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¡YA BASTA! ONU exige a las autoridades venezolanas investigar motín en prisión que dejó más de 70 muertos

Dolar Today / Mar 29, 2018 @ 8:00 pm

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¡YA BASTA! ONU exige a las autoridades venezolanas investigar motín en prisión que dejó más de 70 muertos

La agencia de derechos humanos de las Naciones Unidas instó el jueves a las autoridades venezolanasa llevar a cabo una investigación rápida sobre un incendio en una prisión y a proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas.

Sesenta y ocho personas murieron el miércoles en los disturbios y un incendio en las celdas de una estación de policía venezolana en la ciudad de Valencia.

Las cárceles venezolanas están notoriamente sobrepobladas y llenas de armas y drogas.

“Instamos a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, si es el caso,identificar y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también expresó su preocupación por las condiciones carcelarias.

Información de Reuters.

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Investigarán denuncias por CLAP mexicanos y campañas electorales

Nacionales

30 de enero, 2018 – 5:27 am

Con información de LV

El informe político del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre las estrategias políticas en Latinoamérica para apoyar la izquierda y afincar lazos levanta las “alarmas” de posibles hechos de “corrupción” y financiamiento de campañas electorales con la compra de alimentos a México para el programa de los CLAP.

Rafael Ramírez, diputado del Parlatino, denunció que existe una relación manifiesta del Gobierno de Nicolás Maduro con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de México y la clara intención de financiar campañas electorales de partidos de izquierda.

En el documento presentado se resalta las recomendaciones que hace Roy Chaderton, excanciller de la República y miembro de la mesa de diálogo de oposición y Gobierno venezolano, para “alcanzar alianzas” con el nuevo gobierno de México que encabezaría Andrés Manuel López Obredor, candidato por Morena.  Y señala “como un factor clave para la revolución en el país azteca”.

Ramírez sospecha de hechos aún más alarmantes que investigarán en la Asamblea Nacional y elevarán al congreso y senado mexicano, Parlatino y Mercosur. “Tenemos que investigar cualquier tipo de erogación que haga el Gobierno, donde haya dinero de los venezolanos a otros países, que pudiera darse el caso que estén utilizando empresas de allá (México) para financiar a la izquierda o afines al partido Morena”.

No descarta indagar en la compra de productos mexicanos para los planes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La adquisición internacional ya tiene sombras por supuestos casos de “sobrefacturación” en los precios de los alimentos.

La investigación se adentra en revisar precios de compras y los pagos efectuados por el Gobierno de Maduro, porque “estamos hablando de sobreprecios y si ese dinero se está utilizando para hacer campañas electorales o tener una política de injerencia en política electoral de ese país”.

Instalada comisión especial para investigar masacre de El Junquito

Fecha: 17/01/2018

El propósito es esclarecer los hechos debido a que las pruebas que se recopilaron para formar parte del “legado probatorio”, dejan al descubierto inconsistencias entre lo declarado por el titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz y los hechos registrados en videos y audios

Roberto Barraza /Prensa AN

Caracas.- La presidenta de la Comisión de Permanente de Política Interior, diputada Delsa Solórzano (Unidad Miranda), informó la mañana de este miércoles 17 de enero que quedó   instalada la Comisión Especial para llevar a cabo la investigación del caso de masacre de El Junquito.

El suceso ocurrió el lunes 15 de los corrientes, en la citada parroquia del Distrito Capital, en una vivienda del sector Araguaney, a la altura del kilómetro 16, en la cual resultaron abatidos por los cuerpos de seguridad del Estado alrededor de 7 ciudadanos presuntamente integrantes de una “célula terrorista”, según declaraciones emitidas por el titular del ministerio de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destituido por la Asamblea Nacional el año pasado.

Tal célula estaría comandada por Oscar Pérez, ex funcionario del CICPC y “prófugo de la justicia”, por dirigir un ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero policial a mediados del año pasado y declararse en rebeldía y llamando a la subversión en contra del gobierno nacional.

La comisión especial para el estudio del caso arriba citado está integrada por los diputados Juan Miguel Matheus (Unidad Carabobo), José Luis Pirela (Unidad Zulia), Adriana Pichardo (Unidad Aragua) y Denenis Fernández (Unidad Cojedes).

Se suman al equipo de trabajo las legisladoras Manuela Bolívar, Olivia Losano (Unidad Bolívar), Milagros Eulate (Unidad Vargas) y los parlamentarios César Alonso (Unidad Vargas), Franklin Duarte (Unidad Táchira), Arnoldo Benítez (Unidad Aragua) y Juan Requesens (Unidad Táchira).

El propósito de la investigación es el de esclarecer los hechos en los que resultaron fallecidos, según el parte gubernamental: Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y una mujer, debido a que las pruebas que se recopilaron para formar parte del “legado probatorio” dejan al descubierto inconsistencias entre lo declarado por el titular del la cartera de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y los hechos registrados a través de las redes sociales como videos y audios durante el suceso, entre otras irregularidades, que quedaron a la luz pública como la presencia de colectivos formando parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que resultaron caídos.

Cabe destacar, que el hecho ha sido remitido por el gobierno a la jurisdicción militar para su procesamiento y hasta el momento de la redacción de esta nota, los cuerpos no habían sido entregados a los familiares.

La instalación también contó con la presencia de los familiares de las víctimas, entre ellos, Sarai Agostini de Guevara, Sheila Josefina Agostini Palomo (Madre de Abraham), Cynthia Alicia Crespo Romero, Jesica Carolina Agostini y Amaris Alejandra Caraballo Agostini, Rolan Harris y María Agostini, quienes tuvieron un derecho de palabra.

La diputada Solórzano formuló una exigencia al gobierno  a que cumplan con lo establecido en la Ley de Regulación y Control de Prestación del Servicio Funerario y de Cementerios “de que entreguen los cuerpos de los asesinados” y que no se cremen porque está prohibido por el citado estamento.

También advirtió, ateniéndose al Código Orgánico Procesal Penal, de que no debieron haberse destruido las viviendas en las que ocurrió el suceso, hacerlo sería incurrir en responsabilidad penal y administrativa por obstrucción a la justicia.

Acciones inmediatas

Se propuso la creación de dos sub comisiones, una que se trasladaría a El Junquito al finalizar la sesión y otra hasta la morgue de Bello Monte, receptora de los cuerpos, acompañando a los familiares para solicitar la entrega inmediata.

Se acordó estructurar y ejecutar un plan de trabajo cuyo fin es la elaboración de un informe pormenorizado del suceso, en un lapso no mayor de 30 días.

El plan de trabajo fue propuesto por el diputado Juan Miguel Matheus, quien según dijo se propone en aras de darle justicia a Venezuela, una verdad, que se encuentren las respuestas institucionales, políticas y sobre todo, ante el poder Judicial sobre las responsabilidades que están implicadas ante la pretensión de Nicolás Maduro de establecer por la vía de los hechos, la pena de muerte y de violentar de la vida republicana, el carácter sagrado de la vida humana, el debido proceso y la presunción de inocencia.

El día jueves 18 de enero se reunirán con los expertos en materia de criminalística, grafotecnia,  armamento militar y forense, los mismos que colaboraron con el esclarecimiento del caso de la masacre de Barlovento.

El día viernes recibirán a familiares de las víctimas y demás testigos presentes en la masacre. Ese mismo día, de acuerdo con el artículo 223 de la Constitución, citar a los funcionarios públicos implicados desde las 8:30 am y durante todo el día, entre ellos, el mayor general Néstor Reverol. Oficiar a los organismos que tienen jurisdicción sobre Venezuela en materia de derechos humanos, basándose en el artículo 261 de la Carta Magna.

Asimismo se estableció dentro del plan el acompañamiento moral y psicológico a los familiares de las víctimas.

Solicitar la lista de los heridos y fallecidos al hospital Pérez Carreño y el protocolo de autopsia a la Morgue de Bello Monte.

En el caso del fallecido que formó parte de los “colectivos paramilitares” y a su vez de la PNB, solicitar al cuerpo policial aclare dicha situación irregular.

Oficiar a la Defensoría del Pueblo para tener conocimiento acerca de cuáles mecanismos en materia de defensa de los derechos humanos ha activado.

Oficiar a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República y al Fiscal Superior Militar para indicarle que no es competente para conocer de conformidad con lo establecido con la Constitución.

El diputado Winston Flores, integrante del Parlasur, informó que llevarán este caso ante instancias internacionales como el Mercosur y la diputada Adriana Pichardo reveló que hay más de 6 detenciones, entre ellas 2 mujeres recluidas en Ramo Verde.

La diputada Solórzano denunció que su colega Manuela Bolívar fue agredida por funcionarios militares en una visita anterior a la morgue de Bello Monte donde fue golpeada, y le arrebataron arbitrariamente la cedula de identidad y su credencial que la acredita como parlamentaria.

Asamblea Nacional habilita investigacion en el Junquito

PUBLICADO EN18 ENERO, 2018 POR REDACCIÓN

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) habilitó una delegación que investigará el enfrentamiento entre el ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, su equipo -Equilibrio Nacional- y las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta comisión se dividirá en dos, para acudir a la morgue de Bello Monte, donde se encuentra los cuerpos de los caídos, y para el kilómetro 16 de El Junquito, donde ocurrió el enfrentamiento. La AN espera recabar elementos de interés criminalístico para levantar un informe.

Con la intención de avanzar en las investigaciones, el Legislativo citará este viernes al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; al de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y a Freddy Bernal.

“Consignamos una comunicación que fue entregada al director de la morgue, en la que se solicita que nos entreguen la información sobre las autopsias y datos médicos de todas las víctimas que fueron asesinadas el lunes”, informó Delsa Solórzano, presidenta de la comisión, en la Morgue de Bello Monte.

Solórzano exigió a las autoridades de la Morgue de Bello Monte no cremar los cuerpos como se había rumorado. Advirtió que tal acción sería ilegal.

“Aquel funcionario público que haya contribuido a cualquier acto como este, incurre en responsabilidad penal administrativa, por obstrucción a la justicia”, señaló.

Esta comisión está integrada por los los diputados Juan Miguel Mattheus, José Luis Pirela, Adriana Pichardo y Denis Fernández.

Manuela Bolívar, Olivia Lozano, César Alonso, Franklin Duarte, Milagros Eulate, Arnoldo Benitez y Juan Requesens también fungirán de colaboradores.

Maduro pidió a la Fiscalía investigar a los obispos López Castillo y Basabe

16 enero, 2018 | by redaccion Mundo24 | 0

Maduro pidió a la Fiscalía investigar a los obispos López Castillo y Basabe

El presidente Nicolás Maduro por segundo año rindió su memoria y cuenta a espaldas de la Asamblea Nacional. En esta ocasión se presentó ante la asamblea nacional constituyente.

En su discurso se refirió a los incidentes acaecidos el domingo pasado en la procesión de la Divina Pastora, cuando la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, y los militares que estaban en una tarima fueron desalojados por la feligresía.

Llamó a la Fiscalía, a la Contraloría y al TSJ a revisar las homilías del arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, y del obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, que celebraron misas durante la procesión de la Divina Pastora en la capital del estado Lara, para verificar si cayeron en delitos de odio.

Tanto López Castillo como Basabe clamaron porque se acabaran el hambre y la corrupción.

También aseguró que con estas declaraciones, los máximos representantes de la Iglesia quieren “generar enfrentamientos entre los venezolanos, violencia, muerte, exclusión, persecución, como sucedió durante la guarimba”.

Concluyó: “Ahora viene un diablo con sotana a llamar a enfrentamientos violentos, a llamar a la guerra civil (…) y le agradezco a la gente del estado Lara que fue la que me alertó de esta cochinada, porque yo la verdad no escucho a esa gente, nosotros no escuchamos a esos bandidos”.

A los maestros. Con motivo del Día del Maestro anunció la autorización de 168.425 millones de bolívares destinados a medicinas para los educadores por la vía del Ipasme, y aprobó la asignación de 100.000 combos de “Mi casa bien equipada” a través del carnet de la patria.

Maduro además llamó “bandido” a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Aseguró que en Colombia hay una “crisis humanitaria espantosa”. “Allá, el 70% es empleo informal, el desempleo abierto supera 25%, la pobreza ha aumentado 55%, la miseria supera 35%”, señaló. “Colombia es un Estado forajido. Casi 10 millones de colombianos viven en el exterior por causa de la pobreza, la miseria y la guerra”, indicó.

Se comprometió a vencer la guerra económica y dijo que los comerciantes fijan precios inflados por una razón política: 2018 es un año electoral. Anunció que hoy habrá una reunión con los industriales para “leerles la cartilla y la Ley de precios justos”.

Como parte de sus planes indicó que invitará a los venezolanos en el exterior que envían remesas al país a abrir una cuenta bancaria en las instituciones públicas y a participar en las subastas del nuevo esquema del Dicom.

Pidió al fiscal designado por la ANC, Tareck William Saab, ir a fondo contra la corrupción en Pdvsa.

Diálogo. Maduro agradeció al diputado Julio Borges por los “esfuerzos” que ha hecho en las mesas de negociación que se realizan en República Dominicana, no obstante acusó nuevamente a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de ser unas “organizaciones terroristas”.

El Nacional

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¡Descaro! TSJ bloqueó al menos tres investigaciones contra Ramírez y Pdvsa en el último año

TSJ bloqueó al menos tres investigaciones contra Ramírez y Pdvsa en el último año | Foto: Composición Notitotal

El cariz que ha tomado la campaña contra la corrupción en la industria petrolera que el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, ha lanzado en las últimas semanas ha sorprendido a propios y extraños.

No solo se ha llevado por el medio a un exministro y a un expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sino también al empresario Diego Salazar, primo del hasta ayer embajador en Naciones Unidas y antes canciller, ministro de Energía y presidente de la industria durante más de una década, Rafael Ramírez.

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Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes si algunos de los casos expuestos por Saab datan hasta de más de un lustro? Para el funcionario la respuesta es sencilla, su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, engavetó esas investigaciones.

“La anterior gestión del Ministerio Público ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra”, soltó este martes durante la rueda de prensa que ofreció para informar sobre el avance de las averiguaciones y donde aseguró que Salazar habría encabezado una “organización criminal” que desde 2006 habría desviado 4,2 millardos de dólares de las arcas públicas.

No obstante, hay elementos que hacen sospechar que más bien quienes querían ocultar lo ocurrido eran otras instancias.

Así por ejemplo el 18 de noviembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 893, anuló la investigación que durante meses llevó adelante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la cual determinó que durante la gestión de Ramírez más de 11 millardos de dólares se habrían perdido en la industria petrolera.

La instancia judicial justificó su decisión en “las lesiones graves o de difícil reparación” que las indagaciones que el Parlamento venía haciendo ocasionarían a Pdvsa y a Ramírez “lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación”.

Gracias a esta decisión, casos como el desfalco que sufrió el fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa, las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la accidentada refinería Amuay; las irregularidades en la compra de taladros a China, el escándalo los alimentos que terminaron pudriéndose en varios puertos y que fueron comprados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval); y por supuesto el supuesto desvío de fondos de la empresa hacia cuentas en la intervenida Banca Privada D’ Andorra que ahora ha salido a relucir no terminaron en el Ministerio Público como manda la Constitución.

Asimismo, en febrero pasado, en su decisión número 88, abrió las puertas al procesamiento del diputado Freddy Guevara, quien encabezaba la Comisión de Contraloría, por “usurpación de funciones”.

Esto, en virtud de la decisión del legislador de viajar a Nueva York (EEUU) a notificar a Ramírez de la investigación en su contra que conducía el legislativo.

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Contra la Fiscalía

El TSJ también dictó algunas decisiones que complicaron la labor investigativa del Ministerio Público, tales como la sentencia número 537, en la cual le arrebató a los fiscales la potestad de imputar a sospechosos de delitos en sus despachos y ordenó que, desde ese momento, este trámite se realice ante un juez de Control.

“Los propietarios de la empresa Conkor y del actor Manuel “Coco” Sosa, a quienes investigábamos por los negocios con sobreprecio que hicieron con las empresas de la Faja, consignaron esta sentencia para impedir que fueran imputados en la primera oportunidad. Esta sentencia se dictó para protegerlos”, afirmó un estrecho colaborador de Luisa Ortega Díaz en conversación telefónica.

El Gobierno y Pdvsa tampoco colaboraron mucho, reveló el confidente.

Bloqueados desde la fuente

“Lo que se logró se hacía allanando las empresas contratistas, pero no a través de Pdvsa, porque allí lo que hacían era bloquearnos cualquier información”, relató, al tiempo que agregó:

“Para hacer los allanamientos teníamos que hacer solicitudes muy genéricas a los tribunales, porque si dábamos algún indicio de que íbamos contra algún funcionario pesado nos rechazaban la solicitud en los tribunales”.

El caso del exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis Villalobos; y del expresidente de la desaparecida Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, parece confirmar lo sostenido por el informante, pues luego de que la Fiscalía consiguió que en abril de 2015 un tribunal les prohibiera salir del país, en noviembre de ese mismo año el mismo juzgado anuló la medida y los exfuncionarios salieron hacia España.

Con información Noticiero Digital

¿Cómo promover la investigación y el desarrollo?; por Ricardo Hausmann

Por Ricardo Hausmann | 24 de noviembre, 2017

Business chalk sketch

CAMBRIDGE – Startups, incubadoras, aceleradoras, capital de “ángeles”, capital de riesgo, fusiones y adquisiciones, ofertas públicas de acciones, un mercado de capital líquido, tecno-parques, una o dos universidades importantes, y un grupo de firmas de abogados especializadas. Una vez que se ha construido este ecosistema, à la Silicon Valley, se puede pasar a ser la próxima Ruta 128 de Massachusetts, el próximo “Research Triangle” (Triángulo de Investigaciones) de Carolina del Norte, o el próximo “Start-Up Israel“.

Pero, si bien el éxito genera imitación, lo opuesto no suele ser el caso. Las estructuras complejas, con muchos elementos interdependientes, no se crean de la nada. Emergen de procesos idiosincráticos en los que cada innovación organizacional altera el ecosistema, haciendo factibles otros cambios. Intentar copiar el ecosistema resultante es como tratar de construir un puente sin andamios: es imposible porque la estructura no puede soportar su propio peso durante su construcción.

Claramente, hay algo muy atractivo en una estrategia de innovación basada en startups. Tiene un dejo democrático, accesible, y muy estilo California. Sin embargo, definitivamente no es la única forma de impulsar la I+D, ni tampoco la más importante, y por cierto no es la forma en que se produjeron las innovaciones principales en Estados Unidos durante el siglo XX. La estrategia alternativa se encuentra en el extremo opuesto de la distribución de tamaños de empresas –en las más grandes–.

Joseph Schumpeter se topó con estos dos enfoques en distintos momentos de su vida. Cuando publicó “La teoría del desarrollo económico” en 1911, a los 28 años de edad, subrayó que la innovación provenía del espíritu de los emprendedores en un proceso de destrucción creativa. Para 1942, cuando un Schumpeter de 59 años de edad publicó el libro Capitalismo, socialismo, y democracia, se daba cuenta de que gran parte de la innovación provenía de grandes empresas que enfrentaban poca competencia.

Un ejemplo paradigmático es la American Telephone and Telegraph Company (AT&T) y sus Laboratorios Bell, una historia que narra de modo meticuloso Jon Gertner en su libro de 2012 La fábrica de ideas. Las investigaciones, los descubrimientos y los productos que surgieron de esta entidad son asombrosos: no solo relés e interruptores para telefonía fija, sino también, el radar, los rayos láser, el transistor, el circuito integrado, el fax, las comunicaciones satelitales, la teoría de la información de Shannon, la teoría de la computación, el control de calidad seis sigma, y hasta la radiación cósmica de fondo. Todo esto sucedió dentro de un gigante empresarial, capaz de costear su laboratorio gracias a su monopolio de la telefonía local y de los equipos utilizados para suministrar sus servicios, fabricados por Western Electric, subsidiaria de AT&T.

El monopolio ejercido por AT&T siempre fue polémico dado el sistema normativo de los Estados Unidos, para el que la competencia es importante. Así, la empresa tuvo que ganarse el derecho a ser monopolista mejorando constantemente sus servicios y empleando su poder de investigación para propósitos nacionales, como la defensa militar. Para renovar su licencia corporativa en 1956, incluso tuvo que acceder a licenciar gratuitamente todas sus patentes registradas, y a licenciar a bajo costo todas las patentes nuevas. Si AT&T tenía que ser un monopolio, lo iba a ser de modo que beneficiara no solo a sus accionistas sino a la sociedad en su conjunto mediante la realización de investigaciones de vanguardia.

Organizar la investigación y el desarrollo dentro de una gran empresa, puede ser mucho menos dificultoso que tratar de generar el complejo ecosistema que exigiría el enfoque basado en startups (que tal vez sea la razón por la cual lo primero antecedió a lo segundo históricamente). Puede que, dentro de una empresa de ese tipo, sea mucho más fácil acceder a financiamiento, recursos gerenciales, incubación, aceleración, supervisión, y a la experiencia acumulada. Y también es posible que una gran empresa tenga más paciencia que los inversores de capital de riesgo –y por lo tanto esté más dispuesta a correr riesgos y a apostar por proyectos de largo plazo, como lo hizo AT&T–.

Esta no es tan solo una historia del siglo XX. Hoy día, la mayor parte del gasto en I+D ocurre dentro de grandes empresas. Categorizadas de acuerdo a sus presupuestos, las compañías de I+D más grandes del mundo son Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Roche, Novartis, Toyota, Johnson & Johnson, Google, y Merck. Ninguna de ellas opera desde el garaje de la casa de sus padres mientras espera un aporte de capital de riesgo.

Desarrollar la capacidad de realizar I+D es de gran importancia para muchos países de ingresos medios, y tanto el Banco Mundial como los bancos regionales de desarrollo cuentan con programas para ayudar a lograrlo. Por lo general, estos programas se inspiran en la cultura de las startups de Silicon Valley. Entre los ejemplos figuran Start-Up Chile y Ruta N en Colombia, que intentan crear ecosistemas complejos a partir de cero.

Con frecuencia se cita a Israel como precedente para estas iniciativas. Pero las startupsisraelíes existen en un ecosistema creado por décadas de inversiones públicas en I+D militar. Por ahora, países como Chile y Colombia han eximido de responsabilidad a sus conglomerados, los que hubiesen podido ser el núcleo de un enfoque más convencional, centrado en grandes empresas. Por ejemplo, en Chile no fue CODELCO, de propiedad estatal, ni Antofagasta Minerals, de propiedad privada, sino la empresa australiana BHP Billiton, la que lanzó la iniciativa de I+D en tecnologías mineras.

A los países de ingresos medios no les faltan conglomerados con importantes recursos financieros y gerenciales, y abundante poder de mercado. Sin embargo, como lo demuestra un estudio reciente realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, dichas empresas han solido brillar por su ausencia en lo que se refiere a innovación e I+D.

A medida que las sociedades consideran sus estrategias de I+D, deben encontrar maneras de persuadir a sus empresas más grandes para que sigan un modelo semejante al de AT&T. Si la ciudadanía va a tolerar e incluso apoyar el poder de estas compañías, ellas deben emplearlo de modo que produzca beneficios enormes para el resto de la sociedad. Sus presupuestos de I+D, su acumulación de patentes, y sus innovaciones, son parte de lo que deberían hacer alarde en público.

Una política pública más exigente puede generar un sector empresarial más dinámico. En el caso de AT&T, fue el riesgo de que los dividieran o que les obligaran a vender parte de su negocio lo que los hizo comportarse adecuadamente. Que yo sepa, una estrategia de “amor severo” con los grandes conglomerados, en lugar de darles mayores incentivos tributarios, solo se ha intentado en Corea del Sur. Pero podría ser un enfoque ganar-ganar para todos, incluso para las startups.

***

Traducción del inglés por Ana María Velasco

Ricardo Hausmann, ex Ministro de Planificación de Venezuela y ex Economista Jefe del Banco Inter-Americano de Desarrollo, es Director del Center for International Development at Harvard University y profesor de economía del Harvard Kennedy School.

Copyright: Project Syndicate, 2017.
www.project-syndicate.org

OEA inicia investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para denuncia ante Corte Penal Internacional

POR: SABRINA MARTÍN @SABRINAMARTINR – SEP 12, 2017, 10:55 AM

oea - crimenes - venezuelaLa OEA instalará en Washington las sesiones a cargo del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien en julio fue nombrado para realizar las averiguaciones pertinentes sobre el tema. (Twitter)

La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará las audiencias para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para denunciarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La OEA instalará en Washington las sesiones a cargo del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien en julio fue nombrado para realizar las averiguaciones pertinentes sobre el tema.

La primera audiencia se celebrará este jueves 14 de septiembre con representantes de la sociedad civil venezolana; la segunda se instalará el viernes con miembros de las Fuerzas Armadas del país suramericano.

Las siguientes sesiones no están aún programadas, pero tendrán lugar en septiembre y octubre, todas en la sede de la OEA en la capital estadounidense.

Se tiene previsto que en las audiencias se aborden casos de privaciones ilegítimas de libertad, torturas, violaciones y homicidios que muestren un plan sistemático de ataque masivo a la población civil.

Asimismo se darán a conocer los nombres de los presuntos responsables de los crímenes, así como la “comprobación de la existencia de investigaciones judiciales genuinas sobre las personas identificadas”.

La información obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación la analizará un panel de expertos antes del 30 de octubre, “que evaluará la información y determinará si tiene suficiente mérito para que el secretario general lo presente a la Corte Penal Internacional”, indicó la OEA.

Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI.

Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, considera que en Venezuela el Gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha denunciado.

En su informe del 17 de julio de 2017 consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que, sostiene, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la CPI.

En la Organización de Naciones Unidas también se denunciaron los “crímenes contra la humanidad”. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a abrir una investigación internacional contra el régimen de Nicolás Maduro tras los “crímenes” que se llevaron a cabo en el marco de las protestas opositoras.

Zeid Ra’ad al Hussein, encargado de la Oficina de DD.HH. de la ONU, aseguró que su investigación sugiere la posibilidad de que en Venezuela se cometieron crímenes contra la humanidad.

Fuentes: Diario Las Américas; El Nacional

Sabrina MartínSabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.

William Saab no investigará a Maduro o Cabello por caso Odebrecht

El Fiscal General designado por la ANC desestimó las acusaciones puesto que no trabajaran en función de especulaciones

Publicado en: Política

08/09/2017 02:55 PM

Por:

Kelvin Bolívar

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El Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, indicó que no será abierta una investigación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro o el constituyentista Diosdado Cabello por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pues a su juicio, las acusaciones realizas por Luisa Ortega Díaz, se basan en especulaciones.

“La propia empresa ha ido desmintiendo todo eso, nosotros no vamos a trabajar en función de especulaciones”, expresó Saab durante entrevista con la agencia AFP.

Lea también: Venezolanos denunciaron a Nicolás Maduro en La Haya

Ortega Díaz, Fiscal General destituida por la ANC, acusó recientemente a los dos políticos venezolanos de estar vinculados a actos de corrupción asegurando tener “evidencias testimoniales y documentales” en contra de ellos. Específicamente sobre Cabello, indicó que recibió un total de 100 millones de dólares por Odebrecht.

No obstante, Saab explicó que todos los casos de corrupción que involucren a funcionarios venezolanos y sean admitidos por la empresa brasileña, serán investigados durante su gestión, tarea que agregó, no fue adelantada por Díaz.