Categoría: Derechos Humanos

“No sé nada del plan de Paramacay”: Habla cristiana que está “secuestrada” en El Helicoide

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Luis De Jesús

Caracas, 18 de agosto.- Sol Liggunny Zavala, la mujer que identificó el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín), Gustavo González López, como “alias Sol”, fue detenida ilegalmente el pasado 10 de agosto por funcionarios de ese organismo, quienes llegaron a las 6:00 de la mañana a su residencia ubicada en Parque Central.

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El equipo de El Cooperante pudo comunicarse con Zavala luego de estar once días detenida en la sede del Sebín en El Helicoide sin poder recibir las visitas de sus familiares. El motivo por el cual la sacaron de su vivienda fue porque habría aceptado una solicitud de alojamiento que le realizó una persona que conoce desde hace mucho tiempo y que había sido implicado por el asalto al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, donde un grupo de militares y civiles se rebelaron en contra del presidente Nicolás Maduro.

“No sé qué clase de implicación tiene o no; yo realmente no sé nada del plan de Paramacay”, dijo. En tal sentido, Zavala aseguró no haber tenido conocimiento de la operación desarrollada en Paramacay por Juan Carlos Caguaripano, “esa no es mi tarea ni es la función que quiero desarrollar en este país, no soy violenta, soy una mujer que sigo a Dios por sobre todas las cosas, que ama al ser humano, hasta a mis enemigos”.

Foto: EFE

Zavala lidera un partido político cristiano llamado Renuevo. “Me  preguntaron si era del partido político del cual estoy en construcción y le hablé del derecho político de que cualquier ciudadana podría tener la posibilidad de tener un partido político que no es de derecha ni de izquierda; me preguntaron si tenía relación con la Mesa de la Unidad Democrática y le dije que no”, expresó para el medio.

Detalló que se encuentra detenida en una oficina del centro de reclusión en calidad de “testigo protegida” y que sus allegados están alarmados por la “detención ilegal porque no fui presentada en fiscalía ni en tribunales”. Asimismo, reconoció que no ha sufrido ningún tipo de maltrato ni tortura, “presento un cuadro de asma bastante severo y vinieron médicos, no puedo decir otra cosa que no sea la verdad”. No obstante, tiene once días sin ver a sus familiares, aunque mantiene contacto con ellos debido a que le permiten usar su teléfono celular, pero le prohibieron tomar fotografías.

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“Soy inocente de las cosas que me puedan acusar, pronto haré las cosas necesarias, iré a fiscalía, a la defensoría, a los medios a decir que no estoy implicada en violencia o hechos que ningún ciudadano pueda tomar por culpa de la situación que estamos viviendo en este país”, manifestó.

Roberto Picón y Ángel Zerpa recluidos juntos en un baño del Sebin

19 de agosto de 2017

Ángel Zerpa y Roberto Picón

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Carmina Zerpa, hija del abogado, denunció que la situación de salud del magistrado es muy delicada: ha perdido diez kilos y en los últimos días ha vomitado líquido

El magistrado Ángel Zerpa, designado por la Asamblea Nacional como principal en la Sala Político Administrativa, sigue recluido en un baño del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su sede en El Helicoide y no está solo, a su lado se encuentra el ingeniero Roberto Picón, asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en el ámbito electoral.

Familiares de Picón lo visitaron y ahí vieron a Zerpa, quien tiene 27 días incomunicado, aislado y quien cumple más de 648 horas en huelga de hambre.

Carmina Zerpa, hija del abogado, denunció a El Nacional Web que la situación de salud del magistrado es muy delicada.

Zerpa, detenido a menos de 48 horas de haber sido designado por el Parlamento, ha perdido diez kilos y en los últimos días ha vomitado líquido.

La hija del jurista denunció que tanto su papá como Picón, acusado por el presidente Nicolás Maduro de ser autor de un supuesto ataque cibernético planeado contra el Consejo Nacional Electoral, están en un baño de 2×8 metros que no tiene luz natural ni ventilación, solo un bombillo que se mantiene encendido día y noche.

Roberto Picón y Angel Zerpa
Los dos hombres están juntos en el sanitario sin ningún tipo de privacidad ni condiciones básicas para su reclusión. Ambos duermen en el piso en colchonetas, rodeados de excusados que están tapados. Al ingeniero Roberto Picón tampoco se le permite visitas de sus familiares.

Zerpa tiene 27 días consumiendo solamente agua y agua de coco. Su hija reiteró que para la fecha y a pesar de las denuncias que han hecho ante las instancias para que velen por los derechos humanos del abogado, ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público han podido constatar el estado de salud o las condiciones de reclusión en el Sebin.

Carmina Zerpa aseveró que su papá debería ser traslado a un hospital porque cada día se deteriora más. Ni la familia del magistrado ni sus defensores han podido verlo desde que fue detenido y juzgado de forma ilegal.

Ya en el mes de junio las fuerzas especiales de la PNB (FAES), GNB (Conas) y el Sebin asaltaron residencias en el este de Caracas y detuvieron a más de 20 personas sin orden judicial. Roberto Picón, coordinador electoral de la Unidad, fue detenido en esos operativos.

La terrible situación de estos dos honorables venezolanos y la del resto de los presos políticos muestra sin la menor posibilidad de duda que en Venezuela impera una tiranía.


Una Nota Informativa desde nuestra Mesa de Redacción
Fuente: Agencias

¡COMIENZA LA CACERÍA! Gobierno hace listas de empleados públicos que no votaron para despedirlos

08:07:00 MOISÉS ARÉVALO

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¡COMIENZA LA CACERÍA! Gobierno hace listas de empleados públicos que no votaron para despedirlos

Dos días después de la elección de la asamblea nacional constituyente comenzaron los despidos en la administración pública. Dick Guanique, representante de los trabajadores del Frente en Defensa de la Constitución y la Democracia, denunció que en Petróleos de Venezuela fue despedido un trabajador y amenazaron a otros con la expulsión porque no votaror, según reseñó el diario El Nacional.

El dirigente sindical explicó que los gerentes llaman a los empleados y les preguntan directamente si sufragaron y luego acuden al punto rojo a escanear el carnet de la patria. “Si el supervisor decide que hay alguna contradicción en la respuesta del trabajador en el interrogatorio, lo incluye en una lista negra para proceder a despedirlo”, indicó.

Marcela León, dirigente de Alianza Sindical Independiente, señaló que el director del área educativa en el estado Táchira mandó un audio a los trabajadores en el que les notifica que se le suspende la bolsa de alimentos CLAP a quienes no participaron en el proceso electoral constituyente.

Agregó que los jefes y coordinadores de las 23 seccionales del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista informaron al personal que ya tenían las listas de los trabajadores que no fueron a votar a la ANC para aplicarles las sanciones.

Ante ello, dirigentes de las organizaciones sindicales y gremiales autónomas celebrarán mañana un pleno en Caracas para elaborar una agenda común con la finalidad de responder a la arremetida antidemocrática como consecuencia de la asamblea nacional constituyente, informó Guanique.

“El movimiento sindical venezolano necesita corregir sus errores, y definir de manera unitaria y consensuada sus estrategias y política a seguir en los tiempos por venir con esa constituyente que, además de derogar la Constitución vigente, pretende borrar del mapa a los sindicatos a través de los consejos socialistas de trabajadores y eliminar derechos laborales, como los contratos colectivos”, alertó.

El también dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato explicó que el gobierno mantendrá y profundizará la represión mostrada hasta ahora contra el pueblo a través de los asesinatos, la violencia, las detenciones, los allanamientos de morada y la persecución contra toda la disidencia lo cual incluye también a los dirigentes sindicales.

A la reunión de mañana acudirán las centrales obreras, las federaciones, y los sindicatos nacionales y sectoriales de trabajadores, así como las organizaciones de los gremios como el magisterio, los profesores universitarios y los profesionales.

Froilán Barrios, representante de Fadess, destacó la gran lección de valentía de los venezolanos y especialmente de los empleados públicos que, pese a las amenazas y presiones, mayoritariamente decidieron no ir a votar. “La abstención del domingo 30 de julio fue una demostración de paro cívico más contundente que las convocatorias realizadas el 13, 19 y 20 de julio”.

Destacó que esa respuesta popular dejó en evidencia el fraude que montó el gobierno con la ANC.

Iván Freites, directivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y organizador de la huelga general nacional, que arrancó el miércoles 19 de julio, dijo: “La protesta entró ahora en una fase latente y será retomada con más fuerza con la suma de todos los otros sectores de la sociedad civil”.

Considera que la abstención mostrada por los trabajadores del sector público y privado en la jornada electoral de la constituyente fue consecuencia de la huelga. No obstante, agregó que en el momento actual hay que preservar la estabilidad de los trabajadores del Estado frente a las amenazas de despido, situación que será denunciada ante el Tribunal de La Haya, pues el gobierno irrespeta derechos humanos como la democracia y el trabajo.

“Llamó a la clase trabajadora a mantenerse en pie de lucha, porque la constituyente será derrotada por las fuerzas democráticas tal como ocurrió con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que cayó 38 días después de un fraude electoral mediante un plebiscito, el 23 de enero de 1958”, recordó Freites.

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“No quería volverme una más en la lista de manifestantes fallecidos”

Julio 12, 2017

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Paula Colmenárez, de 17 años de edad, es estudiante de derecho de la UCV y fue detenida en Altamira durante trancazo del lunes.

Paula Colmenárez tiene 17 años de edad, el lunes fue detenida por motorizados de la Guardia Nacional cuando participaba en el trancazo del distribuidor Altamira. Relató que durante seis horas vivió parte de la violencia institucional en el país. Fue insultada, amedrentada, robada, golpeada y amenazada, hasta de ser lanzarla al río Guaire.

Durante la emboscada militar se tropezó y cayó al piso, quedó sola en la vía y fue alcanzada por una patada de un GNB y sufrió una cortada en la mano, que ameritó sutura de siete puntos. Así la montaron en la moto y la trasladaron a La Carlota. “Pensé que no quería ser una persona más en la lista de manifestantes fallecidos”, contó la estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.

“Me está pasando lo que le ha pasado a miles”, reflexionó la joven mientras los funcionarios de la GNB la golpeaban “para que no les mirara las caras”, maldecían, le pedían el bolso y el teléfono celular. Entregó sus pertenencias, las cuales fueron devueltas, menos el celular.

“Lo que me ocurrió es un puente para seguir saliendo a las calles pacíficamente”. Dijo que sintió miedo, impotencia y resignación, pero que eso lo convirtió en fuerza para protestar.

“Salí por que estoy cansada de ver cómo matan a venezolanos y de que sea una odisea conseguir medicamentos y comida. Quiero salir adelante en este, mi país, no en otro”, confesó la estudiante oriunda de Barquisimeto.

Su padre, Andrés Colmenárez, abogado defensor de los derechos humanos, mostró indignación por el hecho y también dolor por la muerte de los jóvenes manifestantes, como la de Rubén González, de 16 años de edad, asesinado ese mismo día en Carabobo.

“Tenemos la bendición de Dios de abrazar a nuestra hija. Cuántas familias han sentido el dolor de no poder hacerlo con los suyos”, expresó el fundador de la ONG Funpaz,  en la que atienden a víctimas de la represión desde 2013. Agradeció a los medios de comunicación y al fotógrafo Miguel Gutiérrez, por haber difundido la imagen del momento de la detención de su hija.

Paula agradece a Dios por esos “ángeles” y porque en La Carlota, no había funcionarias de la GNB, si no, hubiese sufrido torturas peores, según le dijo un custodio. Fue liberada a las 10:00 pm, suerte que no tuvieron otros jóvenes detenidos con ella. “No me queda más que ganas de salir por esos muchachos que quedaron presos”, manifestó.

EN

Sin el debido proceso, esposado y con presos comunes se encuentra el periodista Carlos Julio Rojas

9 Julio, 2017 resistencia Presos Políticos 0

El también líder social del centro norte de Caracas, lleva 72 horas detenido sin haber sido presentado a tribunales, tener acceso a sus abogados y está recluido con las manos esposadas en una celda junto a presos comunes en la zona siete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta norte; por presuntos delitos que le atribuye el ministro de Interior, Néstor Reverol.

Uno de sus abogados defensores, Carlos Calderón señaló que la privativa de libertad de Carlos Julio Rojas no está ajustada al estado de derecho, “a las 48 horas de su detención continuaba en privación ilegítima de libertad y sin presentación ante las instancias correspondientes”.

Explicó que al no estar judicializado el caso “se le está violando el debido proceso” lo que en su criterio evidencia que este caso representa “el abuso y el desborde de la inconstitucionalidad  de la fuerza pública, en el cual se le violenta el derecho a la protesta y al libre tránsito del periodista y luchador comunitario”.

“Una vez más estamos en esta situación similar que llevó a juicio a Carlos Julio tras haber filmado una cola en su supermercado en 2015 para un programa de televisión que conducía. Nosotros vamos a seguir adelante con la Constitución en la mano y con las leyes para evitar de nuevo la arbitrariedad de la dictadura latinoamericana y de tiempos pasados en Venezuela donde toda resistencia era llevada a tribunales militares que no son competentes y ni son jueces naturales de todo civil”, aseveró el jurista.

Rojas, quien fue detenido ilegal y arbitrariamente el pasado jueves en la ciudad de Caracas, mientras caminaba con una bolsa de papas por San Bernardino y tras haber participado en una protesta pacífica convocada por la Mesa de la Unidad Democrática fue responsabilizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, de “airadas y apresuradas acusaciones contra el comunicador y líder comunitario, dejando ver la siembra de supuestos elementos conspirativos y la intención de someterlo a la justicia militar”, tal como lo señalara el Sindicato Nacional de Periodistas en un comunicado.

El comunicador egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y trabajador del programa Radar de los Barrios, se desempeña como defensor de los derechos colectivos, así como un activista en favor de la Democracia. Formó parte del movimiento estudiantil, donde alzó su voz, contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Al mismo tiempo, se dedicó al trabajo social en distintas comunidades caraqueñas, tarea que realizó hasta cuando fue apresado por organismos de seguridad del Estado mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta.

Diversas organizaciones gremiales y de derechos humanos han condenado “el secuestro” al que ha sido sometido Rojas y han emplazado al Gobierno para que deje en libertad al periodista y cese en su empeño por generar miedo en quienes son críticos, cuestionan su gestión y se asocian para generar cambios en el marco de la Constitución de la República.

La Fiscalía pide la libertad de 14 policías de Chacao detenidos sin causa

Dom, 09/07/2017 – 07:55

La Fiscalía venezolana solicitó hoy la liberación de 14 funcionarios de la policía del municipio caraqueño Chacao que siguen detenidos por su presunta vinculación con el homicidio del exdirector de prensa del Parlamento, cercano al chavismo, pese a que un tribunal ordenó su excarcelación hace casi un año.

La Fiscalía  pide la libertad de 14 policías de Chacao detenidos sin causa

La Fiscalía interpuso “una acción de hábeas corpus para la restitución de la libertad” en el caso de los 14 funcionarios de la policía de Chacao, a quienes una investigación sobre la muerte del periodista y antiguo jefe de prensa del Parlamento Ricardo Durán “no ha arrojado elementos que los vincule con el hecho”.

El Ministerio Público solicitó para los policías municipales una medida cautelar de presentación periódica ante una instancia judicial tras la audiencia de presentación, el 23 de junio de 2016, indicó esta institución en un comunicado.

Según explicó la Fiscalía, el tribunal dictó el 8 de agosto del año pasado órdenes de excarcelación para los agentes, que “no se han hecho efectivas hasta la fecha” porque los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuya sede permanecen recluidos los policías, “se niegan” a recibirlas.

El Ministerio Público pidió una acción similar para un ciudadano identificado como Javier Elías Briceño Scott, investigado por presuntamente estar relacionado con un caso de corrupción.

“En relación con el caso de Briceño Scott, el 3 de febrero de 2016, el Tribunal 6° de Juicio del AMC dictó medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante una instancia judicial, así como la prohibición de salida del país y de la jurisdicción del citado tribunal”.

Aunque la orden de excarcelación fue recibida por el Sebin el 18 de marzo de ese año, “aún no ha sido restituida la libertad del hombre”.
Ambas solicitudes se conocieron en la misma jornada en que se otorgó la medida de arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López, recluido en una cárcel militar desde hace más de tres años.

En una rueda del prensa del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sobre la liberación del político, éste aseguró que en los próximos días se concederán medidas de arresto domiciliario “a otros venezolanos”, sin ofrecer mayores detalles.

“Yo me reservo los nombres porque no es mi papel adelantarme a lo que se va a realizar, pero lo que puedo confirmarles que sí van a ocurrir, como ocurrió ayer y hoy, otras medidas a otros ciudadanos y otras ciudadanas”, dijo.

La libertad de los 14 funcionarios es una de las reclamaciones de la ONG Foro Penal Venezolano, que asegura que esta es una detención “arbitraria”.

EFE

SNTP: Al menos cinco periodistas heridos tras ataque al Palacio Federal Legislativo (+Tuits)

Cinco periodistas fueron agredidos por las hordas chavistas que desde temprano en la mañana ingresaron a la Asamblea Nacional, donde agredieron a diputados, trabajadores del recinto y a personal de los medios de comunicación, destacó El Carabobeño en su versión digital.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que los oficialistas lanzaron explosivos directo al sitio donde estaban los periodistas.

Los desadaptados golpearon e intentaron robar al reportero gráfico del portal Contrapunto, Rafael Briceño. El fotógrafo de la agencia internacional EFE, Christian Hernández, también fue golpeado, pero a él sí le robaron sus equipos.

A Diana Vásquez, reportero del noticiero Venevisión, le robaron el micrófono y la agredieron los colectivos violentos. Luis Heredia, asistente de cámara de Capitolio TV, fue golpeado con un tubo en la cabeza; y a Lysaura Fuentes, de El Cooperante, le robaron el celular y la golpearon en las adyacencias de la AN.

Comentarios:

"Gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné": detenidos en protestas opositoras en Venezuela denuncian violaciones, golpizas y torturas

Karenina VelandiaBBC Mundo

  • 29 junio 2017

Ilustración de detenidoDerechos de autor de la imagenSUMI SENTHINATHAN / BBCImage captionLos detenidos coinciden al expresar que sienten terror, miedo y vulnerabilidad absoluta.

No se conocían. Nunca pensaron que juntos vivirían una de las experiencias más traumáticas de sus vidas.

Según actas judiciales, eran 10 jóvenes y fueron detenidos el 15 de mayo de este año en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, en los alrededores de una zona en la que se realizaban protestas en contra del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…”, le dice a BBC Mundo Martín Ríos, uno de los abogados defensores de los 10 jóvenes.

Indica que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Aragua, localizado en el norte de Venezuela, aproximadamente a 80 km de Caracas.

En la última ola de manifestaciones en contra del mandatario -que se inició hace ya casi tres meses- se han producido más de 3.200 arrestos (al 15 de junio), de acuerdo al Foro Penal, una ONG venezolana que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.

Ilustración de manifestante.Derechos de autor de la imagenSUMI SENTHINATHAN / BBCImage captionLas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad han sido condenados por organizaciones internacionales.

Durante los procesos de detención, son múltiples las denuncias de tortura, agresiones, abusos y violaciones a los derechos humanos y a la legislación vigente por parte de los cuerpos policiales del Estado.

Los excesos -muchos han quedado registrados en fotos y videos- han sido condenados incluso por el propio ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

“No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Los funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios, deberán responder por sus actos”, dijo en un acto al que asistió el 6 de junio.

BBC Mundo contactó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para hablar sobre las denuncias referidas con anterioridad a mediados de mayo, por teléfono y correo electrónico.

El MP informó que, por los momentos, no se estaban concediendo entrevistas. La PNB, por su parte, no había respondido al momento de publicar esta nota.

Violencia sexual

“Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente del país, es muy preocupante“, le comenta a BBC Mundo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Y añade: “Es una de las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia de los poderes y la impunidad que existe”.

Orden judicialDerechos de autor de la imagenMARTÍN RÍOSImage captionTras la denuncia de violación hecha por uno de los detenidos durante su audiencia, la juez solicitó un examen médico.

A los 10 jóvenes los separaron. “Y a uno (cuyo nombre se mantendrá en el anonimato por respecto a su dignidad) le hicieron algo aberrante y dantesco“, afirma Ríos.

Cuenta que lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas.

Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto”, indica el abogado.

Ríos relata que los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda.

Detenidos en protestas

3206

arrestados

  • 1280 todavía retenidos

Foro Penal (Actualizado al 14 de junio)

El caso del joven, de 19 años de edad, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, conocida como Ministerio Público.

BBC Mundo tuvo acceso al expediente en el que se relatan los hechos y constató la existencia de un documento en el que la juez del tribunal ante el que se presentó el caso solicita con urgencia que la víctima sea sometida a una evaluación médica.

Ríos asegura que los exámenes realizados confirmaron la violación. Explica que los resultados fueron enviados en un sobre sellado al recinto judicial y que forma parte del expediente y las investigaciones del caso.

“En los casos de tortura, las denuncias hechas en actas oficiales son una prueba contundente”, le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal, la ONG que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.

HeridoDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionIncidentes de agresiones han sido documentados en fotos y videos.

Con este punto coincide Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), una de las primeras ONG para la defensa de los DD.HH. creadas en Venezuela.

“Este crimen procura no dejar rastros. Funcionarios de regímenes dictatoriales han sido condenados pese a que no se recopiló evidencia cuando los actos ocurrieron. La responsabilidad de probar lo que ocurrió -o no- recae en el Estado, según convenciones internacionales para la investigación de casos de tortura como el Protocolo de Estambul”, explica Ortega.

La experiencia del joven detenido en Aragua, referida con anterioridad, no es única.

DetenidoDerechos de autor de la imagenISAAC PANIZAImage captionEn esta foto es difícil de apreciar, pero en el medio de los 4 policías, hay una persona.

En 70% de los casos que he documentado ha habido algún tipo de tortura sexual: a los detenidos los desnudan, los tocan, los obligan a ponerse en posiciones en las que muestran sus partes íntimas y algunos han sido víctimas de violaciones”, le dice a BBC Mundo la abogada Tamara Suju, directora de Casla, un centro de estudios para América Latina con sede en la República Checa que evalúa a las democracias en la región.

Suju introdujo una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, en contra del Estado venezolano. Lo acusa de cometer actos de tortura sistemática, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.

Golpes

Otro aspecto que expone los abusos a los que son sometidos los detenidos durante las protestas es el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad al momento de la aprehensión. No son pocos los casos que lo documentan.

El primer golpe lo sentí en la cabeza, me habían pegado con la culata de un rifle para perdigones”, le cuenta a BBC Mundo Carmen Ángel, una estudiante de 21 años que también vive en Barinas.

Y sigue: “Empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas mientras seguían pegándome en la cabeza, era una lluvia de golpes, no paraban. Una de las mujeres policía me dio un puño en la cara. Yo gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné”.

Carmen Ángel en el hospital.Derechos de autor de la imagenCARMEN ÁNGELImage captionCarmen Ángel necesitó suturas en la cabeza y tuvo fracturas en los dedos.

Recuerda que sangraba copiosamente, por lo que los funcionarios tuvieron que llevarla al hospital. Llegó esposada y así permaneció todo el tiempo que estuvo allí. Le dijeron a los médicos que las heridas eran consecuencia de una caída.

“Me advirtieron que no hablara, pero con los ojos le pedí ayuda al doctor que me recibió. Si no fuera por el personal médico que impidió que los policías me sacaran del hospital, la historia habría sido diferente”.

Como consecuencia de la golpiza, que ocurrió el 11 de abril, tuvo fracturas en los dedos y varias heridas en la cabeza que necesitaron sutura. Sufrió de vértigo por un mes y cuando el incidente ocurrió estaba tan mareada que si se paraba no podía separarse de la pared.

Plomo para cazar animales

Andrés, un estudiante universitario de 21 años, tiene nueve perdigones de plomo incrustados en el costado derecho de su torso desde el 18 de mayo. Los médicos no han podido extraerle la munición, que se utiliza para cazar animales, porque está muy incrustada dentro del músculo.

Cuenta que es la consecuencia de un disparo que recibió prácticamente a quemarropa tras un encuentro con la Guardia Nacional (GN), un componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en una zona en el norte de Caracas.

Heridas sufridasDerechos de autor de la imagenANDRÉSImage captionEn el torso de Andrés hay nueve perdigones de plomo.

Ya estaba oscuro, eran las 6:00 pm y había salido para ver qué estaba pasando en una protesta organizada cerca de su casa. Andrés recuerda que lanzaron una lluvia de bombas lacrimógenas y empezaron a aparecer motos de la GN por todas partes.

“La gente corrió como loca. Yo me quedé atrapado entre una pared y los guardias nacionales que se bajaron de las motos. Levanté las manos y les dije que estaba desarmado, creo que eran como ocho, uno me apuntó con una escopeta en la cara, me volteé y sentí el tiro en el costado“.

“Se reían y gritaban: ‘Llora mariquito, estás cagado (término vulgar para decir que alguien está asustado), te vamos a matar’. Estaba abrumado, me quebré, el miedo se apoderó de mí. Me mandaron a correr, las motos me perseguían, me pegaron con la culata de un rifle. Los oía decir: ‘Dispárale a ese'”.

Andrés logró escapar y fue auxiliado por una mujer en una moto que lo llevó a una clínica en la zona.

“Tenían que drenar la sangre que había en los huecos causados por los perdigones y para hacerlo me presionaban las heridas. El dolor que sentí no tiene palabras“.

El calvario

Protestas en VenezuelaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas manifestaciones en contra del gobierno se iniciaron hace casi tres meses.

Las denuncias de acciones ilegales y violaciones al debido proceso son múltiples y de diferente naturaleza.

El secretismo en torno al acceso de información en Venezuela es extremo.Con frecuencia las autoridades no permiten el contacto con los detenidos. Ni siquiera los familiares pueden verlos”, afirma Erika Guevara, directora de AI.

Esto, pese a que la legislación venezolana garantiza el derecho de un detenido a comunicarse con sus abogados y su familia.

La falta de información fue una de las varias irregularidades denunciadas por los abogados de Sergio Contreras, activista social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Fue detenido en una zona del centro de la capital cuando, a través de un megáfono, le pedía a la Policía Nacional Bolivariana que dejara de lanzar bombas lacrimógenas porque en los alrededores había niños y ancianos.

En un video se aprecia como un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se le abalanzan y lo someten.

Detención de Sergio ContrerasDerechos de autor de la imagenCARAOTA DIGITALImage captionA Sergio Contreras lo recluyeron en la cárcel militar de Ramo Verde.

“Ahí empezó el calvario. No sabíamos nada de él, a dónde se lo llevaron ni cuándo sería su audiencia de presentación. Tuvimos que adivinar, íbamos de un centro de reclusión a otro. Lo hacen para agotarte, para quebrarte, para que te sientas mal“, le dice a BBC Mundo Mariana Barrios, la esposa de Contreras.

El profesor, además, tiene epilepsia y necesita medicación.

“No puede dejar de tomar las pastillas ni un día, porque si lo hace, convulsiona. No me dejaron verlo durante más de una semana sin saber si le dieron la medicación. Nuestro hijo ha llorado mucho. Ha sido una pesadilla, no tengo palabras para describir lo que hemos vivido. Es tan injusto, él ayuda a todo el mundo…”, dice Barrios mientras se le quiebra la voz.

Carmen Ángel en el hospital.Derechos de autor de la imagenCARMEN ÁNGELImage captionLos funcionarios policiales se negaron a quitarle las esposas a Carmen Ángel durante su estadía en el hospital.

El caso de Contreras también ilustra una estrategia que se repite con más frecuencia: civiles juzgados por tribunales militares y acusados de traición a la patria y rebelión.

A Contreras lo enviaron a Ramo Verde, la misma prisión militar en la que se encuentra el líder opositor Leopoldo López.

El Foro Penal ha documentado decenas de este tipo de casos. Durante el proceso de investigación judicial en tribunales militares, muchos son enviados a cárceles para peligrosos criminales que ya han sido sentenciados.

Mucho miedo

Hay un elemento recurrente en los testimonios de quienes han denunciado abusos durante las detenciones.

“Cuando los manifestantes se retiran, los empiezan a perseguir. Además, muchos de los excesos han ocurrido cuando la persona ya ha sido sometida. Y ese es un elemento fundamental en los delitos de tortura porque la persona ya estaba bajo el control de la autoridad”, explica Ortega, directora de Cofavic.

“El Ministerio Público ha actuado dentro del marco legal, pero los funcionarios policiales y algunos tribunales desconocen, ignoran y van en contra de las resoluciones del organismo”, afirma Alfredo Romero, director del Foro Penal.

ProtestaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa lluvia de bombas lacrimógenas suele ser una constante en las detenciones.

Uno de los varios casos atendidos por la organización que ilustra este punto es el de Fernando Caballero.

“Fue detenido y trasladado al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se le otorgó libertad bajo medidas cautelares solicitando dos fiadores que la familia consiguió, pero el juez asignado a su caso dejó de trabajar sin dar explicaciones“, explica Romero.

No pudo completarse el procedimiento de verificación de fiadores y nadie reemplazó al funcionario, por lo que Caballero siguió detenido.

Violación severa y opositores en riesgo

Los casos investigados por Tamara Suju y presentados ante la CPI incluyen denuncias de tortura a opositores al gobierno de Nicolás Maduro realizadas en 2014, durante las detenciones que se llevaron a cabo en Venezuela la última vez que se produjeron protestas similares a las que tienen lugar en este momento.

Esos casos se incluyeron en un informe publicado por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la realización de una evaluación acerca del respeto a los derechos humanos en el país.

DetenidoDerechos de autor de la imagenISAAC PANIZAImage captionA los detenidos suelen llevárselos en una moto.

A raíz de los hallazgos, los expertos expresaron su preocupación con respecto a las denuncias de detenciones arbitrarias y tortura de manifestantes en Venezuela.

El Comité recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, asaltos sexuales y amenazas sufridas por los manifestantes arrestados“, le indica a BBC Mundo Jens Modvig, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU y director médico de DIGNITY, el Instituto Danés contra la Tortura.

Basándonos en la información recibida, hay fuertes indicios de que el gobierno ha violado severamente los derechos humanos de quienes se le oponen (…)”.

Y prosigue: “El Comité no ha recibido información reciente acerca de la situación, pero tampoco información que indique que se produjeron cambios”.

“Esto quiere decir que lo más probable es que los detenidos, particularmente los opositores políticos en custodia, están continuamente en riesgo de ser torturados”, concluye Modvig.

Todos los entrevistados coinciden al expresar que los impresionó la saña, la rabia, la violencia y el odio que percibieron en el tratamiento que les dieron. Hablan de “psicoterror” y un miedo absoluto que todavía se manifiesta en sueños y pensamientos involuntarios.

“Sientes que eres de ellos y que no vales nada. Piensas que te pueden matar, que te pueden desaparecer y hacer literalmente lo que quieran… Me sentía tan desprotegida y tan vulnerable. Es horrible, no se lo deseo a nadie”, concluye Carmen Ángel, la estudiante detenida y hospitalizada en Barinas.

GNB dentro de una tanquetaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por la situación en Venezuela.

Los crueles nuevos métodos de tortura contra estudiantes en Venezuela

Dictadura En Venezuela Torturas

BY: ORLANDO AVENDAÑO @ORLVNDOA – JUN 30, 2017, 7:06 PM

(Leo Álvarez)Los casos de torturas van desde violaciones, actos sexuales aberrantes, hasta golpes y amenazas. (Leo Álvarez)

La violencia ejercida por el Estado para controlar las manifestaciones de la oposición venezolana en las calles, ha aumentado considerablemente. El último balance de la ONG Foro Penal señala que, hasta este 29 de junio, ha habido en Venezuela: 3529 detenciones, 1188 aún se encuentran detenidos, y el número de presos políticos ha aumentado a 404 —eso sin señalar los más de 80 asesinados.

No obstante, a pesar de la cruel represión, la sociedad venezolana sigue acudiendo a las calles. Cada vez el miedo está más latente, pero eso no impide a los ciudadanos salir a protestar. Siempre está el riesgo de ser agredido o asesinado; pero, lo que infunde más terror en la población es, sin duda, el riesgo a ser detenido por la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional.

El terror a la detención surge luego de que la sociedad venezolana presenciara con asombro, durante las protestas de 2014 en el país, el grado de maldad de los funcionarios del Estado chavista. En ese momento también fueron miles las detenciones de jóvenes estudiantes que salían a la calle a ejercer un derecho cívico y, asimismo, fueron cientos los casos de torturas y maltratos.

En ese momento los que más llamaron la atención fueron, primero, un joven de Valencia, estado Carabobo, que fue violado con un fusil por la Guardia Nacional Bolivariana. A otros jóvenes los rociaban con gasolina y amenazaban. Sin embargo, ahora con las protestas de este 2017, parece que las torturas también han escalado.

Violencia sexual, amenazas y golpes

En su cuenta de Twitter, la estudiante de la Universidad Simón Bolívar (USB), Mariana Fornerino, dice que ella fue detenida en 2014 por la Guardia Nacional Bolivariana —a pesar de que ella formaba parte de Primeros Auxilios de la USB. Fornerino confirma las agresiones, los maltratos y las amenazas. Dice que le sembraban pruebas. No obstante, señala que “el nivel de odio que hay entre las fuerzas del Estado es superior al que vivimos en 2014”, por lo tanto, es de esperar que, ahora, “los tratos sean inimaginables”.

Este jueves 29 de junio la sociedad venezolana presenció con horror como miembros de la Policía Nacional Bolivariana, luego de detener a más de 20 jóvenes, los obligaban a entrar en un camión cava de carga liviana sin ventanas con humo de bomba lacrimógena adentro. La agresión despertó la indignación y fue, incluso, comparada con prácticas Nazi.

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Gabriela Gonzalez @GabyGabyGG

Momento en q se llevan a cerca de 30 jóvenes en El Rosal. En una encava sin identificación.Les cierran puertas con el gas lacrimógeno #29Jun

15:42 – 29 Jun 2017

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Laureano Marquez @laureanomar

Ayer conocimos algo que ni siquiera se les ocurrió a los nazis: una cámara de gas portátil.

11:44 – 30 Jun 2017

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Antes habíamos visto a los funcionarios del Estado asesinar manifestantes. Se presenció cómo robaban y agredían; pero las denuncias de torturas, aquellas que exponen el lado más retorcido de los efectivos, son cada vez más habituales.

En el estado Lara, al centro occidental del país, surgió una denuncia terrible. Dos manifestantes fueron detenidos y, luego, los obligaron a beber gasolina. A raíz de ello, los jóvenes se desmayaron.

“A los muchachos los hicieron tomar gasolina, por lo que se desmayaron y los dejaron tirados en el sitio”, señala el abogado de la ONG Foro Penal, Pedro Troconis, al medio El Nacional.

Luego de la dantesca acción, miembros paramédicos del grupo “Rescate Barquisimeto” los socorrieron, a verlos tirados en las calles. Asimismo, Troconis señala al medio venezolano que a otra mujer, en Lara, le rompieron la ropa y, luego, la detuvieron.

Por otra parte, en un reportaje del medio británico BBC, se exponen otros casos más desagradables de torturas en Venezuela.

“Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes”, dice el abogado Martín Ríos a BBC sobre 10 jóvenes que fueron detenidos el 15 de mayo en el estado Aragua, a 80 kilómetros de Caracas.

A uno de esos jóvenes lo apartaron del grupo. A él, cuyo nombre no fue publicado por BBC, lo obligaron a arrodillarse: “Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre su cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto“, dice el abogado Ríos sobre un joven de solo 19 años.

Orlando AvendañoOrlando Avendaño

Orlando Avendaño reside en Caracas, Venezuela, y estudia Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Síguelo @OrlvndoA.

Derechos sin Revés: La jurisdicción internacional y los Derechos Humanos

Por COFAVIC

Fecha: 29/06/2017

CortePenalInternacional

El principio de la jurisdicción internacional plantea la posibilidad de que cualquier Estado pueda conocer de determinados delitos, sin detenerse en el lugar de comisión de éstos y de la nacionalidad de la víctima y del autor.

En ese sentido, la comunidad internacional ha planteado que ciertos delitos, entre los que se mencionan expresamente el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y, por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación de llevar a los responsables ante los tribunales. Esta opinión se recoge en el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es decir, que los Estados deben promulgar la jurisdicción de mayor alcance,  jurisdicción universal, para garantizar que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a todo sospechoso de haber cometido estos crímenes y que su país no puede servir de refugio para eludir la acción de la justicia.

Liliana Ortega, abogada y directora ejecutiva de Cofavic, afirma que con el desarrollo de la jurisdicción universal para la protección efectiva de los derechos humanos y con la expansión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se conquistó un espacio jurídico y político que  constituye hoy día una verdadera categoría de carácter normativo que obliga de manera indefectible a los Estados en el contexto internacional.

Sin lugar a dudas, el Derecho Internacional conforma un muro de contención que coloca límites firmes dirigidos a proteger a los individuos del abuso de poder del Estado, colocando a estos por encima de los derechos del Estado o de la sociedad.

Según el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”, debido a que la responsabilidad del Estado por violaciones a los Derechos Humanos se deriva de la naturaleza de los crímenes cometidos, los cuales se consideran que afectan a la humanidad en su conjunto y en la responsabilidad que el mismo ha asumido frente a sus nacionales y ante la comunidad internacional.

El castigo a los responsables es uno de los aspectos más importantes de la defensa y promoción de los derechos humanos, toda vez que cuando un Estado aplica a través de su cuerpo normativo las sanciones que correspondan y realiza investigaciones objetivas, está enfrentando el terrible flagelo de la impunidad. “Independientemente de que los partícipes hayan actuado como gobernantes, funcionarios o particulares, de tales ilícitos se desprenden un conjunto de consecuencias jurídicas: la obligación de los Estados de investigarlos y respecto de sus presuntos autores de buscarlos, detenerlos, enjuiciarlos y si son declarados culpables, castigarlos”.

Una de las consecuencias más graves de  no asumir con seriedad y voluntad política la internalización de la obligación por parte de los Estados de asegurar la vigencia de los derechos humanos, la constituye la impunidad. La impunidad significa dejar sin juicio ni castigo a los culpables de Crímenes de Lesa Humanidad; equivale, objetivamente, a tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posibles tales crímenes y eludir una responsabilidad elemental frente al futuro: la de salvaguardar los valores básicos de la convivencia pacífica.

Solo desde el conocimiento de la verdad, asumiendo el Estado la responsabilidad legal y moral de la aplicación de las sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos, la humanidad puede salvaguardarse, en la mayor medida posible, de crímenes que destruyen las posibilidades de convivencia armónica y civilizada.

En este sentido, las Organizaciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos. Su labor se ha centrado principalmente en la investigación y seguimiento de crímenes contra los derechos humanos, proveer información especializada a los organismos internacionales, impulsar una mayor sensibilización y concientización de la opinión pública ante la temática de los derechos humanos y el desarrollo de un fuerte cabildeo para promover una legislación más favorable y expansiva para los derechos humanos, además de denunciar contextos generales o políticas internacionales o nacionales claramente regresivas para la defensa de los derechos humanos

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