Julio Castellanos: No al cierre del CDI Eduardo Viso en Tocuyito

Es la segunda vez que comento la preocupante situación del Centro de Desarrollo Infantil “Eduardo Viso”, ubicado en Tocuyito, a solo metros de la Alcaldía de Libertador, ya que está a punto de ser cerrado.

Ya quedan solo tres funcionarias, apenas hace unos meses tenían 5, siguen atendiendo 55 niños con necesidades especiales, en psicología infantil y a pacientes de fisiatria quienes se quedarán a la deriva por la mala intención de la Gobernación de Carabobo de clausurar ese espacio.

Este Centro de Desarrollo Infantil tiene unas instalaciones alquiladas, pequeñas, incluso incómodas, pero las funcionarias hace todo lo posible por atender a sus pacientes. La Secretaría de Educación, pese a varias solicitudes, no contrata nuevo personal y, además, le dice a las que quedan que “pidan traslado”. Obviamente, el deseo oculto es cerrar tan imprescindible centro de apoyo a la infancia.

Ahora bien, si eso es lo que desea el gobernador Rafael Lacava, que lo diga públicamente o, si por el contrario, si esta perversa iniciativa corresponde al titular de la Secretaria de Educación, que lo desmienta y le destituya. Pero hacerlo todo de forma subrepticia, misteriosa, en nocturnidad, devela dolo contra las madres de Libertador y sus hijos.

De la boca para afuera, funcionarios ligados a la Secretaría de Educación afirman que el problema es que el propietario de las instalaciones no desea continuar el arrendamiento. Totalmente falso, los representantes le han contactado y el propietario afirma que no tiene problemas con la continuidad de la existencia del CDI “Eduardo Viso”. Y si tal circunstancia fuese el caso, existen en Tocuyito otros espacios susceptibles de fungir como sede en el mismo casco de la ciudad, como por ejemplo, los disponibles en el Centro Comercial Libertador, antigua propiedad de Walid Makled, ahora administrada por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), allí hay varios locales desocupados.

Además, ¿acaso el alcalde de Libertador está pintado en la pared? ¿La Secretaría de Educación y la Alcaldía de Libertador no pueden llegar a un convenio de apoyo institucional para respaldar al CDI “Eduardo Viso” para que siga funcionando?. Los concejales de Libertador, en particular los integrantes de la Comisión Permanente de Educación, será que puede abrir la boca para reclamar por los derechos de las madres libertadorenses y sus hijos víctimas de una gestión que desmantela el sistema de protección social en nombre de intereses inconfesables?.

Si la gobernación, su Secretaría de Educación, el alcalde de Libertador, sus mudos concejales, quieren desmentir lo dicho en este espacio es sencillo lo que tienen que hacer: Una reunión con las madres, padres y representantes del CDI ” Eduardo Viso”, con sus empleados, con la comunidad adyacentes y con presencia de los medios de comunicación. Que se sepa la verdad y que existan soluciones reales y palpables.

Lo terrible de este asunto es que no hay donde denunciar estas cosas. Juan Perozo se encargó de cerrar los pocos espacios radiales abiertos a las inquietudes populares, hace rato los principales medios de comunicación no tienen en Libertador corresponsales y, de no ser por esta columna, nadie se enteraría de esta dolorosa circunstancia. Toca seguir alzando la voz. #NoAlCierreDelEduardoViso

Julio Castellanos / @rockypolitica / jcclozada@gmail.com

Politólogo. Militante de Acción Democrática.

Docente de la Universidad de Carabobo

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Revelan las pruebas que retan a Diosdado Cabello a retirarse de la política [VIDEO]

Diosdado Cabello retó a Oscar Haza a mostrar una sola prueba de que es verdad que le han incautado bienes en Estados Unidos. Si eso ocurriese, el dirigente madurista se retiraría de la política, aseguró él mismo. Pues va a tener que ir haciendo maletas: Haza mostró pruebas de su denuncia.

Este martes, el veterano periodista denunció en su programa de radio matutino que a Diosdado Cabello, miembro de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, le incautaron 800 millones de dólares y 12 propiedades en Estados Unidos, entre ellas una frente al Central Park de Nueva York por estar en las lista de sancionados del gobierno estadounidense junto a familiares y a quien acusan de ser su testaferro. Así mismo, Haza aseguró que a su hija le habían impedido entrar en los Estados Unidos.

“¿No ven a Daniella? ¿Cuándo fue que la deportaron? ¿Hoy, de Nueva York? Bien bolsas los que creen que yo, amando como amo a mi hija, la voy a mandar a Nueva York. Cosas de loco, y que tengo $800 millones en EE.UU., pero no hay una fotico ni una pruebita”, respondió el mismo día Cabello en un encuentro nacional con las juventudes del PSUV por la tarde.

En su programa de televisión en la noche, Haza ratificó su información y amplió detalles sobre la negativa de Estados Unidos a permitir la entrada de Daniella Cabello. Según el periodista, la joven pasó por el aeropuerto JFK de Nueva York en escala rumbo a España. Sin embargo, la inmigración estadounidense, cortésmente, le informó que su visa había sido revocada y la regresó a Venezuela.

La exclusiva de Haza generó polémica. Francisco Poleo, vicepresidente de El Nuevo País y Zeta, reveló detalles que incluían al presunto testaferro de Diosdado Cabello, Rafael Sarría y sus propiedades en Estados Unidos. El socio del dirigente político “desde hace aproximadamente un año busca acercamiento con Estados Unidos, EE. UU. Sarría habría intentado vender las propiedades en el norte, pero autoridades lo impidieron”.
Rafael Poleo, editor de El Nuevo País y Zeta, por su parte, aseguró que “Cabello es objetivo de EE. UU. porque encabeza al chavismo que no quiere negociar. Maduro y Padrino si quieren. Las negociaciones son Washington-La Habana”.

El miércoles, en su programa semanal en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, Cabello refutó tener propiedades en Estados Unidos, tal y como lo afirmaron Poleo y Haza, a quienes fustigó. “¿Por qué no me desmienten? ¿Por qué no muestran un documentico donde yo firmé la compra de dichos bienes?”. Acto seguido, al ex militar se le ocurrió lanzar el reto: si muestran una prueba, se retira de la política.

“En la cúpula chavista hay conmoción por las revelaciones hechas por nuestro colega Oscar Haza”, aseguró el jueves en la noche el periodista Mario Andrés Moreno en su programa Mega News, con el propio Haza como invitado. Acto seguido, el dominicano mostró varios “papelitos”, varias pruebas, de sus denuncias contra Cabello, incluyendo documentos que prueban el bloqueo a tres compañías y catorce propiedades del testaferro Sarría. Entonces, la pelota queda ahora en el campo de Diosdado.

Con información de: Venezuela Al Día

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Luisa Ortega: Muerte de piloto venezolano fue "ejecución extrajudicial"

La ex fiscal general de Venezuela aseguró que Óscar Pérez y seis de sus hombres fueron “masacrados” el lunes por las fuerzas militares y policiales

Luisa Ortega

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega. (Foto: EFE)

Redacción EC16.01.2018 / 07:17 pm

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega, protegida por el gobierno colombiano, calificó este martes de “ejecución extrajudicial” la muerte del ex policía y piloto Óscar Pérez durante un operativo en las afueras de Caracas.

La acción “culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero (…) no se garantizó la vida de estos jóvenes”, dijo Ortega en un video publicado en su cuenta en Twitter.

Ortega, que huyó de Venezuela de forma clandestina en agosto denunciado persecución política, aseguró que Pérez y seis de sus hombres fueron “masacrados” el lunes por las fuerzas militares y policiales.

“Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos”, sostuvo la jurista, que rompió con el gobierno chavista a finales de marzo.

Óscar Pérez, de 36 años, era el hombre más buscado por las autoridades de Venezuela desde que el 27 de junio sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus hombres, lanzando cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparando contra el Ministerio de Interior.

El ataque -sin víctimas- ocurrió en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejó unos 125 muertos entre abril y julio del 2017.

La muerte de Pérez y otras seis personas ha provocado polémica en Venezuela. En 15 videos que difundió en Instagram durante el operativo, el piloto, con el rostro ensangrentado, había acusado a las autoridades de querer matarlos, pese a que estaban dispuestos a entregarse.

El gobierno asegura, en cambio, que Pérez y sus hombres fueron quienes atacaron.

“Si las acciones de Óscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde a una justicia imparcial determinarlo”, afirmó la exfiscal, que por el hecho calificó al gobierno de Maduro de “genocida” y “violador de derechos humanos”.

Desde que huyó inicialmente a Colombia tras ser destituida por la Asamblea Nacional que rige Venezuela con poderes absolutos, Ortega ha hecho un periplo por distintas naciones de la región para presentar supuestas pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.

Fuente: AFP

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Gobierno hondureño denuncia Venezuela y Farc estarían financiando protestas

El secretario del Consejo de Ministros dijo que “investigaciones recientes nos indican que estos (recursos) pueden venir de Venezuela y de organizaciones como las Farc que ya han expresado su apoyo a estas actividades violentas

El Gobierno de Honduras denunció este viernes que Venezuela y Farc estarían financiando las manifestaciones violentas que se están registrando en el país por un presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre.

“Estos grupos criminales están siendo financiados, óigase bien, con fondos de dudosa procedencia”, dijo a periodistas el secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, al referirse a las protestas violentas de este viernes en las principales ciudades que dejaron decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales y económicos.

Añadió que “investigaciones recientes nos indican que estos (recursos) pueden venir de Venezuela y de organizaciones como las Farc que ya han expresado su apoyo a estas actividades violentas de desorden y anarquía”.

Díaz subrayó que la respuesta militar y policial permitió hoy restaurar la libre circulación y que se está investigando a integrantes de pandillas, conocidas como “maras”, que estarían participando en las protestas violentas.

“En las próximas horas se van a dar resultados, se presentarán las acusaciones que correspondan y todo el peso de la ley caerá sobre los responsables de estos hechos vandálicos que atentan contra el pueblo hondureño”, dijo el alto funcionario.

Lee también: Hernández gana elecciones en Honduras al finalizar escrutinio especial

El designado presidencial (vicepresidente), Ricardo Álvarez, indicó por su parte que los llamamientos a las manifestaciones violentas en el país los hacen el expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Nasralla fue el candidato de la Alianza de Oposición en las elecciones de noviembre y asegura que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hizo un fraude para favorecer al candidato del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Álvarez recalcó que el presidente Hernández “manda un mensaje muy claro a todos, que Honduras no se va a detener” y que “la Honduras en paz que teníamos hasta el 26 de noviembre es producto del esfuerzo de todos los hondureños”.

“No estaremos en guerra, como Salvador Nasralla y Manuel Zelaya quieren, Honduras merece vivir en paz”, señaló el designado presidencial.

Indicó además que Nasralla y Zelaya desde hace dos semanas han venido queriendo crear un caos en Honduras.

“Buscaban paralizar el país y no lo lograron, tampoco se los vamos a permitir”, enfatizó.

Álvarez también señaló que pandillas armadas estarían participando en las manifestaciones violentas.

Según las autoridades hondureñas, las pandillas incluso habrían estado hoy cobrando dinero a conductores de transporte de carga y otro tipo de vehículos para que pudieran pasar en las carreteras que fueron bloqueadas con barricadas por manifestantes en varias ciudades del país.

Las manifestaciones de hoy fueron convocadas el martes por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), cuyo coordinador también es Manuel Zelaya, quien reiteró que en la defensa del “triunfo” de Salvador Nasralla el pueblo seguirá en las calles y que le asiste el derecho incluso a la “desobediencia civil”.

Foro Penal Venezolano advierte que acuerdo chavismo-oposición pretende liberar a presos políticos “fantasmas”

POR: ORLANDO AVENDAÑO  @ORLVNDOA  DIC 13, 2017, 8:42 PM
(Twitter)
Lo que denuncia el Foro Penal es grave.  Se estaría afirmando que la MUD, con tal de ofrecer “victorias” y “resultados”, estaría dispuesta a falsificar la información. (Twitter)

El Foro Penal Venezolano  denuncia que aparentemente la oposición y el chavismo —con la mediación del expresidente español, Zapatero—, estarían “inflando” la lista de presos políticos para ofrecer luego liberaciones como resultados de los encuentros en República Dominicana.

La denuncia la hace el director ejecutivo de la Organización Foro Penal, Alfredo Romero, quien goza del prestigio y la relevancia para hablar apropiadamente sobre los presos políticos.

“Cuidado con listas ‘fantasmas’ (que nadie sabe quienes son) de presos políticos, que alteran incluyendo presos políticos (por ejemplo, 380), y luego dicen que liberan a algunos números que nadie sabe quienes son, con el objeto de cantar victoria falsa”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Además, insistió en que Zapatero “es experto en esta farsa”.

“Son 271 los presos políticos según la cifra del Foro Penal, certificada por Luis Almagro. Preocupante que aumenten la cifra para atribuir una falsa liberación al acuerdo entre la MUD y el Gobierno. Ya lo han hecho antes. Pedimos a la Asamblea Nacional que enviara la lista de 385 y nadie responde”, continuó el reconocido abogado.

Lo que denuncia el Foro Penal es grave. Se estaría afirmando que la Mesa de la Unidad Democrática, con tal de ofrecer “victorias” y “resultados” de los rechazados encuentros de República Dominicana, estaría dispuesta a falsificar la información y a jugar con los presos políticos.

La única explicación a que aumenten falsamente la cifra de presos políticos es que se pretende dar la impresión de que el gobierno ha liberado algunos. Todo es una farsa.

Ya anteriormente el Foro Penal ha denunciado el desinterés de la oposición oficial por los presos políticos. Según Romero y Gonzalo Himiob, directores de la ONG que defiende a los secuestrados por el régimen, la Mesa de la Unidad Democrática no maneja la lista que ellos tienen de presos.

Es una lista que además recibe el respaldo y la certificación de la Organización de Estados Americanos.

“Esto trae el peligro de que, contra los criterios validados a nivel internacional, se incluya en dichas listas a personas que no son presos o perseguidos”, dijo Romero el 27 de noviembre de este año.

Oposición decide quiénes son presos políticos y quiénes son exiliados

La opacidad que enloda los diálogos en República Dominicana y las presuntas intenciones de la MUD de falsificar la lista y ofrecer mentiras a los venezolanos, recuerda a un episodio reciente, cuando también se hizo una acusación importante.

La abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute, Tamara Suju, quien se encuentra en República Checa,  publicó en su cuenta de Twitter un alarmante mensaje.

En el que según ella, el opositor Luis Florido, quien forma parte de la dirigencia que se reúne en República Dominicana, le escribió preguntándole si incluía su nombre en la lista que le entregarían al régimen chavista.

1/2 Este texto enviado hoy x @LuisFlorido es indignante y fiel reflejo de esa “casta politica” q cree q nos representa y q presos, perseguidos y exiliados somos ficha d negociacion. Yo NO le he pedido a nadie q negocie mis derechos ante esos crimales con quienes se van a sentar

Es un mensaje inaceptable, de un opositor que pretende establecer quiénes son exiliados y si sus derechos serían negociados. Un mensaje, por cierto, repudiado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “Si esta es base de la negociación, la misma es indignante”, escribió el alto diplomático en su cuenta de Twitter.

Orlando AvendañoOrlando Avendaño

Orlando Avendaño reside en Caracas, Venezuela, y estudia Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Síguelo @OrlvndoA.

Detalles de la “Masacre de Barlovento”, revelan lo macabro de la “Operación Rondón”

 

La denominada operación realizada por la FAN, fue revelada tras investigación del Ministerio Público y su ex titular Luisa Ortega Díaz



El lado criminal y perverso también viste de uniforme. Aquel glorioso Ejército Libertador, que libró batallas para convertir una colonia en un país, ha visto como sus integrantes perdieron todo respeto por la vida e ingresaron a la penosa lista de sujetos que violan los derechos humanos de sus semejantes.

Lo ocurrido a partir de la detención de más de 20 jóvenes de sexo masculino el 15 de octubre de 2016, en las poblaciones de El Café en Barlovento, Capaya y Aragüita, todas en el estado Miranda, por parte de la disfrazada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), disfrazada porque detrás estaba oculta la llamada “Operación Rondón”, fue una verdadera carnicería de ciudadanos venezolanos, que como dice nuestra constitución, debieron ser juzgados, si habían cometido algún delito, no ajusticiados.

Aprehensiones en la calle y allanamientos a moradas sin órdenes, fueron las constantes acciones ese día y en lo sucesivo. De esos registros, no sólo se llevaban detenidos a estos jóvenes, sino, que de estas casas robaban dinero, electrodomésticos, camas, sillas, y lo que tenían escrito en el guión.

Sí, en el guión de las órdenes superiores, pues luego de estos ultrajes y secuestros, habilitaron una casa en el propio sector El café de Barlovento para utilizarla como “Fuerte militar”. Todo estaba planificado. Una vez arrestados los hombres por efectivos del Ejército, que provenían del estado Sucre y que por ende no conocían la zona, comenzaron a torturar a los detenidos, según la fuente fiscal que dio los detalles.

“Utilizaban un cuarto al cual le quitaron parte del Zing y les lanzaban bombas lacrimógenas, luego le colocaban la lamina de Zing, para que se ahogaran dentro”, explicó el funcionario del Ministerio Público.

Los efectivos del Ejército tomaron fotos a los aprehendidos. Los colocaban de espalda a una pared cual reseña policial, reseña fotográfica que no sabían hacer porque no están entrenados para eso. No es cualquier fotografía.

Los investigadores de la fiscalía dieron con las fotos y después de un trabajo en el laboratorio de criminalística y el posterior allanamiento a la casa en El Café, determinaron cual había sido la pared en la que les tomaron las fotos a los jóvenes y así determinaron el sitio donde los habían mantenido con vida después de arrestarlos.

Las indagatorias arrojaron que, entre las lacrimógenas y las palizas propinadas a los jóvenes, uno de ellos murió frente a los demás, por lo que los militares venezolanos habrían decidido dar muerte al resto. Estaba en marcha la fase más abominable de la “Operación Rondón” de la FAN.

En medio de esto, los días continuaban pasando, los familiares preocupados comenzaron a buscar a sus familiares. Les dijeron que estaban en el destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café. Allí llevaron ropa, comida pero, nunca los vieron. Nunca volverían a tenerlos consigo.

Los oficiales que estaban en esa comisión del Ejército, volvieron a su lugar de origen, el estado Sucre, inclusive algunos eran de Güiria, lugar bastante distante de donde ocurrieron los hechos. Con razón al ser interrogados, desconocían por completo el lugar de los hechos.

El Ministerio Público obtuvo los nombres de los militares que estuvieron en Barlovento. De ellos, algunos salieron de permiso pocos días después de su regreso. Los fiscales les hicieron seguimiento pesquisando sus teléfonos celulares. Siempre habrá detalles que se conviertan en cabos sueltos, es que no hay crimen perfecto.

Mientras se realizaban estos seguimientos por los sabuesos fiscales, un joven apareció vivo con una herida por arma de fuego. “Se salvó, el día que intentaron asesinarlo, cayó al río”, contó la fuente. Lo protegieron y dio pistas importantes.

Se fueron generando interrogatorios a los funcionarios. Nadie “soltaba prenda”. Hasta que apuntaron a uno que en su celular no tenía llamadas recibídas, pero no llamaba, no enviaba mensajes de texto y esto generó la suspicacia de quienes investigaban. “Caramba este sujeto se cuidó tanto?” se preguntó unos de los que estaba detrás de las desapariciones.

Todo era muy extraño con este militar. Los interrogatorios se centraron en él.

Cuál fue la sorpresa de quienes preguntaban sobre la mesa de madera en el Ministerio Público, el militar activo del Ejército no sabía leer ni escribir, era analfabeta, pero en octubre portaba un arma de guerra arrestando personas en el estado Miranda.

Tras la presión de los fiscales, bingo, el militar habló.

“Doctor, esos tipos están muertos”.

El hombre comenzó a confesar lo que habían hecho con los detenidos en El Café, Capaya y Aragüita. Los asesinaron de la forma más vil y sin escrúpulos.

Dio los detalles.

Condujo a los fiscales y al CICPC hasta una arenera abandonada en El Café, estado Miranda, el 18 de noviembre de 2016 a las 12 de la noche. En el lugar una fosa con dos cuerpos, cada uno con tiros de gracia en la región cefálica. Uno de los cuerpos, tras recibir el proyectil en la cabeza cayó junto al otro, en el hueco que los militares realizaron un día antes.

Tras disparar y dar muerte a los dos hombres comenzaron, con palas, a lanzar arena y piedras sobre los cuerpos. Lo militares se percataron que el segundo cuerpo había caído a la fosa dejando los pies afuera. No lo movieron, con mucha frialdad cortaron los pies y los colocaron dentro del hueco.

El militar delator, que además era cocinera en su cuartel en el estado Sucre y que llegó a ingresar al Ejército sin saber leer ni escribir, por la “palanca” de un tío, llevó a las comisiones fiscales y del cuerpo de investigaciones científicas a otra fosa donde estaban enterrados otros cuerpos.

Esta vez, fueron hacía el Parque Nacional Guatopo, vía Aragüita.

Allí encontraron 10 cuerpos más. Pero, cómo 10 personas se dejan asesinar sin reaccionar, sin hacer ruido, sin forcejear?

El militar explicó el modus operandi. Bajaron a uno de los jóvenes de una camioneta Toyota chasis largo y al resto los dejaban dentro, subían la música a todo volumen. Todos tenían la cara tapada.

Al que bajaban del vehículo, lo arrodillaban frente a la fosa que había cavado y para no dejar rastros por utilizar armas de fuego, le asestaban un golpe con un machete en el cuello. Así no dejaban rastros de pólvora que después dieran positivo con el análisis de trazas de disparos (ATD).

Así fueron asesinando uno a uno, hasta acabar la maniobra criminal. Las autopsias revelaron que muchos de las personas asesinadas, una vez en la fosa, aún permanecían con vida y se ahogaron cuando los militares arrojaron la tierra para tapar la fosa.

Ocho de los muchachos y hombres arrestados aquel 15 de octubre de 2016 fueron liberados. Cinco permanecen desparecidos. Ninguno tenía antecedentes penales. Por qué se les mató?.

  • Fernando Tineo
    07/12/2017 – 4:59PM

AN: La Fuerza Armada tolera presencia de paramilitares y mafias en el Arco Minero

 2017-12-07 07_53_35-AN_ La Fuerza Armada tolera presencia de paramilitares y mafias en el Arco Miner

Informe final de la comisión mixta que investigó daños ecológicos, sanitarios, sociales y de soberanía a raíz de la creación del Arco Minero del Orinoco, determinó que ese proyecto es insustentable y atenta contra el frágil ecosistema amazónico.

Caracas. El incremento de la presencia de grupos armados irregulares y mafias de la minería ilegal en el eje de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro es apenas una de las consecuencias negativas de la aprobación del decreto presidencial que creó el Arco Minero del Orinoco.

La decisión ejecutiva, que fue desaprobada en junio de 2016 por la Asamblea Nacional (AN), ha traído daños ambientales irreparables con su respectivo impacto en la salud de los habitantes del sur del país.

Así lo determinó la comisión mixta del Parlamento para el estudio del impacto del Arco Minero, creada en esa oportunidad y presidida por el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar). La instancia parlamentaria aprobó esta semana su informe final, luego de un año y medio de investigaciones, visitas in situ y asesoramiento con expertos en derecho ambiental y desarrollo sustentable.

El informe debió ser discutido este martes, pero fue diferido para la semana entrante. No obstante, Crónica.Uno tuvo acceso al documento, que entre otros aspectos, denuncia la presunta actitud complaciente de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado no solo frente a la devastación del territorio, sino frente a la actuación impune de grupos irregulares.

Cómplices y complacientes

Elecciones
Américo de Grazia (Causa R), presidente de la comisión mixta que investiga el Arco Minero del Orinoco

Advierten los diputados que la minería está causando estragos en la cuenca del río Atabapo, ubicada en el Parque Nacional Yapacana, “el cual viene siendo destruido ante la mirada complaciente de la fuerzas de seguridad”.

El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció ante la comisión la presencia “de 4000 miembros de la guerrilla de Colombia en Amazonas”. Los diputados sostienen en el informe que se trata de “un auténtico ejército de ocupación que participa en control de actividades mineras sin que las Fuerzas Armadas cumplan con sus funciones de resguardar la soberanía, que le ordena la Constitución, e incluso con complicidad de esta”.

El informe alerta a la junta directiva de la AN y a la opinión pública: Estamos en presencia de la cesión de soberanía, corriendo el peligro, que suceda la experiencia del territorio Esequibo a cuya reclamación histórica, el gobierno y la Fuerza Armada Nacional han renunciado de facto. Se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad.

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Además, denuncian que con el decreto 2.231 del 10 de febrero de 2016 que crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) el gobierno de Nicolás Maduro “trata de implicar a la Fuerza Armada en negociados mineros para hacerlos cómplices y socios en la corrupción”.

La comisión concluye que “la Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las FARC, el ELN, y otros grupos paramilitares procedentes de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”.

Oro versus agua

La masacre de Tumeremo (Bolívar), ocurrida en marzo de 2016, fue consecuencia de un enfrentamiento entre mafias del oro

La comisión informa que “Venezuela no aparece en ningún ranking internacional como importante productor de oro; de hecho, no está ni siquiera entre los 25 países más productores de este mineral en el mundo, y nunca lo ha estado”.

Asimismo, sostiene que la participación del oro en el Producto Interno Bruto “es ínfima, al igual que el coltán, que de manera engañosa promociona el Gobierno en su exagerada predica rentista y extractivista”.

Alertan a la comunidad nacional e internacional que si bien Venezuela posee recursos mineros, estos no se registran en la dimensión que ha querido vender el Ejecutivo “en una especie de delirio aurífero, creando falsas expectativas”.

Sin embargo, la comisión afirma que el territorio venezolano y principalmente el sur del Orinoco posee la onceava reserva de agua más grande del mundo. Reserva que se ve amenazada por la deforestación indiscriminada a través de la minería. “El agua es fundamental en el presente y el futuro para el país y el planeta, mucho más importante que la minería, actividad depredadora por naturaleza”, dice el documento.

Tepuyes amenazados

La comisión mixta ratifica que todas las áreas bajo régimen de administración especial del sur del Orinoco (parques nacionales, monumentos naturales, tepuyes, reservas forestales, zonas protectoras) se encuentran amenazadas por las distintas formas de minería, legal e ilegal y afirman que la llamada “minería ecológica”, no existe y forma parte de la propaganda y oferta engañosa del Gobierno.

Además concluyen que el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente, el primero de América Latina creado en 1977, y su reemplazo por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua “ha reducido su capacidad técnica y de planificación ambiental”.

Con respecto a la situación de los pueblos indígenas, el informe sostiene que “el Gobierno utiliza sus carencias y necesidades económicas, para ofrecerles [a los militares] participación en actividades mineras con el propósito de implicarlos en sus políticas, creando cabezas de playas mineras en las áreas protegidas. Aseguran que la precariedad e insalubridad con que se practica la minería ilegal ha causado un alarmante repunte de “Malaria, Dengue, Zika, Sida, desnutrición, Sarampión, Difteria, Tuberculosis y hambre, en los pueblos indígenas de Venezuela”.

Insustentable

El informe es tajante al afirmar que el Arco Minero es “un proyecto insustentable, que atenta contra la fragilidad del ambiente, las reservas de agua, los bosques tropicales, la biodiversidad, paisajes prístinos, y la energía sustentable representada en los bloques de represas estratégicas de la cuenca del río Caroní que surten de energía hidroeléctrica a más del 65 % de la población venezolana”.

No dudan los diputados en referirse al proyecto gubernamental como “El Arco del Paraíso Fiscal Minero” y acusan a Nicolás Maduro de haber “profundizado la criminalidad en todo el Estado Bolívar, el enfrentamiento y rivalidad entre pranes, fuerzas armadas, y mineros, aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil, crisis sanitarias, y endeudamiento estatal”.

La comisión

Comisión especial para realizar un seguimiento a los probables efectos de los proyectos y actividades mineras en el sur del Orinoco se creó el 14 de junio de 2016. Está presidida por Américo De Grazia e integrada por Julio Cesar Reyes (vicepresidente), Gladys Guaipo, Francisco Sucre, Carlos Andrés González, Luis Parra, Ezequiel Pérez, María Gabriela Hernández, Luis Silva y Romel Guzamana. Desde su creación, la comisión ha realizado visitas in situ a la Gran Sabana y los municipios Sifontes, Roscio, El Callao, Piar, Angostura, Sucre y Cedeño.

Los asesores de la comisión mixta fueron:

  • Alexander Luzardo Nava, exsenador y expresidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del Senado del extinto Congreso Nacional; autor intelectual de las normas ambientales de la constitución de 1999, corrector de la Ley penal del ambiente 1992 y autor del Proyecto Original de la Ley Orgánica de comunidades y pueblos indígenas de 1987-88, y partícipe del “Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y La Amazonia Venezolana”.
  • Edgar Yerena, profesor de la Universidad Simón Bolívar y el ex asesor de la comisión ambiental del extinto Senado de la República, miembro de la Unión Internacional de la Naturaleza.
  • Frank Bracho, ex embajador de Venezuela en la India y experto internacional.
  • Otto Hubber, profesor y experto ecólogo de renombre internacional sobre Guayana y la Amazonia Venezolana.
  • Enrique Colmenares Finol, exministro de Ambiente.
  • Arnoldo Gabaldon, exministro de Ambiente.

Fotos: Cortesía | Archivo Crónica.Uno