 AGO. 2017 20:40

La ONU denuncia el uso excesivo de la fuerza en Venezuela129Ver comentarios

La ONU documenta el régimen de torturas sistemáticas y represión a opositores en Venezuela. Denuncia ejecuciones y desapariciones forzadas

Las cicatrices que dejaron las protestas en Venezuela

Descargas eléctricas, palizas con barras de metal, asfixia con gases químicos, quemaduras, amenazas de violación… Así se reprime a los activistas opositores en Venezuela según ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La ONU ha detallado hoy los múltiples abusos y violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela y los colectivos paramilitares bolivarianos contra los disidentes y manifestantes. Sus conclusiones revelan “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

El documento incluye escalofriantes testimonios de víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, comparables a lo que se vive en los calabozos de las dictaduras más oscuras de Oriente Próximo o África. “Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía: ‘mójalo bien porque si no, lo quemas'”, relató un ex detenido describiendo cómo los militares ataron sus manos y pies y lo suspendieron del techo para propinarle una sesión de descargas eléctricas.

“Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”, cuenta otra víctima. Otro testimonio explica cómo unos guardias nacionales esposaron y suspendieron a un hombre de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con sólo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo. “Durante ese tiempo, recibió golpes, sin interrupción y no se le dio agua ni comida. Luego, los guardias lo esposaron a una ventana y lo golpearon toda la noche”, refleja el dossier. “La primera vez que vi a mi familia no me reconocieron porque tenía la cara hinchada y quemada por los químicos”, denuncia un joven detenido en Caracas.

Todas estas violaciones se detallan en el documento presentado hoy por el ACNUDH, su informe definitivo -ya publicó un adelanto de sus conclusiones el pasado 8 de agosto- sobre las violaciones y abusos cometidos en Venezuela, en el contexto de las protestas entre el 1 de abril al 31 de julio. Los expertos lo han elaborado basándose en 135 entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos, representantes de ONG, abogados, periodistas, médicos y el Ministerio Público venezolano. Las entrevistas tuvieron que hacerse a distancia, en Panamá y Ginebra, ya que la ONU tiene denegado el acceso a Venezuela desde 2014.

Según la ONU, sus conclusiones “ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición políticapor parte de las fuerzas de seguridad nacionales”. A fecha del 31 de julio, el Ministerio Público investigaba la muerte de 124 personas en el contexto de las manifestaciones. De ellas, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados conocidos como colectivos. Otras 51 muertes continúan sin esclarecerse. Además, el ACNUDH contabiliza más de 5.000 detenidos (entre ellos 410 menores) durante el periodo estudiado, de los que 1.000 aún permanecían encarcelados a primeros de agosto. Y alerta de varios casos de desapariciones forzadas, evocando las palabras de madres buscando sin descanso a sus hijos.

“Venezuela quiere justicia”

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el dossier de “infundado” y “manipulado”. “Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”, señaló esta tarde en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

“¿Qué van a decir respecto a esto? ¿También van a desconocer a las Naciones Unidas? Venezuela quiere que haya justicia. Las Naciones Unidas y el mundo tienen puesta la mirada sobre Venezuela”, inquirió Henrique Capriles, gobernador de Miranda y uno de los líderes de la oposición.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, afirmó que el informe del ACNUDH es uno de los más importantes que se han presentado sobe la situación de Venezuela en los 18 años de chavismo, principalmente porque reconoce que las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y las torturas y tratos crueles son “sistemáticos y generalizados”.

“Existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Además de los diversos casos de torturas y tratos crueles, es muy importante que por primera vez la ONU se refiere a las desapariciones forzadas. Cuando una persona se detiene y se oculta, eso conlleva a desaparición forzada y eso se ha convertido en algo regular en Venezuela“, indicó. Romero destacó además que el informe se refiera a los asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares.

La ex fiscal general, Luisa Ortega, aseguró que el informe de Naciones Unidas “reconoce que en Venezuela existe una política de represión”. “El informe del Alto Comisionado de la ONU contiene las denuncias que he formulado sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, escribió en Twitter la abogada, quien rompió con Maduro a quien acusa de tener una “ambición dictatorial”.

Duarte denuncia que contrabando de combustible favorece a cúpula oficialista en Táchira

Fecha: 28/08/2017

El parlamentario opinó que el aumento del número de estaciones de servicio alternativas (ESA) en el estado, en las cuales el litro de gasolina se cobra a precios internacionales, “es una decisión que tomó el nefasto gobierno nacional y regional para seguir enriqueciéndose económicamente a cuestas de la necesidad de los ciudadanos”.

Mayra Alejandra Sierra/Foto: Prensa AN

San Cristóbal.- El diputado Franklin Duarte (UNIDAD-Táchira) tildó de “engañosa” la medida implementada por el Ministerio de Energía y Petróleo, con respecto al aumento del número de Estaciones de Servicio Alternativas (ESA) en la entidad para supuestamente exterminar el contrabando de gasoil y gasolina en la zona fronteriza entre San Antonio del Táchira y Cúcuta.

Reprochó los argumentos expresados por el gobernador Vielma Mora, quien asegura que la medida corresponde a que “un litro de gasolina de 91 octanos cuesta un bolívar, mientras que en Colombia un litro de 87 octanos cuesta 5 mil 800 bolívares. Venezuela no es Colombia donde la inflación está controlada y los sueldos alcanzan para asumir esos gastos. Mientras, que en Venezuela, los ciudadanos tienen una mala calidad de vida y el dinero en la mayoría de los  casos ni siquiera alcanza para la adquisición de los alimentos”.

Según el legislador tachirense, el aumento del número de estaciones de servicio alternativas (ESA) en el estado, en las cuales el litro de gasolina se cobra a precios internacionales, “es una decisión que tomó el nefasto gobierno nacional y regional para seguir enriqueciéndose económicamente a cuestas de la necesidad del pueblo, que se ha visto obligado a surtir combustible en estas estaciones, ante la gran  escases  de gasolina existente en la zona. Afectando aún más el poder adquisitivo de los habitantes que viven en la frontera”.

Duarte acusó al gobierno regional de “inventar la creación de esas estaciones de servicio que “afecta el bolsillo de los tachirenses”, porque en ningún otro estado se han creado esas estaciones de servicio privatizadas por el gobierno nacional y con las cuales el la máxima autoridad de la entidad tachirense, ha monopolizado el contrabando de gasolina para Colombia”.