Presos en El Helicoide exigen atención de la Fiscalía y ANC

Responsabilizaron al Estado por la vida de los 18 detenidos que se encuentran en la sede del Sebin, entre ellos un menor de edad

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Por RAFAEL LEÓN
Los 18 presos políticos que se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de El Helicoide exigen la presencia de la comisión de la verdad, de la asamblea nacional constituyente y del fiscal designado por ese organismo, Tarek William Saab, con el fin de que revisen los casos de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, así como la omisión de boletas de excarcelaciones de 4 reclusos.

Ayer se cumplió el primer día del segundo motín que se ha desarrollado en ese centro de reclusión. Hasta el cierre de la edición, ninguna de las autoridades del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y ANC habían hecho presencia en la cárcel que se encuentra sumergida en graves condiciones de insalubridad, sin agua potable, sin luz, según el diputado Renzo Pietro, que estuvo preso allí desde 2014.

Los presos políticos alzaron sus voces a través de videos difundidos en las redes sociales, en los cuales demandan respeto a sus derechos elementales, así como la visita de abogados y familiares. También pidieron la solidaridad del presidente de Colombia, Ivan Duque, y de la comunidad internacional.

“Señores, no hay negociación; no vamos a hablar con comisarios del Sebin. Directamente con Fiscalía. Si se produce una masacre hacemos responsables a las autoridades del Estado que son las que han hecho caso omiso a todas las situaciones y a las aberraciones que están ocurriendo aquí”, expresó en un audiovisual, Fred Mavares, comisario de la Policía de Chacao, a quien el tribunal le otorgó la libertad hace dos años y el Sebin no acata la orden.

Prieto señaló que desde la primera protesta que ocurrió el 16 de mayo, mantienen incomunicados a los presos políticos. No les permiten la visita de familiares ni abogados. La diputada Adriana Pichardo, miembro del Comité de Liberación de los Presos Políticos de Voluntad Popular, indicó que entre los 18 presos hay un menor de edad y uno con medida de arresto domiciliario que el Sebin ha ignorado.


Cerco y angustia. Los oficiales del Sebin negaron la visita a familiares y abogados de los detenidos. “Por órdenes superiores” prohibieron el acceso de monseñor Roberto Lückert, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que acudió para constatar el estado físico y de salud de los prisioneros por razones políticas.

“¿Es un país democrático donde los jueces dijeron que estos señores (los presos políticos) estaban libres y continúen encarcelados?, esto no es democracia”, dijo el primer arzobispo de la Arquidiócesis de Coro. Calificó de “cínica y cara dura” a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, porque asegura que los presos del país son bien alimentados y se les respetan sus derechos humanos.

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Maduro pidió a la Fiscalía investigar a los obispos López Castillo y Basabe

16 enero, 2018 | by redaccion Mundo24 | 0

Maduro pidió a la Fiscalía investigar a los obispos López Castillo y Basabe

El presidente Nicolás Maduro por segundo año rindió su memoria y cuenta a espaldas de la Asamblea Nacional. En esta ocasión se presentó ante la asamblea nacional constituyente.

En su discurso se refirió a los incidentes acaecidos el domingo pasado en la procesión de la Divina Pastora, cuando la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, y los militares que estaban en una tarima fueron desalojados por la feligresía.

Llamó a la Fiscalía, a la Contraloría y al TSJ a revisar las homilías del arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, y del obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, que celebraron misas durante la procesión de la Divina Pastora en la capital del estado Lara, para verificar si cayeron en delitos de odio.

Tanto López Castillo como Basabe clamaron porque se acabaran el hambre y la corrupción.

También aseguró que con estas declaraciones, los máximos representantes de la Iglesia quieren “generar enfrentamientos entre los venezolanos, violencia, muerte, exclusión, persecución, como sucedió durante la guarimba”.

Concluyó: “Ahora viene un diablo con sotana a llamar a enfrentamientos violentos, a llamar a la guerra civil (…) y le agradezco a la gente del estado Lara que fue la que me alertó de esta cochinada, porque yo la verdad no escucho a esa gente, nosotros no escuchamos a esos bandidos”.

A los maestros. Con motivo del Día del Maestro anunció la autorización de 168.425 millones de bolívares destinados a medicinas para los educadores por la vía del Ipasme, y aprobó la asignación de 100.000 combos de “Mi casa bien equipada” a través del carnet de la patria.

Maduro además llamó “bandido” a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Aseguró que en Colombia hay una “crisis humanitaria espantosa”. “Allá, el 70% es empleo informal, el desempleo abierto supera 25%, la pobreza ha aumentado 55%, la miseria supera 35%”, señaló. “Colombia es un Estado forajido. Casi 10 millones de colombianos viven en el exterior por causa de la pobreza, la miseria y la guerra”, indicó.

Se comprometió a vencer la guerra económica y dijo que los comerciantes fijan precios inflados por una razón política: 2018 es un año electoral. Anunció que hoy habrá una reunión con los industriales para “leerles la cartilla y la Ley de precios justos”.

Como parte de sus planes indicó que invitará a los venezolanos en el exterior que envían remesas al país a abrir una cuenta bancaria en las instituciones públicas y a participar en las subastas del nuevo esquema del Dicom.

Pidió al fiscal designado por la ANC, Tareck William Saab, ir a fondo contra la corrupción en Pdvsa.

Diálogo. Maduro agradeció al diputado Julio Borges por los “esfuerzos” que ha hecho en las mesas de negociación que se realizan en República Dominicana, no obstante acusó nuevamente a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de ser unas “organizaciones terroristas”.

El Nacional

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Ramírez: Todo el país sabe que la Fiscalía no mueve un dedo sin instrucción

El ex embajador de Venezuela ante la ONU rechazó las investigaciones que se le realizan por el caso de Andorra

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Rafael Ramírez

Tras ser ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez ejerció de embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.

Por EL NACIONAL WEB
Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó este lunes la investigación que se le realiza por estar presuntamente involucrado en el caso de corrupción de Andorra.

“Todo el país sabe que la Fiscalía no mueve un dedo sin instrucciones. Esta ‘investigación’ es una retaliación por mis posturas críticas en mis artículos, por lo que estoy diciendo, lo que todos pensamos, pero nadie lo quiere decir, porque saben que les caería encima la persecución”, dijo Ramírez.

En un artículo de opinión publicado en Panoramael ex representante de Venezuela rechazó las decisiones económicas que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro. “He asumido una posición disciplinada hasta el extremo de ya no poder más con la certeza de que vamos por el camino equivocado”.

Ramírez explicó que los espacios políticos son manejados por grupos de poder y puntualizó su inconformidad con el regreso de algunos dirigentes al partido de gobierno.

También se refirió sobre los hechos de corrupción en los que presuntamente se encuentra involucrado y cuestionó que no se abran investigaciones a otros casos irregulares que involucran la asignación de divisas.

“¿Queremos hablar de corrupción?, entonces hagámoslo francamente y de una manera revolucionaria, ¿qué pasó en Cadivi, en Cencoex, en los distintos fondos del Estado, en las Empresas públicas, en el sector privado, en la banca? ¿Quiénes especulan con el mercado negro? ¿Cuáles son los grupos de poder que presionaron por mi salida de la vicepresidencia económica, cuando queríamos ponerle el cascabel al gato del mercado paralelo de divisas?”, expresó Ramírez.

El pasado martes Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, anunció este martes que el Ministerio Público abrió una investigación sobre el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ex embajador en la ONU, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación en el caso Andorra.

Lea el artículo completo aquí 

Fiscalía incauta bienes a contratista por “desfalco” a Pdvsa – Panorama.com.ve

23.09.17, 7:27 am / Editor /

Las autoridades venezolanas detuvieron a un contratista y le confiscaron cientos de bienes por supuestamente estar involucrado en un millonario desfalco a la petrolera estatal, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.

“Un duro golpe le hemos dado a las mafias petroleras con una investigación y auditoría interna de PDVSA (Petróleos de Venezuela) y una pesquisa del Ministerio Público. Están auditadas 17 empresas, comprometidas con este desfalco”, afirmó Saab en rueda de prensa.

Entre los bienes incautados al venezolano Carlos Urbano figuran 653 vehículos, firmas constructoras, maquinaria, un diario, compañías de transporte, agropecuarias, centros médicos, fincas y “mansiones”, que serán administrados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada.

El fiscal precisó que Urbano es uno de los propietarios y gerente general de la constructora Cuferca.

La Fiscalía dictó además orden de captura contra los otros dos dueños de la empresa, Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano, quienes “se encuentran prófugos en Estados Unidos”.

Saab reiteró que esta corporación y otras 16, con contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, están involucradas en “uno de los desfalcos más escandalosos de los últimos 30 ó 50 años”.

“Con 10 contratos hemos detectado más de 230% de sobreprecio, para un daño patrimonial por 200 millones de dólares. Se otorgaron a dedo aproximadamente 41.000 contratos cuyo monto oscila en más de 35.000 millones de dólares”, recordó.

Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo, y 90% de esa riqueza se concentra en la Faja del Orinoco, un territorio de unos 55.000 km2.

“Tenemos que ir hasta el final para que, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los responsables, venga la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación”, indicó Saab.

Urbano enfrenta cargos por peculado doloso, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con funcionario contratista, que prevén penas de cuatro a 12 años de prisión.

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Denuncian a Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SEP 6, 2017

La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (Pdvm) ha denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y 20 altos funcionarios civiles y militares de su gobierno, por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en el país entre el 1º de abril y el 15 de agosto pasado, presuntamente cometidos por los cuerpos de seguridad y grupos de irregulares, como parte de una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo venezolano.

La denuncia se fundamenta en el Informe recientemente presentado por el Príncipe Zeid Raad al Husein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en cuyas conclusiones se establece que los delitos cometidos en Venezuela respondieron a una política de estado “de ataques generalizados y sistemáticos de las fuerzas públicas y organizaciones irregulares contra una parte de la población”, que es justamente el fundamento legal de los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El informe, basado en la investigación adelantada por el Alto Comisionado de la ONU, concluye que esos ataques no fueron producto de hechos aislados de algunos funcionarios e irregulares que hicieron uso excesivo de la fuerza, en algunos casos con armas letales, si no que respondieron a una estrategia del alto gobierno para infundir temor en los manifestantes y disidentes.

Murieron 135 personas, dos mil resultaron heridas o sometidas a tratos inhumanos causándoles lesiones graves o gravísimas, más de 5.000 fueron detenidos o privados de su libertad de manera ilegal, en su gran mayoría sometidos a torturas, persecuciones, violaciones, e incluso desapariciones forzosas. Muchos han sido procesados en tribunales militares y se mantienen más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas.

Los venezolanos acuden a la jurisdicción complementaria de La Haya, en esta oportunidad, con el aval del informe emitido por un órgano de las Naciones Unidas, organización a la que también pertenece la Corte Penal Internacional.

Lilian Tintori iría a la cárcel por decisión de la “nueva fiscalía”

LilianTintori_200millones(02/09/2017) Esto es lo que se desprende de los nuevos hechos que aceleradamente ha ejecutado la nueva fiscalía dirigida por Tarek Saab,  a raíz de la incautación el pasado martes de 200 millones de bolívares en efectivo en un vehículo propiedad de Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

El martes pasado, el ex defensor del pueblo Tarek Saab, ahora en su rol de carcelero como Fiscal designado por la fraudulenta ANC, declaró  que “esto un presunto delito que se implica por vinculación con las propias legislaciones penales vigentes”.

Por su parte Lilian Tintori, quien se encuentra en Venezuela y en su tercer mes de embarazo,  aseguró que el vehículo es de su propiedad y que el dinero es de su familia. “Este dinero es para pagar los gastos de mi abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro”, escribió en Twitter.

La esposa de López acompañó el mensaje con una fotografía de su abuela en la cama de una clínica y negó que tener ese dinero en un vehículo sea algo ilegal.

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Lilian Tintori

@liliantintori

Este dinero es para pagar los gastos de mi abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro.

22:31 – 29 ago. 2017

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Pero los hechos siguen avanzando pues un juzgado de Caracas citó para el próximo martes a Lilian Tintori a una audiencia de imputación. Esta citación le llegó cuando estaba comenzaba a declarar en el CICPC: “Me presenté frente al CICPC (policía científica) para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí, a punto de empezar a declarar, llegó esto: me imputan en un tribunal”, informóTintori en un video que colgó en la red social Twitter, donde mostró la citación.

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Lilian Tintori

@liliantintori

#URGENTE Sigue la persecución de la dictadura contra nuestra familia. Nada detendrá nuestra lucha por la libertad, la paz y la democracia.

16:42 – 1 sept. 2017

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En el audiovisual, que está acompañado de un mensaje en el que señala que «sigue la persecución de la dictadura contra nuestra familia. Nada detendrá nuestra lucha por la libertad, la paz y la democracia», Tintori reitera que el dinero encontrado por las autoridades en su camioneta es para urgencias familiares.

Por su parte, el CICPC en acta emitida el pasado 29 de agosto  calificó el hecho como delito bajo la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Así lo recoge el expediente K-17-0042-00540.

Por el mismo hecho, dos vicepresidentes del BOD fueron presentados, en calidad de imputados, ante el Tribunal 2° de Control del Área Metropolitana de Caracas que les dictó medidas cautelares y prohibición de salida del país.

La primera decisión de la Constituyente: remover a Luisa Ortega de la Fiscalía // #MonitorProDaVinci

Actualidad

Por #MonitorProDaVinci | 5 de agosto, 2017

afp

Fotografía de Juan Barreto para AFP

El sábado 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana removió del Ministerio Público a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y designó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como fiscal provisorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender a Ortega del cargo e inhabilitarla de la función pública para proseguir con un juicio en su contra, según una decisión de la máxima corte leída en la primera sesión de la Constituyente.

Los 545 constituyentistas aprobaron por unanimidad las medidas presentadas por Diosdado Cabello, quien propuso remover a Ortega de la Fiscalía y designar temporalmente al Defensor para reemplazarla así como declarar al Ministerio Público en emergencia para iniciar su reestructuración:

“Vemos con mucha preocupación que, ante la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de suspender de su cargo a la señora Luisa Marvelia Ortega Díaz, se crea un gran vacío en la institucionalidad venezolana. Un gran vacío porque ya no hay quien dirija el Ministerio Público. […] Lo que nos compete es lo estrictamente legal. […] No es un linchamiento personal ni un linchamiento político sino cumplir con la Constitución y la ley. […] Yo propongo, ante el vacío que allí existe en este momento, para proteger a los trabajadores y trabajadoras de esa institución, propongo que sea removida de manera inmediata de su cargo, la señora Luisa Ortega Díaz. No suspendida, que sea removida de su cargo”.

Tras ser aprobada la propuesta, Cabello prosiguió:

“Es necesario nombrar en ese cargo, de manera urgente, perentoria, para que asuma la conducción de ese organismo, pero además, del nombramiento de esa persona allí, propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público, para que se proceda a su reestructuración […] y propongo de manera formal […] al doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Moral. Y propongo ante esta plenaria que sea designado el doctor Tarek William Saab, provisionalmente, como Fiscal General de la nación”.

La Fiscal publicó un comunicado en respuesta a la medida aprobada por la ANC, en el que advierte:

“Ratifico que en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional. Ese es el único nombre del proceso que vivimos en estas horas y que debe alarmar a la comunidad internacional […] No se trata de Luisa Ortega Díaz ni del Ministerio Público, nosotros apenas somos una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar. Si esto se lo están haciendo a la Fiscal General en qué estado de indefensión viven todos los venezolanos”

En la mañana del sábado, Ortega rechazó por Twitter el “asedio” al Ministerio Público. En su cuenta mostró fotos de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a las puertas de la sede principal de la Fiscalía en el centro de Caracas.

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Luisa Ortega Díaz @lortegadiaz

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag

7:15 – 5 ago. 2017

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En la sesión de la ANC se leyó un comunicado del presidente del TSJ, Maikel Moreno, que informa la decisión del 4 de agosto de suspender a Ortega como Fiscal, reitera la prohibición de salida del país en su contra y el congelamiento de sus bienes.

El choque entre la Fiscal General y el gobierno de Nicolás Maduro se inició a finales de marzo, cuando Ortega denunció la ruptura del orden constitucional después de que el TSJ publicó dos sentencias que desconocían las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se las transfería al presidente Maduro. Ortega también denunció la inconstitucionalidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y ha criticado el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares tras manifestar en las calles contra el gobierno.

El martes 4 de julio de 2017, el TSJ inició un antejuicio de mérito contra de Ortega. Ese día, la Fiscal General aseguró que no permitiría que la apartaran del cargo.

Constituyente por dos años

Impulsados también por Cabello, los miembros de la Constituyente fijaron en un máximo de dos años el período de funcionamiento de la ANC: 

“Quiero hacer una propuesta, porque se va a nombrar una comisión para revisarlo, pero hay algo que genera algún nivel de expectativa y que nos permite trabajar pensando en hasta dónde vamos a trabajar, porque este estatuto dice seis meses de funcionamiento. Yo no estoy seguro de que en seis meses nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. A lo mejor lo hacemos en un mes, pero yo voy a hacer una propuesta, si me lo permiten, para que se incluido de una vez y si es posible sea votado: Que ese tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en vez de seis meses diga ‘hasta dos años’. Hago la propuesta correcta: El tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente hasta dos años”.

Desde el Salón Elíptico del Parlamento, cuya administración le corresponde por ley al Poder Ejecutivo, Cabello exigió que todo el Palacio Federal Legislativo, dominado hoy por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática que integran el bloque mayoritario en el Legislativo, sea controlado por la Constituyente:

“Dejando muy claro que la Asamblea Nacional Constituyente debe funcionar desde el Palacio Federal Legislativo. Eso no incluye nada más el Salón Elíptico, no incluye nada más el Salón Elíptico. Incluye todas las áreas administrativas. Todo. El Hemiciclo, todo. Todas las áreas del Palacio. Será la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la directiva, en voz de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. No son los poderes constituidos los que nos van a decir a nosotros lo que vamos a hacer. El que quiera hacer algo aquí tiene que pedirle permiso a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente”.

La ANC también decidió que Delcy Rodríguez presida la comisión de la verdad propuesta por Maduro para investigar la violencia política, que incluye los delitos cometidos durante más de cuatro meses de manifestaciones contra su gobierno. La Fiscalía contabiliza 121 muertos en las protestas y casi 2000 lesionados. 

El viernes 4 de agosto en la noche, durante el acto para conmemorar el 80 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, Maduro dijo que la Fiscalía ha promovido la impunidad en las revueltas:

“La complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada. La protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más. […] Si aquí hubiese habido una Fiscalía que actuara apegada a la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que todos esos guarimberos y criminales estuvieran capturados y encarcelados. Y hubiera habido paz hace tiempo. Llegó la Constituyente y tiene que llegar la justicia. Justa para que haya reparación de las víctimas, para que haya la reconciliación nacional”.

Venezuela fuera del Mercosur

Los países miembros del Mercado Común del Sur acordaron por unanimidad este sábado suspender a Venezuela del organismo internacional en aplicación del Protocolo de Ushuaia por considerar que “toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración”. El comunicado, que se publicó tras la reunión del ente regional en Sao Paulo, puntualiza que la medida cesará cuando se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en el país.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), desconoció la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz  y la designación de Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, como titular provisional del Ministerio Público.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó en su cuenta de Twitter que la medida aprobada por la ANC contra Ortega Díaz “es el primer acto dictatorial de una Constituyente ilegítima”.

Canadá también condenó la destitución de la Fiscal General y advirtió que “la primera acción de la Asamblea Constituyente ha sido desmantelar aún más la separación de poderes y la democracia de Venezuela”.

Al menos 42 países desconocen o rechazan la Constituyente de Maduro y 8 la apoyan. El miércoles 2 de agosto de 2017, la compañía de tecnología electoral Smartmatic, proveedora del Consejo Nacional Electoral venezolano, indicó que hubo “manipulación” en los resultados de Constituyente, por la que votaron 8.089.320 de venezolanos, según el Poder Electoral. Sin embargo, Smartmatic indicó que habría una diferencia con sus registros de aproximadamente un millón de sufragios.