Categoría: Derechos Humanos

EEUU señala a Venezuela, China y Rusia en informe de derechos humanos

foto:archivo

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20/04/2018 | 02:12 pm


WASHINGTON.- El Departamento de Estado publicó este viernes el informe anual sobre Derechos Humanos en el cual señala a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como países que violan “a diario” los derechos humanos de sus ciudadanos, y destaca también la situación de esas libertades en Venezuela, Siria y Birmania.

En rueda de prensa, el secretario de Estado estadounidense en funciones, John Sullivan, dijo que el gobierno venezolano “reprime los derechos humanos de su pueblo y les impide tener una voz en su gobierno (…) Apoyamos al pueblo venezolano, incluso cuando su líder se niega a permitir el ingreso de la ayuda”.

Department of State

@StateDept

Acting Secretary Sullivan: In #Venezuela, the Maduro regime represses the #humanrights of its people and denies them the right to have a voice in their government. We stand by the Venezuelan people, even as their leader refuses to allow aid into the country.

13:38 – 20 abr. 2018

Información y privacidad de Twitter Ads

El texto resalta que con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, el Gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar la victoria del actual mandatario.

“El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones”, explica.

Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma “rutinaria” y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.

Sobre Rusia, el informe indica que la anexión de la península ucraniana de Crimea “siguió afectando significativa y negativamente la situación de derechos humanos” en Ucrania, y destaca otras violaciones como “asesinatos extrajudiciales” y “desapariciones forzadas, tortura sistemática y que a veces resultaba en la muerte”.

En China, el texto advierte que las peores violaciones de las que fue responsable el Gobierno incluyeron ejecuciones sin debido proceso, “desapariciones forzadas”, torturas, “detenciones arbitrarias” e ilegales.

Respecto a Irán, el documento menciona un alto número de ejecuciones por delitos menores según los estándares internacionales y sin debido proceso.

Unión Radio/EFE

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¡Censura! Gobierno habría “tumbado” el internet en la AN para impedir trasmisión

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El Cooperante

Caracas, 17 de abril.- El canal de la Asamblea Nacional (AN), Capitolio TV, no transmitió la sesión ordinaria de este martes porque el Gobierno “tumbó el Internet” de la institución.

Lea también: Los partidos políticos que darán el sí al antejuicio de mérito contra Maduro

“Informó que la dictadura tumbo el Internet en la Asamblea Nacional y por esa razón Capitolio TV no está trasmitiendo la sesión“, denunció en parlamentario Franklyn Duarte, a través de su cuenta en Twitter.

Este martes, los diputados debatieron si había o no mérito suficiente para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presuntos hechos de corrupción con la empresa Odebrecht.

Dip. Franklyn Duarte@FranklynDuarte_

Informó que la dictadura tumbo en Internet en la @AsambleaVE y por esa razón @elcapitoliotv no está trasmitiendo la #SesionAN #9y35am

10:45 – 17 abr. 2018

El fin de Raúl Castro marca una nueva era para los DDHH en Cuba, según AI

CUBA CARIBE DESTACADO

“[…] en los últimos tres años, un mínimo de once personas habrían sido encarceladas “únicamente por la expresión pacífica de sus convicciones”.

EFEBy EFE On Abr 16, 2018

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El próximo el próximo 19 de abril Raúl Castro entregará la Presidencia de Cuba. (Flickr)

Londres, 16 abr (EFE).- Aministía Internacional (AI) señaló hoy que el fin del mandato del presidente de Cuba, Raúl Castro, debe suponer “el anuncio de una nueva era para los Derechos Humanos (DDHH)” en la isla.

La organización con sede en Londres publicó hoy su hoja de ruta para el nuevo Gobierno cubano bajo el título “Transformar el enfrentamiento en diálogo”, con el que ilustra cómo mejorar el historial de Cuba en el respeto a los derechos humanos.

Tras cumplir dos mandatos de cinco años, Raúl Castro entregará la Presidencia de Cuba el próximo 19 de abril, momento que, según AI, se presenta como una “oportunidad histórica” para “entablar un diálogo esencial y constructivo sobre el futuro de Cuba”.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, sostuvo que el nuevo presidente debe “consolidar los progresos en Cuba en materia de DDHH, en áreas como el acceso a la asistencia médica y a la educación”.

La representante de AI, organización que tiene vetada la entrada en el país caribeño desde hace casi 30 años, defendió que Cuba “debe abordar las restricciones que persisten sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

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Asimismo, apuntó que las autoridades “deben garantizar los derechos de toda la población cubana”, incluidos los de quienes “critican al Gobierno”.

Para ello, opinó, se debe “acabar rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas”.

Según la plataforma, se siguen llevando a cabo “detenciones y actos de intimidación y acoso contra activistas y periodistas independientes” y, en los últimos tres años, un mínimo de once personas habrían sido encarceladas “únicamente por la expresión pacífica de sus convicciones”.

La ONG propone en su agenda de Derechos Humanos para Cuba la adopción de quince medidas concretas en cinco áreas clave para hacer frente a los “acuciantes retos pendientes desde hace tiempo que el nuevo Gobierno debería considerar prioritarios”.

Tales medidas incluyen la necesidad de que el Gobierno de Cuba entable una “relación constructiva” con los observadores internacionales de derechos humanos y se realicen reformas que garanticen la libertad de prensa, así como la elaboración de una legislación integral contra la discriminación.

El permiso para poder inscribir en el registro todas las asociaciones cívicas y el refuerzo de la independencia del poder judicial, son algunas de las otras demandas de AI, que también reitera su llamamiento al levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.

"En Venezuela la violencia sistemática contra los periodistas y medios ha empeorado"

AMÉRICA LATINA VENEZUELA SIP

14 de abril de 2018 – 16:04

En el informe se destaca que la violencia es una política de Estado, un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular, la Guardia Nacional Bolivariana

Miguel Henrique Otero

Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional leyó el informe sobre Venezuela. CORTESÍA

MIAMI.– El informe sobre Venezuela que se presentó en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inicia con la alarmante afirmación que “la violencia sistemática en contra de los periodistas y los medios de comunicación ha empeorado en este período. Todos los indicadores sobre libertad de prensa presentan un deterioro alarmante”.

La reunión, que se desarrolla en la ciudad de Medellín, Colombia se extenderá hasta el domingo, y comenzó con la presentación del informe de la entidad que hará el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República.

El informe, publicado en el portal de la SIP, sobre Venezuela señala que la crisis económica y financiera sigue cobrando víctimas entre los medios de comunicación. “Nueve periódicos (El Mío, Tal Cual, La Nación, El Oriental, El Tiempo, El Impulso, El Informador, La Prensa y Versión Final) dejaron de publicarse en este período por falta de papel y otros insumos. La empresa estatal Corporación Alfredo Maneiro, que tiene el monopolio de la venta y distribución de papel periódico, sigue siendo utilizada como arma de discriminación para castigar a la prensa. También cerraron 49 medios de comunicación audiovisuales (46 estaciones de radio y tres canales de televisión) como producto de la crisis económica, la falta de publicidad y de la asfixia gubernamental ensañada contra medios críticos e independientes”.

En el informe se destaca que la violencia es una política de Estado, un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular, la Guardia Nacional Bolivariana, a los que se suman el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especial (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), otros cuerpos policiales y grupos de paramilitares y bandas de delincuentes. Varios delincuentes han sido identificados, fotografiados o filmados. “El nivel de protección por parte del gobierno es tan alto, que el 26 de febrero, una de estas facciones desfiló en Caracas con armas de alto calibre. Ninguna autoridad reaccionó”.

Además se enumeró los hechos ,ás importantes de violación de los derechos humanos perpetrados contra periodistas y contra medios como mecanismos de censura contra aquellos que reclaman la libertad de expresión.

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó 498 agresiones y 66 detenciones de periodistas en 2017”.

Aquí la transcripción completa del informe:

La violencia sistemática en contra de los periodistas y los medios de comunicación ha empeorado en este período. Todos los indicadores sobre libertad de prensa presentan un deterioro alarmante.

La crisis económica y financiera sigue cobrando víctimas entre los medios de comunicación. Nueve periódicos (El Mío, Tal Cual, La Nación, El Oriental, El Tiempo, El Impulso, El Informador, La Prensa y Versión Final) dejaron de publicarse en este período por falta de papel y otros insumos. La empresa estatal Corporación Alfredo Maneiro, que tiene el monopolio de la venta y distribución de papel periódico, sigue siendo utilizada como arma de discriminación para castigar a la prensa. También cerraron 49 medios de comunicación audiovisuales (46 estaciones de radio y tres canales de televisión) como producto de la crisis económica, la falta de publicidad y de la asfixia gubernamental ensañada contra medios críticos e independientes.

Según IPYS Venezuela, desde agosto de 2013 hasta febrero de 2018, han dejado de circular 35 diarios, de esta cifra, 18 periódicos dejaron de imprimirse definitivamente y 16 suspendieron temporalmente sus ediciones en papel.

La violencia es una política de Estado, un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular, la Guardia Nacional Bolivariana, a los que se suman el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especial (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), otros cuerpos policiales y grupos de paramilitares y bandas de delincuentes. Varios delincuentes han sido identificados, fotografiados o filmados. El nivel de protección por parte del gobierno es tan alto, que el 26 de febrero, una de estas facciones desfiló en Caracas con armas de alto calibre. Ninguna autoridad reaccionó.

Se están utilizando tribunales militares para encarcelar y enjuiciar a civiles, incluso a periodistas y a reporteros ciudadanos. En la esfera militar los procesados ingresan en un túnel de desinformación, abusos, desconocimiento de los procesos y aislamiento.

El Poder Judicial no reconoce el derecho a ejercer el periodismo, no castiga a los responsables de la violencia contra medios y reporteros.

Los uniformados amenazan, insultan, amedrentan, golpean, roban y detienen a los periodistas por cualquier circunstancia. Les obligan a borrar fotografías, videos o audios y les roban teléfonos móviles, cámaras de video o fotográficas y grabadores de audio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó 498 agresiones y 66 detenciones de periodistas en 2017.

Hechos más sobresalientes en este período:

El 18 de octubre Diosdado Cabello en el programa con el Mazo Dando arremete contra el director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero. “Te espero en la bajadita. Cuando regreses irás preso”.

El 2 de noviembre agredieron y detuvieron a Carlos Landaeta, secretario de finanzas del Circulo de Reporteros Gráficos y a Dalí Gómez, fotógrafo independiente. Los reporteros gráficos fueron a la Fiscalía 19 del MP para denunciar agresiones.

El 3 de noviembre dejó de publicarse el diario El Mío, en Anzoátegui, por falta de papel.

El4 de noviembre la directora del diario El Norte, en Anzoátegui, asegura que fue amenazada por agentes del Dirección General de Contra inteligencia Militar, durante allanamiento a la rotativa.

El 8 de noviembre la Asamblea Nacional Constituyente que disolvió al Poder Legislativo electo, aprobó por unanimidad la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.

La ley, bajo conceptos muy ambiguos, considera penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan “el fascismo”. También establece sanciones de 8 a 10 años de cárcel a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio.

El 12 de noviembre 50 paramilitares invadieron la sede de El Nuevo País, en el sector San Agustín, en Caracas. Tomaron la sede y taparon el logo del periódico con una pancarta de la Asamblea Nacional Constituyente.

El 10 de diciembre seguidores del oficialismo en la Avenida Libertador en Caracas, obstaculizaron el equipo de Vivo Play Net en colegio de Las Palmas e impidieron a toda la prensa el acceso al Liceo Juan Germán Roscio, uno de los centros con mayor cantidad de votantes en la capital del estado Guarico.

El grupo Plan República impidió acceso al equipo de TRV, Tic Tv, Televen, El Periodiquito, El Aragueño, y El Siglo al centro de votación en la Unidad Educativa Antonio García Rojas donde votaron Tareck El Aissami y el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres.

El 18 de diciembre el diario Tal Cual se convirtió en un medio completamente digital ante la imposibilidad de obtener papel prensa.

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela detuvo a Naleida León y Gladifer Albornoz, periodista y reportero gráfico del canal Unicable, mientras cubrían una manifestación en el Estado Nueva Esparta. El Comandante de la Guardia Nacional acusó a los periodistas de estar agitando una manifestación por falta de comida. Fueron liberados tres horas después y obligados a firmar un documento el que declaran no haber sido maltratados.

El 31 de diciembre unas 60 personas derribaron y desvalijaron una torre de transmisión de la emisora Paraguaipoa 92.3FM perteneciente al circuito Radio Fe y Alegría en el municipio Guajira, del Estado Zulia, sin que las autoridades policiales se presentarán en el lugar.

El 5 de enero 2018 el diario La Nación, en el Estado Táchira, dejó de publicarse por falta de papel.

El 11 de enero fue sacado del aire por Conatel el programa Caiga Quien Caiga, transmitido por las emisoras Mara Ritmo 900AM y B 94.1 FM en el Estado Zulia.

El 14 de enero funcionarios de la PNB obligaron al equipo del medio digital VenemundoWeb a borrar todo el material que habían grabado en una protesta en Caracas.

El 15 de enero el diario El Oriental del Estado Monagas anunció que dejará de publicarse por falta de insumos (planchas) y papel. Seguirá publicándose en forma digital.

Tribunal Militar dictó privativa de libertad contra el fotógrafo Héctor Pedroza, detenido por hacer imágenes de las protestas antigubernamentales en Maracay, Estado Aragua. Fue acusado de instigación a la rebelión y terrorismo fue recluido en Ramo Verde.

El 18 de enero en el programa con el Mazo Dando Diosdado Cabello se refirió al director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, como encubridor de periodistas al protegerlos en Madrid, una vez que huyen del país.

El 25 de enerodespués de 12 años y 30 días de operaciones el diario El Tiempo, principal medio impreso de Anzoátegui, decidió cerrar las corresponsalías y detener la circulación en la zona centro sur de estado debido a problemas económicos.

La Dirección Militar interrogó a la periodista Yndira Lugo‏ del diario independiente Región del Estado Monagas. El editor y la directora del diario fueron citados a declarar por una denuncia en su contra por presuntos delitos de la Ley Contra el Odio.

El 30 de enero el diario El Universal prohibió la publicación de informaciones políticas en sus redes sociales. La medida provocó la renuncia de algunos trabajadores.

El 31 de enero la televisora regional Net Televisión, del Estado Mérida anunció el cierre de operaciones de la planta televisiva cinco años después de inaugurada, argumentando “la carencia de recursos humanos y financieros”.

El 5 de febrero el portal digital de noticias VenemundoWeb recibió amenazas a través de una cuenta de correo electrónico en las que los conminan a no publicar informaciones “contra el gobierno”.

Periodistas del medio digital ArmandoInfo.com fueron demandados por difamación e injuria por el empresario colombiano Alex Saab, cercano a Piedad Córdoba, luego de una investigación periodística que evidenció la existencia de una relación con el negocio de las bolsa Clap y el presidente Nicolás Maduro. Los periodistas están exiliados.

El 8 de febrero Diosdado Cabello en el programa con el Mazo Dando se refirió al director del diario El Nacional Miguel Henrique Otero como el responsable de orquestar una campaña en contra de Venezuela, junto con diarios del mundo.

El 10 de febrero diario El Impulso dejó de circular, después de 114 años, por falta de papel.

También dejó de circular el diario El Informador del Estado Lara, por falta de papel y otros insumos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Lara realizaron una protesta en apoyo a los diarios del Estado El Impulso, El Informador, El Diario de Lara, La Prensa de Lara y El Caroreño.

El 16 de febrero sujetos armados ingresaron a planta transmisora de Radio Mundial 860 en San Cristóbal, Estado Táchira y cortaron su transmisión.

El 21 de febrero fueron agredidos el reportero de portal Caraota Digital, Gregory Jaimes y su camarógrafo en las inmediaciones del Hospital de los Magallanes de Catia, donde intentaban cubrir protesta de los trabajadores del centro de salud.

Los periodistas René Méndez, de NTN24, y Daniel Cáceres, de la agencia AFP, fueron detenidos por más de cuatro horas por funcionarios de contrainteligencia en las paradas militares de Lobatera. Les quitaron los equipos y les borraron su material.

También en febrero,CONATEL sancionó al canal de televisión Televen por informar sobre hechos violentos.

El 1 de marzo Vanessa Rivas, reportera del portal Caraota Digital y su conductor, fueron detenidos por funcionarios del SEBIN en las cercanías a la residencia de Leopoldo López, en Los Palos Grandes, mientras intentaban reportar una denuncia de su esposa. También fueron detenidos Luis Gonzálo Pérez, de VenemundoWeb; Rafael Hernández, de NTN24, Karola González y Alejando Medina, de Univisión.

El 2 de marzo, después de 33 años, dejó de circular por falta de insumos el diario La Prensa de Barinas. Son tres los impresos que dejaron de circular en la región, antes lo hicieron los diarios De Frente y La Noticia.

El diario zuliano Versión Final dejó de circular el domingo 11 de marzo por falta de papel.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede DGCIM, en Boleíta, le retiraron la credencial de prensa al reportero Rafael Hernández, quien hacía la cobertura de la detención del ex general Miguel Rodríguez Torres, acusado de traición a la patria.

El 28 de marzo funcionarios de Policarabobo agredieron a la periodista Ruth Lara Castillo, de @ElPitazoTV y Juan Carlos Hernández y a su camarógrafo Gabriel León de @El_Noticiero durante un enfrentamiento entre familiares y policías en la Comandancia General del estado”.

Viacrucis de derechos humanos sigue en Venezuela como lo refleja el Informe Anual 2017 de la CDIH

PUBLICADO ENABRIL 4, 2018 POR EDITOR

El viacrucis de los derechos humanos sigue en Venezuela como bien lo refleja el Informe Anual 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el mundo antiguo, el humanismo tuvo altos niveles de expresión, pero paradójicamente coexistía con la esclavitud como sistema de producción, y, en consecuencia, los derechos humanos fueron oscurecidos por la desigualdad. Eso fue impactado por la aparición del cristianismo, que tuvo un rol fundamental en la valoración de los derechos humanos.

Después de la caída del Imperio Romano, en el feudalismo de la Edad Media se estamentó la sociedad europea occidental, en la que se jerarquizaron los derechos con el sometimiento y obediencia de los débiles a la autoridad de los poderosos.

Aun cuando en la Declaración de la Independencia de EEUU establece que “todos los hombres han nacido iguales”, es con la Revolución Francesa que se da un gran salto, y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se registran derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad; y derechos económicos, sociales y culturales, como el del trabajo, de la educación, de un nivel de vida adecuado. La Declaración no tiene valor jurídico obligatorio, por eso, se decidió la elaboración de pactos de carácter vinculante que, una vez ratificados por los Estados, quedaron incorporados al ordenamiento legal de los firmantes.

El viacrucis de los derechos humanos sigue. Leí el Informe Anual 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que relaciona en el Capítulo de Venezuela “el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años, en especial en 2017”. Para estar a tono con la semana pasada sintetizamos en catorce estaciones las denuncias de ese Informe.

1-Inexistencia del principio de separación de poderes, agravada en 2017 cuando el TSJ dictó las sentencias N° 155 y 156, que levantaron la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN y concedieron al Poder Ejecutivo competencias del Poder Legislativo.

2-Sumisión del CNE, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

         3-Suspensión del referéndum revocatorio al Presidente, que hubiera permitido una salida pacífica a la crisis.

         4-Suspensión y realización fraudulenta de la elección de los gobernadores.

         5-Inhabilitación de líderes y partidos políticos de la oposición.

         6-Restricciones al derecho a la libertad de expresión.

         7-Represión de la protesta social, especialmente las movilizaciones entre abril y julio de 2017.

         8-Actos de tortura contra personas detenidas.

         9-Participación de miembros de la FAN y uso de armas de fuego contra manifestantes.

         10-Civiles detenidos y procesados o juzgados en la jurisdicción penal militar.

         11-Altos niveles de corrupción, que quedan impunes.

         12-Violencia y criminalidad.

         13- Tasa de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas.

         14-Convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta, que toma medidas que exceden su naturaleza y no se atiene a la Constitución que aún no ha sido sustituida por una nueva.

El Papa espera que el pueblo venezolano pueda “salir cuanto antes” de “la crisis que lo oprime”. Después del viacrucis, habrá resurrección democrática.

Codhez denuncia detenciones arbitrarias, torturas y censura en su informe anual 2017

Por Nota de Prensa

Fecha: 23/03/2018

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La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), presentó el jueves 22 de marzo de 2018 su Informe Anual 2017 titulado “Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia”, donde se registran los hechos y testimonios relativos a las protestas antigubernamentales ocurridas en el periodo abril-julio, además de sucesos que han comprometido la libertad de prensa en el país y la vulneración de los derechos alimentarios, de salud e integridad personal de la población zuliana.

La abogada Daniela Guerra, coordinadora de Codhez, informó que 14 personas murieron en el Zulia durante las protestas de 2017, seis de los fallecidos eran activistas opositores al gobierno (Mike Medida, Adrián Duque, Luis Enrique Vera, Heiber Ocando, Luiyin Paz y Miguel Urdaneta). Cinco eran transeúntes que murieron sin ser parte de las protestas (Alexander Sanoja, José Bousamayor, Jean Luis Camarillo, Víctor Márquez y Miguel Villalobos). Entre tanto, Yulimet Vásquez murió electrocutada al intentar participar en un saqueo, Luis Alberto Montiel fue asesinado en el contexto de un saqueo, y Paul Moreno, uno de los casos más conocidos en el estado, murió arrollado mientras prestaba servicios médicos durante una protesta.

El informe registra las principales causas de las muertes vinculadas a las protestas de 2017, siendo que 6 personas murieron por el impacto de armas de fuego, 3 personas fallecieron por el arrollamiento en manifestaciones, 2 personas murieron accidentalmente durante saqueos en la ciudad de Maracaibo, 2 personas murieron carbonizadas presuntamente por el incendio causado por una bomba Molotov y una persona murió tras volcar su carro al intentar esquivar una barricada.

“Según nuestros reportes se detuvieron 635 personas en el marco de las protestas (…) 160 fueron presentadas en tribunales militares, a pesar de que el artículo 49 de la Constitución Nacional establece la garantía del juez natural”, aseveró Guerra.

La Coordinadora General de Codhez expresó que el Zulia fue el estado que más registró detenciones durante las protestas. “Los detenidos vivieron condiciones terribles de reclusión, tratos inhumanos y degradantes, golpes, abuso sexual, baños de gasolina y horas bajo el sol (…) Además, hemos denunciado que el Zulia carece de centros penitenciarios y no hay capacidad para mantener a los detenidos”.

Para referirse a la Asamblea Nacional Constituyente, Guerra denunció que esta había contribuido al “desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela”.

“El Consejo Nacional Electoral anunció el 15 de octubre que Juan Pablo Guanipa fue electo como gobernador del Estado Zulia, días después la Asamblea Nacional Constituyente dijo que todos los gobernadores electos debían proclamarse ante ella, algo no previsto en la Constitución”, manifestó Guerra.

A su vez se refirió a los casos de restricción de la libertad de prensa, tales como el cierre del Diario La Verdad durante 42 días por falta de papel, la detención de 2 periodistas zulianos junto a los comunicadores brasileños de Record TV, y el allanamiento y los atentados al periódico Versión Final.

“El capítulo más duro de este informe es, sin duda, el de la emergencia humanitaria, a la población zuliana se le hace cada vez más difícil acceder a los alimentos debido a los altos costos de la comida”, dijo Guerra al finalizar la rueda de prensa.

El Informe Anual de 2017 de Codhez también ofrece recomendaciones al Estado venezolano para que garantice el ejercicio óptimo de los derechos humanos en el Zulia.

Comunicado | IFEX-ALC repudia deterioro de la libertad de expresión en Venezuela

Inicio / De Interés / Comunicado | IFEX-ALC repudia deterioro de la libertad de expresión en Venezuela

7 marzo, 2018 De Interés, Internacionales, Noticias

Manifestantes Venezolanos marchan con la consigna “Sin la libertad de expresión, no hay patria.’Las organizaciones que integramos la red IFEX-ALC y defendemos la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, queremos expresar nuestra preocupación por las condiciones en la que están trabajando los periodistas independientes en Venezuela, y el recrudecimiento de amenazas, agresiones y hostigamiento contra los medios de comunicación y periodistas.

El deterioro del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo libre y profesional se ha manifestado en las últimas semanas con el acoso judicial que han sufrido los editores del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz.

Los periodistas venezolanos se vieron obligados a abandonar su país para salvaguardar su libertad y su derecho al libre tránsito, a raíz de las amenazas y acciones penales ejercidas en su contra por los delitos de difamación continuada e injuria agravada. Las denuncias fueron consecuencia directa de las revelaciones que publicaron los periodistas en dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal que distribuye alimentos a precios subsidiados en sectores de la población.

Queremos alertar que estas acciones penales son regresivas a la libertad de expresión y ponen en riesgo el ejercicio del periodismo como un oficio natural para escrutar el poder. El acoso judicial en Venezuela ha afectado a 31 periodistas y directivos de medios, y tiene como finalidad silenciar denuncias que son de interés público.

Estas medidas judiciales vulneran los estándares internacionales sobre libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos y ratificados en los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También contradicen los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 13 de la Convención Americana, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet (2011) y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las 24 organizaciones pertenecientes a la red IFEX-ALC emplazamos al Estado venezolano a cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Organizaciones que forman parte de la Alianza de IFEX-ALC

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Asociación Nacional de la Prensa
Asociación por los Derechos Civiles
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
Association of Caribbean Media Workers
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
Centro Nacional de Comunicación Social
Comité por la Libre Expresión
Derechos Digitales
Espacio Público
Foro de Periodismo Argentino
Fundación Karisma
Fundación para la Libertad de Prensa
Fundamedios – Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión – IPLEX
Instituto Prensa y Sociedad
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia – OBSERVACOM
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión
Sindicato de Periodistas del Paraguay
Trinidad and Tobago’s Publishers and Broadcasters Association

Izquiel: Los ojos de la CPI están sobre la posible violación de DDHH en Venezuela

Fecha: 16/02/2018

El criminólogo Luis Izquiel resaltó que la fiscal de la Corte Penal Internacional puede hacer una visita “in situ” si así lo decidiera, además de que el Estatuto de Roma señala que el Estado tendría que brindarle todas las facilidades para ello y que ella goza de “inmunidad diplomática” por lo que su entrada al país no podrá ser obstaculizada ni ser arrestada.

Roberto Barraza

Caracas. La Corte Penal Internacional (CPI), máxima instancia mundial para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tiene sus ojos puestos sobre las violaciones que pudieron haber ocurrido en Venezuela en el 2017, advirtió el abogado penalista criminólogo Luis Izquiel.

La aseveración fue hecha en el contexto del foro Corte Penal Internacional y Aplicación del Estatuto de Roma, promovido por la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, la mañana de este viernes 16 de febrero en su sede administrativa.

La actividad se deriva de la decisión de Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, quien anunció que había abierto un examen preliminar el pasado 8 de febrero de 2018 para analizar crímenes presuntamente cometidos en Venezuela, al menos desde abril de 2017.

Izquiel expuso a la audiencia acerca de lo que denominó 10 claves sobre la investigación preliminar sobre la investigación de la Corte Interamericana Penal en el caso Venezuela.

“El sistema de justicia internacional previsto en el Estatuto de Roma comenzó su accionar sobre nuestro país. Está investigando si acá se cometieron crímenes de lesa humanidad como: asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas a la libertad de forma sistemática en materia civil con conocimiento de ello, es decir, intencionalmente”, resaltó Izquiel.

Explicó que el examen preliminar está verificando si en Venezuela existe un sistema de justicia capaz de juzgar a los culpables de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.

La fiscal de la Corte Internacional, dijo, está observando si el Fiscal General de la República actúa de manera independiente, imparcial, si fue nombrado de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución.

Agregó que también verificará si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus magistrados son independientes o imparciales.

Subrayó el criminólogo que en materia de derecho internacional existe lo denominado como el principio de supletoriedad. “Es decir, la Corte Internacional solo actúa en caso de que la justicia interna no lo haga o cuando esa justicia interna está secuestrada”.

Explicó que el examen preliminar es una averiguación previa a la apertura de una investigación formal, “la fiscal está verificando si se cometieron crímenes de lesa humanidad, si hay evidencia de ello de forma genérica y si el sistema de justicia nacional está capacitado para juzgar esos crímenes”.

Lo verifica, declarando testigos y recibiendo información de organismos del Estado; no solo del Ejecutivo, como la información que suministra la CP de Política Interior de la Asamblea Nacional, de las ONG.

Dejó en claro que la fiscal puede hacer una visita “in situ” si así lo decidiera, además de que el Estatuto de Roma señala que el Estado tendría que brindarle todas las facilidades para ello.

“La fiscal goza de “inmunidad diplomática”, su entrada al país no podrá ser obstaculizada,  ni ser arrestada.

Sería altamente positivo que la fiscal Fatou Bensouda venga a Venezuela a verificar y a escuchar los testimonios de las víctimas de la represión que ha ejercido el gobierno y que escuche los testimonios de las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sugirió que la investigación se debería ampliar a los hechos del 2014, y la masacre de El Junquito, entre otros del mismo tenor.

Aclaró que no hay términos mínimos o máximos de duración del examen preliminar, “puede durar meses así como puede durar años. Son procesos lentos.

Al finalizar hay dos decisiones a tomar; una, si encontró suficientes elementos de que acá se cometieron crímenes de lesa humanidad y de que la justicia no es independiente, entonces abrirá una investigación formal. Si no encuentra evidencias o considera que el sistema de justicia es apto para juzgar esos crímenes de lesa humanidad, se cerraría el caso.

A lo anterior sumó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y  que el ejecutante no podrá alegar órdenes superiores ya que es excusa ante la corte y que las penas son de hasta 30 años de reclusión hasta con cadena perpetua.

Ante la convocatoria del Gobierno Nacional a un nuevo proceso electoral para el venidero mes de abril dijo que toda represión excesiva y toda violación de derechos humanos que ocurra durante este periodo será observado por la fiscal de la CPI.

“Es un aviso muy importante para los represores o piensen hacerlo en el futuro, de que sus acciones no quedarán impunes”, finalizó. 

Lapidario informe de violaciones a los DDHH del régimen de Maduro

13 de febrero de 2018

La CIDH presentó un lapidario informe

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La CIDH presentó un lapidario informe sobre las violaciones a los DDHH del régimen de Maduro: “La situación es alarmante, gravísima y catastrófica”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un trabajo de 267 páginas en las que se describe el accionar del gobierno chavista: cada vez más presos políticos, tortura, censura, desabastecimiento y falta de medicinas. “Los países de la OEA deben reaccionar”, afirmaron los relatores

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció hoy en un extenso informe el “alarmante debilitamiento” de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha “intensificado” en los últimos dos años.

En este análisis, divulgado en Washington y centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que “las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Legislativo” son uno de los factores clave de la crisis venezolana.

Gobierno de Maduro represión
Además, señala los “altos niveles de corrupción”, la “existencia de un patrón de represalias” a quienes se manifiestan contra el Gobierno, “severas restricciones a la libertad de expresión”, “el aumento de la violencia y la criminalidad” y el “desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos”.

“La Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017”, concluye el reporte.

CIDH Derechos HumanosPor tanto, la CIDH ha tenido que elaborar este informe con la información que ha recibido en los últimos dos años y con la que solicitó expresamente a organizaciones de la sociedad civil y al Estado para este cometido.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidió hacer este estudio ante el “profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela”.

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“La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene el organismo.

“Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes”, agrega.

La CIDH hace también un llamado al resto de Estados miembros de la OEA para que, “como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región”, cooperen en “persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita al país a la mayor brevedad”.

Aunque Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013, la Comisión puede seguir atendiendo las violaciones de derechos humanos en el país (sin enviarlos a la CorteIDH) hasta que se haga efectiva su denuncia de la Carta de la OEA, es decir, su salida de la organización regional el 28 de abril de 2019.
Una Nota Informativa desde nuestra Mesa de Redacción
Fuente: Agencias

Venezuela, bajo un régimen corrupto, incompetente, autocrático y despiadado: HRW

El Mundo

18 Ene 2018 – 2:27 PM

Redacción El Mundo

La violencia contra críticos y opositores y la independencia casi nula de la justicia, entre lo que más preocupa a la organización en su informe anual.

AFP

En su informe anual, Human Rights Watch (HRW), a través de su director ejecutivo, Kenneth Roth, muestra su malestar ante “el incremento del populismo autoritario” en el mundo que ha dado como resultado “atrocidades en masa, con una impunidad casi absoluta”.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se su suma a la lista de países con un régimen “despiadado y autocrático” que con su “corrupta e incompetente” gestión de la economía arruinó a Venezuela, “pese a sus vastas reservas petroleras”, afirma el informe.

Represión violenta contra opositores y críticos

La violenta represión de opositores y críticos en el país suramericano también preocupa a HRW. La organización registro, gracias al Foro Penal, “340 presos políticos en cárceles y sedes del servicio de inteligencia venezolano”. (Lea también: Unión Europea prepara sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano)

Además, la falta de independencia en los Tribunales de Justicia ha incrementado las arbitrariedades y viola el debido proceso a un juicio justo de los opositores. Pues no se presentan las pruebas necesarias y se encarcela y condena injustificadamente en su contra, como ocurrió conLeopoldo López que fue sentenciado a más de 13 años de prisión.

“A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos”, dice la investigación.

En el reporte también se recuerdan las protestas que entre abril y junio de 2017 fueron reprimidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad que “dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra los manifestantes, arrollando con vehículos blindados a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos”.

La ONU aseguró, en agosto de 2017, que de 124 personas que habían muerto en estas manifestaciones, más de la mitad “habían sido provocadas por agentes de seguridad”, recoge la investigación.

Más de 5.400 personas fueron detenidas y sacadas desde sus casas por la presunta participación en las protestas. Y la justicia militar ha violado el derecho internacional en los procesos condenatorios contra más de 750 civiles.

Pero, además, las mismas fuerzas de seguridad “han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales”, sin que ninguna autoridad haya sido juzgada por esto.

Al momento de la destitución de la ex Fiscal General, Luisa Ortega, dicha oficina investigaba más de 2000 casos de personas heridas en las manifestaciones en los que agentes del orden estarían implicados en más de la mitad de estos casos, asegura el reporte.

Sin separación de poderes

El presidente Maduro se empeña en hacer su voluntad, aun pasando por encima del orden constitucional

Es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el mandatario en mayo “por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular”.

Dicha Asamblea Constituyente se ha extralimitado en sus funciones. No se ha conformado con redactar una nueva Carta Magna, sino que sus miembros en agosto pasado “asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General”, nombrando posteriormente a un miembro del partido oficial en dicho cargo.

Además, miembros del Tribunal Supremo, conformado por oficialistas, “han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual”, afirma HRW. Lea también: Venezuela, ¿dictadura con elecciones?

Y ya que la oposición quedó al mando de la Asamblea Nacional, dicho Tribunal se encargó desde enero de 2016 de invalidar “casi todas las leyes que se aprobaran”.

Pero la estocada final se dio en marzo de 2017 cuando el Tribunal Supremo se atribuyó “todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior”, asegura el reporte.

Medios, periodistas y defensores de derechos humanos, perseguidos

HRW también asegura que este atornillamiento al poder por parte del ejecutivo lo ha llevado a ampliar de manera “abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medio críticos”, pues la legislación actual le concede este poder cuando considere “conveniente a los intereses de la Nación”.

Varios periodistas nacionales e internacionales, durante el 2017, fueron detenidos, interrogados y sus equipos confiscados por miembros de la seguridad. Además, se quitaron del aire varios canales de noticias y estaciones de radio.

La llamada “ley contra el odio”, aprobada por la Asamblea Constituyente, le da poder a las autoridades de prohibir cualquier incitación al odio que ellos consideren se estén difundiendo en medios de comunicación y redes sociales, con penas de hasta 20 años. Lea también: En apenas 12 días Venezuela registra más de 100 saqueos o intentos de saqueo

Esto ha hecho incluso que a los defensores de derechos humanos se les señale de pretender “desestabilizar la democracia venezolana” y ha generado un “clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos”, resalta el informe.

Incluso, desde 2010, el Tribunal Supremo prohibió a las ONG’s y defensores de los derechos humanos recibir financiamiento del exterior, pues podrían ser “juzgadas por traición a la patria”.

Esto mismo ha hecho que muchos empleados públicos hayan sido despedidos de sus trabajos por apoyar el referéndum revocatorio de 2016 contra el presidente Maduro.

Creciente crisis humanitaria

El informe también recoge información sobre “la corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias” en los centros de detención.

La investigación también afirma que “los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercenan gravemente su derecho a la salud y la alimentación”.

Los datos del Ministerio de Salud de ese país lo confirman, pues en 2016 “la mortalidad materna aumentó un 65%, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %”. Lea también: Los jubilados que se van de Venezuela

Luego de divulgados estos datos la ministra fue destituida de su cargo, quién también informó sobre “los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años que aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017”, rebasando el umbral establecido por la OMS, recoge el reporte de HRW.

La respuesta de la comunidad internacional

Frente a esto, la organización asegura que “una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en naciones vecinas”.

Otros organismos como la Unión Europea y la OEA presentaron informes y protestaron por esta crisis institucional y humanitaria en ascenso que viola cualquier tratado democrático multilateral.

El Mercosur “suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando elProtocolo de Ushuaia”. Y en agosto del año pasado, 11 cancilleres americanos “firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos” en el país caribeño.

En la misma reunión en Perú, se desconoció el poder de la Asamblea Nacional Constituyente y los países allí reunidos expresaron su preocupación por la renuencia de Maduro de recibir ayuda humanitaria del exterior.

La violación sistemática de los derechos humanos ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de dicha organización.

Los EE.UU. ha impuesto múltiples sanciones desde el 2015. En julio de 2016 el Congreso norteamericano inmovilizó hasta 2019 activos de funcionarios venezolanos y denegó visas a empelados públicos “acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014”.

A pesar de la condena mundial, en Venezuela no ha ocurrido ningún cambio sustancial. Incluso, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán”, finaliza el informe.