Expresidentes condenan y piden reaccionar contra “crímenes de Estado” en caso Óscar Pérez

POLÍTICA, PRINCIPALES

18 ENERO, 2018 Autor: EFECTO COCUYO | @EFECTOCOCUYO

Repudio a ejecuciones extrajudiciales. Más de 20 expresidentes y jefes de Gobierno de España y América Latina condenaron este jueves “las ejecuciones sumarias y extrajudiciales”en Venezuela y pidieron a los organismos internacionales que levanten su voz contra esos “crímenes de Estado”.

Los exgobernantes participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron en una declaración su “pública consternación y la más severa condena a la dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela” por la “masacre” del 15 de enero.

La madrugada y mañana del lunes pasado hubo un procedimiento policial y militar contra el grupo armado comandado por Oscar Pérez, al que el Gobierno venezolano calificaba de “terrorista”. Fueron eliminados el exinspector de la policía científica y seis de sus integrantes, pese a que anunciaron su decisión de rendirse.

La declaración de los expresidentes señala que las “grabaciones que han circulado a través de la prensa internacional acreditada” indican la “clara disposición de entregarse” de Pérez y sus seguidores.

Sin embargo, “funcionarios del régimen y militantes armados a su servicio, antes bien y bajo señaladas instrucciones superiores ordenaron la masacre de aquellos, incluido el uso -visualmente demostrado- de explosivos dirigidos a la vivienda que los cobijaba”, afirma la declaración enviada a Efe por Asdrúbal Aguiar, secretario de IDEA.

Los exgobernantes afirman que estos “crímenes de Estado” son “atentatorios contra los más elementales principios de humanidad” y se dan “dentro de un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial”.

La “dictadura” que impera en Venezuela, según IDEA, ejerce también “violencia contra la población”, como demuestra, dicen los expresidentes, “la hambruna generalizada que es de notorio conocimiento por la comunidad internacional y la resistencia del régimen a dejarse ayudar para solventarla”.

También mencionan “la muerte de 134 personas en el contexto de las protestas y manifestaciones” del pasado año y la “prisión política de opositores en número de 818, aparte de ocurrir 5.511 arrestos por igual motivo durante el período señalado”.

“Cortas e insignificantes son, al efecto, las liberaciones que por cuentagotas ordena la dictadura, para aminorar la presión internacional sobre ella”, subraya la declaración.

Los exmndatarios recuerdan que la ley internacional establece que “son inadmisibles” todas las acciones que “pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables” de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas.

“Hacemos una apelación directa a los organismos internacionales responsables de la garantía de la democracia y los derechos humanos, para que hagan valer su voz y actuación en esta hora que llena de horror y tristeza, como de miedo e impotencia al pueblo venezolano sujeto a secuestro”, concluye la declaración divulgada este 18 de enero.

Los 22 firmantes son Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; José María Aznar y Felipe González, de España, y Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, de Panamá.

También firman Belisario Betancur, Andrés Pastrana, César Gaviria y Álvaro Uribe, de Colombia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Fernando de la Rúa, de Argentina; Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, de Ecuador; y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, de Uruguay; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay.

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Alcaldes opositores condenados por permitir protestas contra Maduro

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El alcalde David Smolansky se despidió el martes de sus ciudadanos del municipio El Hatillo, cerca de Caracas. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia anunció su condena a 15 meses de prisión

Protestas

10 DE AGOSTO DE 2017 07:57 AM | ACTUALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2017 08:46 AM

Smolansky, una de las figuras jóvenes de la oposición en Venezuela,se convirtió en el quinto alcalde en dos semanas en ser destituido, inhabilitado o preso por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los acusa de permitir las protestas antigubernamentales en sus municipios en los últimos cuatro meses.

La resolución de la Sala Constitucional del TSJ fue la misma que la emitida el lunes contra Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, el municipio de mayor renta per cápita del país y epicentro de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Muchacho, otro joven político, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel. Se desconoce su paradero. El Servicio de Inteligencia (Sebin) lo busca.

“Las próximas horas serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán severamente limitadas”, expresó Muchacho en un comunicado desde la clandestinidad.

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel

En la sede del Sebin está ya desde hace pocos días Alfredo Ramos, alcalde de la ciudad de Barquisimeto, en el oeste del país.

Antes también fueron condenados Carlos García, alcalde de Mérida, en el oeste de Venezuela, y Gustavo Marcano, máximo edil de Lecherías, en el este.

Se desconoce el paradero de García. Marcano escapó a Estados Unidos, informó la agencia Reuters. En Washington se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas contra el gobierno de Venezuela.

El gobierno considera que los alcaldes que permiten protestas en las calles están violando el derecho al libre tránsito

¿De qué se los acusa?

Muchacho, Smolansky, Ramos, García y Marcano están acusados de desacato por no cumplir con las órdenes de levantar las barricadas en las calles, después de que el TSJ aceptara los recursos de amparo presentados por personas que se oponen a las protestas en sus municipios.

El gobierno, que califica de violentas la mayor parte de protestas de la oposición, ha condenado que no se respete el derecho al libre tránsito por culpa de los habituales bloqueos de calles, de los que considera responsables a los alcaldes.

El profesor de Derecho José Ignacio Hernández considera irregular que sea la Sala Constitucional del TSJ quien acuse y juzgue a los alcaldes.

El Servicio de Inteligencia (Sebin) en la puerta de la residencia del líder opositor Leopoldo López

La citada sala es la que considera en desacato al Parlamento, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y cuyas decisiones han sido continuamente anuladas por el máximo tribunal del país.

La oposición lo considera una “persecución” contra la disidencia política en el marco del conflicto político que vive el país tras más de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 120 muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales.

Smolansky afirma que desde 2014 son ya 11 los alcaldes que han sido encarcelados, inhabilitados o destituidos.

El joven opositor incluye en su cuenta a Daniel Ceballos, uno de los más prominentes políticos presos de Venezuela, encarcelado en medio de la ola de protestas de 2014.

Y también a Antonio Ledezma, otro destacado político de oposición arrestado en 2015 acusado de participar en un complot para derrocar a Maduro.

Y la lista podría crecer. “Hay una docena de alcaldes con estos procesos en curos y su continuación dependerá de las órdenes políticas que se reciban”, dijo la pasada semana Gerardo Blyde, alcalde de oposición del municipio Baruta, en Caracas.